Tres consejeros de la Comisión de Telecomunicaciones discrepan de la ley de radio y televisión
Tres consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitieron el jueves pasado, durante la reunión que examinó el anteproyecto de Ley General de la Radio y la Televisión, un voto particular al informe de ese organismo (preceptivo pero no vinculante) sobre el texto remitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Consideran que el articulado no define suficientemente las actividades de servicio público y las meramente comerciales de los operadores públicos e invade las competencias de las comunidades autónomas recogidas en sus respectivos estatutos. Cuestionan también las funciones encomendadas a la Comisión del Mercado Audiovisual de las Telecomunicaciones (CMAT) en cuanto a la defensa de la pluralidad informativa.
En este último punto sostienen que una comisión como la prevista, "de extracción gubernativa" y donde la elección de sus miembros queda en manos del Ejecutivo, "no dispone de la independencia suficiente como para abordar aspectos con frecuencia tan politizados como los relacionados con la pluralidad".
La disposición adicional tercera del anteproyecto otorga a la CMAT la misión de velar por el mantenimiento del pluralismo y la transparencia en los medios audiovisuales y garantizar que en la programación de radio y televisión se respetan los principios constitucionales y la legislación vigente para la protección de telespectadores y radioyentes.
Modelos europeos
Recuerdan los consejeros que los integrantes de organismos similares de otros países (como el italiano) o españoles (el Consejo Audiovisual de Cataluña) son nombrados por el Parlamento. Y añaden que el modelo diseñado en el anteproyecto estaría lastrado para tratar los conflictos relacionados con la pluralidad por "falta de credibilidad en su origen".
En cuanto a la función de servicio público y la estrictamente comercial de los operadores de titularidad estatal, autonómica o local, entienden que se plantea un conflicto de intereses entre las funciones reguladoras que se reservan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Gobierno. Y subrayan que tal conflicto de interés convierte al Gobierno en "juez y parte" y desvirtúa "el esfuerzo de la ley para unificar el tratamiento regulatorio del sector".
Los consejeros Reinaldo Rodríguez, Pascual González y Antoni Elías (propuestos por PSOE, CiU y Coalición Canaria) critican el escaso tiempo disponible para analizar el anteproyecto (poco más de 48 horas) y consideran que una ley de esta magnitud debería ser examinada desde un punto de vista técnico y de mercado.
El informe íntegro, de más de 170 folios, fue aprobado a última hora del jueves pasado. La urgencia con la que fue convocado el consejo de la CMT hizo presagiar la aprobación del anteproyecto de ley audiovisual en el Consejo de Ministros de ayer. Pero finalmente, ha quedado aplazado. Posiblemente hasta el próximo viernes.
