Vivienda y elecciones
Siempre es una buena noticia que en las campañas electorales se hable de los asuntos que preocupan a la ciudadanía, y la falta de vivienda asequible es de los que agobian, aunque me temo que el debate está llegando a la gente de la peor manera posible. Intercambio de acusaciones, vagas promesas de futuro y afirmaciones tramposas sobre la gestión realizada. En cambio, no se abordan los problemas de fondo.
La consecuencia indeseada es una imagen de indistinción política entre los partidos. Lo que no significa que todas las administraciones actúen igual, y mucho menos, que todas tengan la misma responsabilidad. Pero más allá de cómo se gestiona, en general no se están impugnando las políticas que nos han llevado a una situación tan dramática. La falta de viviendas de alquiler a precio razonable y el espejismo de los bajos tipos de interés está propiciando que las personas asuman el riesgo de dedicar el 66% del salario medio a la compra y financiación de su vivienda habitual.
Esta pesadilla es una barbaridad social y una temeridad económica de la que despertaremos bruscamente, en cuanto suban los tipos de interés. Pero no estamos ante una maldición bíblica; a lo más, parece un castigo del dios mercado.
Asistimos a una de las consecuencias más duras que han originado las políticas neoliberales. La vivienda ha pasado de ser un derecho constitucionalmente reconocido (artículo 47) a ser una mercancía más, y ahora incluso un producto financiero refugio al que acude todo tipo de flujos económicos en busca de la rentabilidad que no ofrecen otras inversiones. Los poderes públicos han olvidado que están obligados constitucionalmente a facilitar el acceso de los ciudadanos a este derecho y que la propiedad privada -también la de la vivienda o el suelo- está limitada por la exigencia de su utilidad social (artículo 33). Sólo a partir de la recuperación de estos mandatos constitucionales es posible construir políticas alternativas que aborden los problemas de fondo.
El Gobierno del PP no tiene legitimidad alguna -incluso cuando sus imputaciones a otras administraciones son ciertas-, porque su política de confiarlo todo a la liberalización del suelo y al mercado es la gran responsable de esta situación. Los grandes instrumentos para las políticas de vivienda -suelo, fiscalidad y regulación general- son competencia de la Administración central. Pero ni la Generalitat ni los ayuntamientos pueden parapetarse en la mayor responsabilidad del Gobierno central para esconder que han renunciado a desarrollar políticas alternativas y que se han integrado en la misma lógica. A lo más han propiciado actuaciones aisladas para compensar los grandes desajustes del mercado. Ha llegado el momento de proponer un debate que concluya en compromisos de efectuar una política radicalmente distinta por parte de todas las administraciones.
Sin ánimo de exhaustividad, quiero apuntar algunas medidas que para CC OO son imprescindibles. A escala estatal, la modificación de la Ley del Suelo para garantizar que las administraciones dispongan de suelo público que no esté sometido a los precios del mercado es básico; como lo es una política fiscal que en vez de subvencionar casi exclusivamente la nueva construcción, dedique una mayor parte de las ayudas fiscales al alquiler y penalice fiscalmente la no utilización social del suelo o la vivienda. Es la única manera de evitar que un mercado hinchado por la especulación, por la condición de inversión refugio y por los flujos económicos que provienen de la criminalidad organizada impida realizar políticas públicas de vivienda social. En Cataluña, la política de vivienda social dejó de existir hace unos 10 años. Sólo así puede entenderse que mientras en la década de 1980 y principios de la de 1990 el 30% de los pisos construidos en Cataluña fueron protegidos, en los últimos cinco años la media haya caído al 9%. Y el futuro pinta peor, pues la Generalitat no dispone de suelo para promover vivienda social en los próximos años. Esto es responsabilidad del Gobierno catalán, pero la mayoría de los ayuntamientos -con alguna excepción- han seguido la misma lógica de no producir suelo público e incluso de vender el que tenían para conseguir plusvalías con las que equilibrar sus presupuestos. Y el movimiento cooperativo, que en algunos momentos ha tapado la falta de actuación de los poderes públicos, no está en condiciones de realizar su función por falta de suelo público para ello. Donde la situación es más dramática es en la vivienda de alquiler. El cambio no es fácil ni rápido, pero al menos es urgente que se penalice fiscalmente la no utilización de la vivienda y el mucho suelo que está dormido a la espera de conseguir plusvalías con el mero paso del tiempo. También es preciso que se apoye fiscalmente la opción del alquiler. Lo básico es activar con actuaciones concertadas el mercado de alquiler, pero las administraciones deben comenzar a actuar, como medida de choque, con parques de vivienda de alquiler para utilizar durante periodos cortos de tiempo, y hay que establecer ayudas para el pago de los alquileres para las rentas más bajas. En estos momentos lo más importante sería aprovechar el debate iniciado en las municipales para que la sociedad, las organizaciones sociales y los medios de comunicación utilicemos las elecciones autonómicas y las generales para emplazar a los partidos políticos con el fin de promover un pacto de Estado en política de suelo y vivienda. Pacto que debiera comenzar por comprometer el 2% del PIB en políticas sociales de vivienda, de acuerdo con la media de la Unión, lejos del 0,5% a que nos han llevado los actuales gobiernos. Si el Pacto no es posible, que al menos tengamos compromisos de políticas alternativas a las actuales entre las que escoger en el momento de votar.
Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Cataluña
