El fiscal pide 4 años para el ex juez Forteza por estafa y tráfico de influencias
El fiscal ha solicitado para Guillermo Forteza, ex juez y abogado en ejercicio, cuatro años de prisión: tres por un delito continuado de estafa y uno, también continuado, de tráfico de influencias. En su escrito, el fiscal recoge que en 1999 Forteza contactó con un preso de Picassent y que "le convenció de que, debido a la íntima amistad que tenía con el Juez de Vigilancia Penitenciaria [en el momento de los hechos Ernesto Alberola, quien fue investigado por supuesta prevaricación y revelación de secretos], podía conseguirle la reclasificación en tercer grado". El fiscal expone que, según el testimonio del denunciante y un recibo, el padre del preso entregó a Forteza 1.502,52 euros (250.000 pesetas), que aceptó a pesar de la delicada situación económica de la familia, "en concepto de provisión de fondos para las gestiones y trámites a efectuar". El fiscal señala que "se limitó a interponer recurso contra la clasificación en segundo grado del interno y realizó dos visitas a la prisión". El segundo episodio delictivo, según el escrito del fiscal, se inicia también en diciembre de 1999, cuando Forteza contacta con dos hermanos presos, uno de ellos en Barcelona, de los que cobró 4.056,83 euros (675.000 pesetas) con el mismo argumento y sobre los que, según el escrito fiscal, "se limitó a interponer sendos recursos contra la clasificación en segundo grado con nula fundamentación fáctica". El tercero de los presos que denunció a Forteza se entrevistó con él en noviembre de 2000. Dice el fiscal que Forteza recibió de la familia del preso 4.507,59 euros (750.000 pesetas) después de que les convenciera "de que por la íntima amistad con el Juez de Vigilancia Penitenciaria podía conseguirle el tercer grado".
Forteza, que en 1999 fue condenado a una multa por estafa, negó ayer todas las acusaciones, afirmó que "las provisiones de fondos son perfectamente razonables, de ellas entregué minutas, nunca prometí nada a nadie, es absurdo, no existe ningún delito de estafa, y menos aún de tráfico de influencias, ni siquiera sobre el papel se cumple ninguna de las condiciones que pudieran inducir a dicho delito". Forteza, que dejó pasar el plazo de presentación de escrito de defensa -que en la instrucción ha ejercido él mismo- para que, tal como marca la ley, se entienda que se opone a las acusaciones (fiscal y particular), sostiene que "no se ha practicado ninguna diligencia; de uno de los denunciantes el fiscal no tiene siquiera el recibo e indica que la policía localice a cuatro testigos porque no tienen domicilio conocido, es una acusación infundada, absurda, y con gravísimos defectos desde la base".
