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Tribuna:EL DEBATE SOBRE EL SUBSIDIO AGRARIO Y EL PER
Tribuna
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Ilegalizar al jornalero

Sacar de la legalidad a alguien es sacarlo de la sociedad, mandarlo a la marginalidad y sufrir el dedo acusador del orden establecido que mañana podrá hacer contigo simplemente lo que le de la gana.

El decretazo ordenado por el gobierno reaccionario del señor Aznar viene a ilegalizar al jornalero que a partir de este momento dejara de ser un profesional del campo para convertirse en un parado sin identidad al que se le puede arrojar al estercolero de los trastos inútiles con toda impunidad.

Entre Andalucía y Extremadura hay 300.000 jornaleros sin tierra y en el paro como víctimas de una estructura de la propiedad que hoy, en el 2002, sigue con el escándalo de que el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable y de una falta de industria escandalosa porque por estas tierras del sur tenemos a la burguesía más inútil de toda Europa. El jornalero es una víctima. Siempre lo fue y hoy lo sigue siendo ya que la PAC no ha venido a poner ningún remedio.

Al poder, ante el drama del paro estructural que se produce en el mundo rural, sólo se le ha ocurrido dar limosna (subsidio) y un montón de falsas esperanzas como la de la Reforma Agraria. Hoy, la derecha reaccionaria y cuasi fascista en el poder ha querido ir más lejos y ha decidido acabar con la lucha de clases en el campo por el método más drástico que es ir acabando con una de las clases en litigio: esto es, la clase jornalera.

Parece que Aznar está empeñado en propiciar buenas siestas a los grandes terratenientes y para ello ordena un decreto que elimina por ley al jornalero, que a partir de este decreto se va a convertir en un parado difuso, sin nombre ni apellido y sin oficio. Poco le han ofrecido los gobiernos al jornalero porque un subsidio de 21.500 pesetas al mes es un insulto, pero ahora los señores del PP le quieren quitar esta limosna para que el pobre no sólo sea pobre sino que esté indefenso y a disposición sumisa de los grandes terratenientes que podrán contratarlo en la plaza de los pueblos como mercancía barata.

El decreto prepara también el tren de la emigración, porque si a un joven lo dejan parado y sin subsidio no le queda más remedio que coger las maletas y abandonar un medio rural que lo necesita hoy más que nunca porque necesita retener a su gente si es que queremos construir una sociedad equilibrada donde la agricultura y la ecología han de cumplir un papel esencial.

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¿Por qué el Gobierno del PP quiere despoblar al mundo rural? ¿Por qué tanta obsesión por echarle al jornalero más miseria y más injusticia sobre sus espaldas?

Tal vez sea por venganza: los jornaleros no votan PP porque no se les ha difuminado la presencia cruel de la derecha que la tienen que padecer todos los días en el tajo y tienen memoria histórica del franquismo, porque se la refrescan todos los días con múltiples atropellos.

Tal vez sea por ignorancia política: al creer los señores de la Moncloa que el subsidio es una especie de cordón umbilical del jornalero con la izquierda y creen que rompiendo este hilo el jornalero puede cambiar su opción política. El PP con el decretazo pretende que toda la dependencia económica y política vuelva a ser el jornalero hacía la figura omnipresente y omnipotente del amo.

Sea por lo que fuere el decretazo es una opción del bandolerismo de la peor calaña que roba el dinero a los pobres y se lo da a los ricos. Y desde luego el decreto es una actuación absolutamente gratuita e injustificada ya ni tan siquiera por razones económicas, ya que el beneficio del Inem este año ha sido de 600.000 millones de pesetas. En cualquier caso, desde el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y desde cada uno de nuestros pueblos no vamos a consentir esta violencia gratuita que expulsa de nuestros pueblos a sus mejores gentes y a su futuro.

Llevamos cuatro meses de movilizaciones cortando Despeñaperros, haciendo marchas, cortando carreteras, ocupando fincas y aeropuertos..., y desde luego estamos dispuestos a dejarnos hasta la vida porque hay veces que ceder frente a la agresión gratuita es un auténtico suicidio colectivo. No vamos a doblar la rodilla. No vamos a dejar que nos quiten un derecho que, aunque ridículo, es el único sustento que nos permite vivir con la mínima dignidad de no tener que caminar de rodillas delante de la burguesía terrateniente.

Radicalizaremos nuestras acciones y tendremos que hacer verdad el dicho de aquel viejo jornalero que me decía un día: 'Si nos quitan el subsidio, que nos den la tierra'. Oprimir al oprimido, saquear al obrero, empobrecer a lo pobres es fusilar por la espalda a los derechos humanos más elementales.

Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda.

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