¿Por qué el 'decretazo'?
Pese al malabarismo dialéctico de destacados miembros del Gobierno y del Partido Popular, la realidad es que del análisis jurídico del Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, globalmente considerado, se deduce una importante regresión del ideal de cobertura vigente en la protección por desempleo; al tiempo que se consuma una nueva y muy peligrosa regulación a la baja del despido, como ya han puesto de manifiesto comentarios especializados en estas páginas. Conocido es también el cuantioso superávit del Inem y el crecimiento a un ritmo imparable de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, en las que cada vez cobra más importancia el colectivo de trabajadores inmigrantes, con uno de cada tres nuevos cotizantes.
Y si esto es así, se admita o no, la publicación de esta disposición legal y la elección del mecanismo de la urgencia por el Gobierno, nos invita a dar respuesta a la primera de las preguntas que encabezan esta reflexión: ¿por qué el decretazo?; ¿estamos ante una decisión política de mera arrogancia y prepotencia?, o quizás, como señalan también algunos, ¿ante un acto buscado y calculado, de profundo cariz ideológico? La respuesta a estas preguntas se encuentra sin duda, en el análisis de las consecuencias que llevará consigo la aplicación de esta conflictiva nueva regulación del desempleo y del despido.
La primera consecuencia del nuevo régimen jurídico del desempleo que establece el decretazo, es la desnaturalización política, social, jurídica y económica de la cobertura del riesgo profesional del desempleo en el sistema de Seguridad Social o de protección social. Lo decía con total claridad hace unos días el propio presidente Aznar, ante la cúpula empresarial alemana: 'El Estado del Bienestar no está para ayudar a quien no busca empleo; el sistema no puede estar pasivamente beneficiando a quienes no lo necesiten o quienes no demuestren el deseo de encontrar trabajo'. O lo que es lo mismo, en un alarde de cuasiprestidigitador y en apenas dos frases, el presidente del Gobierno convierte el modelo social de Estado del Bienestar, que nuestra Constitución configura como Estado social y democrático de derecho, en un modelo social de Estado de Beneficencia, en el que lo que eran derechos y garantías jurídicas se convierten en meras ayudas graciables, prescindiendo olímpicamente de la naturaleza contributiva de las prestaciones básicas y de la función redistributiva de la renta que realizan las prestaciones de carácter asistencial o subsidios. El decretazo aplica esta nueva doctrina con un rigor espeluznante, haciendo que el derecho a la protección desaparezca frente al arbitrio del Inem; imponiendo que la situación de necesidad derivada de la pérdida del trabajo habitual, quede sin protección al eliminar su naturaleza jurídico-profesional; provocando el enriquecimiento injusto del sistema al quedar sin eficacia la cuota o contribución y negando protección alguna o casi imposible a importantes colectivos de trabajadores. La fractura social entre trabajadores en activo y beneficiarios de prestaciones por desempleo, y la extensión del miedo y la inseguridad, constituyen la segunda lectura necesaria de esta primera consecuencia del nuevo régimen prestacional. Porque el recorte de prestaciones y el abaratamiento del despido, provocarán el miedo a perder el trabajo y la inseguridad en el futuro. Y desde luego, ambos convierten al trabajador en conservador, anulan su capacidad reivindicativa y fomentan el servilismo y la explotación laboral. Y como ya estamos comprobando con los primeros despidos sin salarios de tramitación, la incertidumbre es tan grande que incluso provoca el sentimiento de inutilidad de la acción judicial contra el despido.
La segunda consecuencia de la nueva regulación del desempleo, es la que nos demuestra que el decretazo no es una norma que tiene como objetivo exclusivo la reducción de la protección social y el abaratamiento del despido de los trabajadores españoles y extranjeros residentes; sino que, además, pretende de forma inequivoca, el objetivo del cierre total del mercado de trabajo a los trabajadores inmigrantes, asumiendo de esta forma, los postulados de una política xenófoba y en la línea defendida por conocidos líderes de la extrema derecha europea. En la búsqueda de este objetivo se encuentra sin duda la urgencia del decretazo, que el Gobierno Aznar pretende ofrecer como modelo en la próxima Cumbre Europea de Sevilla. No deja de ser toda una coincidencia, que precisamente estos días antes de la citada cumbre, se haya anunciado una nueva reforma de la Ley de Extranjería, con la que se pretende endurecer aún más la misma, suprimiendo el mecanismo jurídico de regularización por arraigo y restringiendo gravemente el reagrupamiento familiar; únicas vías de acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo, además de los contingentes o cupos. Así, anulada la vía del arraigo y rígidamente reducida la de la reagrupación familiar, sólo quedaría el camino de los contingentes, de cuyo fracaso hemos conocido cifras estos días. Pero, ¿qué sucederá ahora con dichos contingentes si, como sabemos, el decretazo convierte a cualquier español o inmigrante legal en paro, en candidato obligatorio a cualquier puesto de trabajo que pueda existir en el mercado laboral? Los contingentes desaparecerán o serán una pura ficción y el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo quedará prácticamente vedado a los mismos. España, como se pretende también con el resto de Europa, será una fortaleza inaccesible para los inmigrantes que quieran integrarse socialmente en la misma.
El grave descenso de la población en nuestro país y el constante envejecimiento de la misma, exigen una progresiva y cuantiosa integración de trabajadores inmigrantes en nuestra sociedad -algo que han confirmado los organismos internacionales competentes-, para la viabilidad futura de nuestro modelo social de Estado del Bienestar. De hecho, y como se decía antes, la aportación de los inmigrantes ya resulta decisiva en el crecimiento progresivo de las personas cotizantes a la Seguridad Social. Lo que nos lleva necesariamente a concluir, por último, en este breve análisis, que el candado que el Gobierno pretende colocar en la puerta de acceso de los inmigrantes regulares al mercado laboral, tanto con el decretazo como con el endurecimiento de la Ley de Extranjería anunciado, debilitará necesariamente la solvencia financiera del sistema público de Seguridad Social y, en definitiva, del modelo social de Estado del Bienestar. Y este deterioro provocado y pretendido también con el recorte global de derechos sociales y con el trasvase de rentas sociales a las empresas que el decretazo establece, es el argumento para la privatización del modelo social público; objetivo que se enmarca ideológicamente en el contexto una política neoliberal, que pretende dejar al arbitrio del mercado la protección ante los riesgos comunes y profesionales, y que ya está provocando cada vez más extensos colectivos de exclusión social en nuestra sociedad.
Sin duda, los inmigrantes sin papeles seguirán llegando; porque no existen fronteras para el hambre y la miseria. Pero estos no son peligrosos; no cotizan al sistema y, en todo caso, pueden hacer gasto del mismo como indigentes; además, constituyen mano de obra barata y silenciosa, y ante cualquier eventualidad son candidatos a la expulsión directa. Como decía el delegado del Gobierno para la Inmigración respecto de los inmigrantes encerrados en Sevilla: 'Que se vayan a casa'. Lamentable apología de la xenofobia que haría feliz al mismísimo Le Pen.
José Ramón Juániz Maya es presidente de Abogados del Mundo en la Comunidad Valenciana.
