Hacia el pleno subempleo
Los datos no avalan la reforma del Gobierno. El sistema que tenemos cubre a pocos (sólo al 42% de los parados, según la Encuesta de Población Activa); la intensidad de la protección es de las más bajas de la Unión Europea (UE) y de las más cortas (en al menos siete países los subsidios de desempleo son incluso indefinidos); las exigencias a los parados son de las más duras (únicamente en España al parado que no acepta una oferta adecuada de empleo se le sanciona con la pérdida definitiva de la prestación); el 51% de los que acceden a una prestación contributiva proviene de contratos temporales en permanente rotación; el fraude demostrado es muy bajo: conforme a los expedientes incoados por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) el año pasado, no llega al 1,5% del total de quienes tienen derecho a las prestaciones; el superávit en este capítulo presupuestario es espectacular: dos billones de pesetas acumulados desde 1998 hasta ahora, excedentes que, confiscatoriamente, se destinan, en general, a cualquier finalidad distinta a la que corresponde y, en particular, a subvencionar a las empresas y a realizar rebajas fiscales regresivas; el año pasado se cubrieron más del 94% y del 96% de los puestos de trabajo ofertados, respectivamente, en Andalucía y Extremadura, y en cuanto al resto, sus expedientes estaban en trámite; con este mismo sistema que se quiere desmantelar, en España es donde, en el conjunto de la UE, más empleo se ha creado en los últimos años.
Tres son los objetivos que subyacen en la propuesta. Primero, despejar el mercado de trabajo de parados, forzándoles a aceptar cualquier empleo. Una medida que pretende -como otras de maquillaje estadístico o de creación de parkings de parados para evitar que figuren como desempleados- acercarnos hacia la sociedad del pleno subempleo. Segundo, reducir aún más el umbral de los salarios y el coste del factor trabajo, y ampliar el catálogo de subvenciones a las empresas. Tercero, cambiar un sistema basado en el 'derecho subjetivo' del trabajador y en la idea de que la prestación por desempleo aporta renta, tiempo y autonomía para encontrar otro empleo -amén de beneficios para la economía-, por otro sistema, desvinculado de la Seguridad Social, en el que la prestaciones constituyan una concesión administrativa condicionada y en el que el parado sea considerado, de entrada, como prefraudulento y reacio a buscar empleo.
Los contenidos están en consonancia con los objetivos anteriormente descritos. Unos recortan las prestaciones, como en el caso del subsidio agrario (la fórmula para incorporar al régimen contributivo a los trabajadores agrarios resulta, de hecho, inaccesible); otras tratan de ahorrar costes a las empresas, con cargo a los trabajadores: es el caso de la propuesta de trasvasar al empresario la prestación del trabajador. Algunas van destinadas a desestabilizar los derechos laborales mediante, por ejemplo, la supresión de los salarios de tramitación. Finalmente, las hay que, como la reforma de la Ley Básica de Empleo, pretenden preparar el terreno para un sistema de desempleo de 'libre disposición' por el Gobierno.
La reforma se asienta en el principio, tan neoliberal, de que una parte sustancial del paro es de naturaleza voluntaria. Así, se suele argumentar que el desempleo no responde a la incapacidad de la economía para crear suficientes empleos, sino al rechazo de gran parte de los parados a aceptar los empleos vacantes o los mal pagados. Y, aunque ningún estudio internacional ha podido poner en evidencia una relación sólida entre el nivel de empleo y la cuantía o la duración de las prestaciones, se insiste en que su reducción y endurecimiento incitarán la búsqueda de empleo. Pero ¿cómo se aplica este apriorismo ideológico a la mayoría de los parados, que no cobran ninguna prestación? ¿Por qué en lugar de cargar contra los parados no se actúa contra la 'pereza' del Inem, que sólo es capaz de ayudar a que encuentren empleo el 14% de las colocaciones registradas, que no aborda los problemas de empleabilidad de los parados y condena a éstos a encontrar empleo a pesar del Inem? Por otro lado, los parados, en su inmensa mayoría, no agotan el periodo de prestación que tienen reconocido (en 2001, en la modalidad contributiva, sólo la mitad, por término medio, del periodo reconocido), lo que tampoco abona la hipótesis mencionada.
La oferta gubernamental, en suma, ahonda en la nefasta idea de que 'más vale un empleo precario que ninguno', que nos ha conducido a ser, en la UE, los campeones de la precariedad y del trabajo poco cualificado; y pone en cuestión radicalmente nuestro sistema de protección por desempleo. No es tal o cual medida lo que es más rechazable y preocupante, sino la estructura misma de la propuesta. Como dice un proverbio chino, 'el pescado empieza a pudrirse por la cabeza', y, en el tema que nos ocupa, de poco serviría cambiar los detalles si se mantiene el núcleo central de la reforma. La del 92 dejó temblando al sistema y ésta de ahora amenaza con desmantelarlo por completo.
José María Zufiaur es miembro del Consejo Económico y Social Europeo.
