Contaminantes para nuestros nietos
En España apenas hay estudios sobre los residuos orgánicos en alimentos y sus efectos sobre la salud
La mayoría de nuestros cuerpos contienen niveles apreciables de los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP en castellano, POP en inglés) que afectan a la salud. También es un hecho que los contaminantes orgánicos persistentes se han dispersado y siguen contaminando amplias zonas del planeta, son muy difíciles de excretar por el cuerpo humano, tienen una larga vida media en el organismo y se acumulan en los tejidos grasos.
Los principales COP son el plaguicida DDT, el DDE (el principal producto de degradación del DDT), bifenilos policlorados (más conocidos por PCB, en sus siglas en inglés), dioxinas, hexaclorobenceno, hexaclorociclohexanos y otros residuos de compuestos organoclorados. En España el DDT se utilizó ampliamente como plaguicida hasta hace aproximadamente una o dos décadas; no se sabe con certeza cuándo terminó realmente su uso. Los PCB, por su parte, se han utilizado como aislantes en equipos eléctricos (transformadores, lámparas), como lubricantes, en plásticos, tintas y otras múltiples aplicaciones. En España existe un preocupante desconocimiento sobre la cantidad de PCB almacenados, la localización y las condiciones en que se encuentran las instalaciones que los contienen.
Los residuos llegan al cuerpo mediante una exposición ambiental continua a dosis bajas
Muchas muestras de huevos, pescado y carne contienen residuos de COP
En casi todos los recién nacidos se detectan residuos orgánicos persistentes
Es difícil pensar en otro proceso que sea a la vez tan global y multidimensional
En la actualidad, España atiende una denuncia presentada por la Comisión Europea por incumplir la directiva comunitaria que establece la obligatoriedad de elaborar un inventario de productos e instalaciones que contienen PCB. Este lamentable hecho no sólo ilustra las dificultades que tenemos de pasar de las palabras a lo hechos: refleja también la magnitud de la escala temporal en la que nos movemos. Tengamos en cuenta que a menudo el tiempo de vida media de estos compuestos es de décadas. De modo que si se cumplen normas como la mencionada directiva, entre los años 2020 y 2030 la impregnación corporal por muchos COP sólo habrá descendido a la mitad o a un tercio. Obviamente, los beneficios de aplicar la ley sólo podrán ser percibidos por los descendientes de nuestros descendientes. Esta dimensión temporal plantea a nuestra generación cuestiones culturales inéditas.
Circulando por la sangre e impregnando órganos y tejidos, los contaminantes orgánicos persistentes forman parte de nuestras vidas. Con un poco de suerte, nunca lo notaremos. Pero un número creciente de estudios sugiere que estas sustancias afectan a nuestra capacidad reproductora (pues aumentan el riesgo de endometriosis, infertilidad, malformaciones congénitas), al equilibrio de los sistemas inmunológico y hormonal (son disruptores endocrinos); tienen un papel en el desarrollo de varios tipos de cáncer y transtornos neurológicos, y quizá también en la etiología de otras enfermedades de causas poco conocidas, como las demencias, la de Parkinson o la diabetes.
¿Debemos resignarnos a esos efectos adversos o podremos hacer algo localmente útil? Pero ¿qué sociedad sería la que hiciese aceptable esa resignación? 'Prefiero no saberlo', dicen algunos, agarrando el tenedor... ¿No saber qué comemos, bebemos y respiramos? Una democracia que favorece esa actitud está seriamente contaminada.
Los COP llegan hasta nuestro organismo primordialmente mediante una exposición ambiental de fondo, continua, a dosis muy bajas. Fundamentalmente, a través de las partes más grasas de los alimentos y derivados. Muchos COP se mezclan bien con las grasas y el organismo los absorbe desde el tracto digestivo cuando están disueltos en ellas. Estudios efectuados por equipos españoles han demostrado que muchas muestras de huevos, pescado y carne (tocino, pollo, cordero, salchichas) contienen residuos de COP. No es infrecuente, por ejemplo, detectar DDE, PCB, hexaclorobenceno o residuos relacionados con el lindano en un 60% o incluso un 85% de las muestras.
El hígado animal, la leche y la mantequilla son asimismo alimentos que habitualmente contienen residuos de varios COP. El problema atañe también a la grasa animal que se reutiliza para producir un sinfín de productos para consumo humano y animal. Más de un 90% de las dioxinas entran en el cuerpo humano a través de los alimentos. Por lo tanto, estamos también ante un importante tema de seguridad alimentaria. En particular porque -aunque no siempre se sobrepasan los niveles establecidos por la legislación comunitaria- la capacidad que el sistema español de salud pública tiene de detectar contaminaciones accidentales es débil.
De la magnitud de la contaminación de los alimentos en España apenas tenemos una idea cabal, pues la mayoría de los trabajos científicos se han hecho sin exhaustividad, a menudo gracias al voluntarismo de grupos que trabajan en condiciones precarias. Y los estudios oficiales, cuando existen, son poco difundidos, o adolecen de importantes limitaciones metodológicas. Es pues necesario disponer de análisis más sistemáticos de la contaminación por COP de los alimentos.En esta tarea deben implicarse los distintos niveles de la Administración. Para empezar, aplicando metódicamente la legislación vigente y proporcionando información creíble a la ciudadanía. Asimismo, los programas que funcionan ejemplarmente (por ejemplo, los de algunos ayuntamientos) deberían popularizarse.
Si poca es la información en cuanto a los alimentos, mayor es nuestra ignorancia sobre los niveles de COP en la población española. Y lo poco que se sabe no es tranquilizador: la inmensa mayoría de las personas estudiadas tienen concentraciones apreciables de COP. Lo habitual es detectar DDE, PCB, hexaclorobenceno y compuestos relacionados con el lindano en un 80% o un 90% de la población.
Incluso en los recién nacidos: la acumulación de residuos en tejido graso durante la vida de la madre es una fuente de exposición para el hijo desde la concepción, durante la gestación y a través de la lactancia. Así lo indican estudios como los de Nicolás Olea en Andalucía y de Jordi Sunyer y Joan Grimalt en Cataluña: en la práctica totalidad de recién nacidos se detecta DDE, hexaclorobenceno y PCB.
Aunque esos incipientes estudios no ofrecen una imagen válida de lo que ocurre en la población general española, sin duda indican que la situación merece más atención. A título no exactamente anecdótico, mencionemos que un estudio de Pieter van Veer y Eliseo Guallar en mujeres de cinco ciudades europeas observó que las mujeres de Málaga presentaban concentraciones de DDE significativamente más altas que el resto.
Estamos ya en 2002 y en España seguimos sin disponer de un solo buen estudio representativo de zonas geográficas amplias y bien definidas, que haya analizado los factores que condicionan los niveles de los COP en nuestra sangre, tejidos u orina. Esa carencia resulta llamativa, y contrasta con la multiplicidad de estudios gubernamentales de carácter económico, sociológico y político. El desequilibrio existente entre la abundancia de indicadores poblacionales socioeconómicos y la ausencia de indicadores poblacionales acerca de los efectos que los factores ambientales tienen en la salud humana es impropio de una sociedad posindustrial. Impide realizar tareas elementales, como monitorizar la salud de la población. Impide también efectuar valoraciones racionales y tomar decisiones científicamente justificadas ante crisis motivadas por accidentes, brotes epidémicos y otras circunstancias socialmente alarmantes.
Países como Bélgica saben de eso, y han aprendido dolorosamente algunas lecciones tras sufrir, detectar y analizar con rigor episodios como el de contaminación alimentaria por COP, ocurrido allí en 1999. Tras ello, los expertos belgas han escrito: 'Aunque tras el accidente se han efectuado más de 20.000 mediciones de PCB y dioxinas en piensos para animales, grasas animales y alimentos para humanos, persisten muchas incertidumbres acerca de la magnitud de la exposición a estos tóxicos por parte de la población belga. Tales incertidumbres tienen su principal origen en el hecho de que prácticamente no había mediciones disponibles sobre la carga corporal de esos contaminantes antes de la crisis, ni tampoco se hicieron mediciones durante o después de ella'.
Lo que hoy nadie pone en duda es que las autoridades democráticas -en particular las autoridades ambientales y de salud pública- tienen la responsabilidad de evaluar los niveles biológicos de los contaminantes ambientales y valorar los posibles riesgos de efectos adversos para la salud.
Sin embargo, ante la pregunta: ¿cuáles son las concentraciones de COP en el cuerpo de los españoles, según comunidades autónomas, grupos de edad y género, hábitos alimentarios, ocupación, educación, clase social, ...?, la respuesta es: no lo sabemos, pues no disponemos de los correspondientes sistemas de información. Ante lo cual es lógico preguntarse ¿qué prioridades de salud pública, laboral y ambiental, qué prioridades de investigación tenemos en España que nos ayudan tan poco a saber y a controlar lo que sucede en este tema?
Un componente central de tales sistemas consistiría en un Informe sobre la Exposición Humana a Agentes Químicos Ambientales en la población general española. El propósito general de este informe sería proporcionar a los agentes sociales, a las autoridades (sanitarias, laborales, ambientales) y a los expertos información válida sobre dosis internas de agentes químicos ambientales como los COP en una muestra representativa de la población general, con el fin de ayudar a prevenir enfermedades provocadas por la exposición a tales agentes.
Ciertamente, los actuales niveles de COP en humanos son producto de décadas de ingenuidad, ignorancia, mercantilismo y abuso tecnológico; en suma, de un determinado modelo de desarrollo. Y por supuesto, del largo tiempo de vida media que tienen la mayoría de los compuestos. Hay también buenas razones para preguntarse si los alimentos, piensos, grasas y derivados que importamos están libres de COP. Por ejemplo, el DDT se sigue detectando en muchos alimentos que consumimos.
En todo ello ¿qué papel pueden tener los controles locales? Es una cuestión especialmente difícil, pues muchos COP viajan por todo el planeta; por la atmósfera, las aguas y el suelo, pero también por los canales internacionales de comercialización de compuestos químicos, piensos y alimentos. De modo que tenemos contaminación por COP sin fronteras y para rato. Es difícil pensar en otro proceso que sea a la vez tan genuinamente global y multidimensional por sus causas y consecuencias químico-biológicas, económicas, ecológicas y culturales.
Miquel Porta es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Carolina del Norte e investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona.
Desafíos para España más allá de Estocolmo
El número de estudios sobre los efectos que los contaminantes orgánicos persistentes (COP) tienen en los españoles se cuentan con los dedos de una mano. España está subordinada a las investigaciones de otros países, que indican que dosis de algunos contaminantes por debajo de las que se consideran seguras pueden causar efectos biológicos. Valorar mejor la significación clínica, poblacional y ecológica de los efectos más sutiles y con periodos de latancia más largos de los COP es uno de los grandes retos científicos y sociales actuales. Se espera que el Gobierno incentive estudios que conecten las ciencias biológicas y las ciencias poblacionales. En particular, para analizar las interacciones genético-ambientales; para conocer, por ejemplo, qué alteraciones genéticas adquiridas tienen su origen en procesos ambientales. Una actitud cauta, si la salud pública y la ecología fueran más prioritarias, exigiría empezar a poner en marcha actuaciones concretas; y fortalecer las que funcionen. Como, por ejemplo, programas de control de la contaminación industrial por PCB del agua y el aire, protección de los trabajadores expuestos, control del uso de plaguicidas en agricultura, o medidas eficaces de inspección de los residuos químicos en los alimentos. En paralelo se considera fundamental apoyar con decisión la investigación -actualmente débil en España- que ayude a comprender mejor el impacto ambiental, laboral, epidemiológico y económico de los COP sobre los ecosistemas y la salud humana. Dicho conocimiento y el control de esos efectos son una de las grandes utopías asequibles del siglo XXI: por el vasto número de personas expuestas, por el carácter global de la contaminación y por los retos económicos, políticos y culturales que su control nos plantea. El panorama parece sombrío y, sin embargo, sorprendentemente, los COP nos ofrecen ahora una oportunidad fascinante para hacer algo útil. Cuando los movimientos opuestos a la globalización incontrolada pugnan por articular alternativas, los COP han conseguido fraguar un instrumento jurídico global con un potencial enorme: el Convenio de Estocolmo. Auspiciado por el Programa Ambiental de la ONU, propone acabar con el uso de varios de esos compuestos y reducir el de otros (aldrin, DDT, PCB, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno). Establece, además, las condiciones en las que los COP actualmente existentes deben ser eliminados. Además, exige planes de aplicación a cada país que lo ratifique. El convenio fue suscrito por un centenar de países -entre ellos, España- en Estocolmo en el pasado mes de mayo. Los países firmantes deben ratificarlo en los próximos meses; de momento sólo lo han hecho Canadá y Fiji. Iniciada ya la presidencia española de la Unión Europea, el Gobierno tiene la oportunidad de alentar la ratificación del Convenio de Estocolmo en todos los países de la UE. Empezando por dar ejemplo con la ratificación en el Parlamento español, y sobre todo, presentando un buen plan de aplicación. Si el compromiso de los gobiernos central, autonómicos y municipales con este acuerdo internacional es firme, ahora es el momento de poner en marcha actuaciones concretas para servir a los intereses generales del país y demostrar que hay voluntad política de actuar global y localmente. Y hacerlo pensando a largo plazo, pues el convenio contempla el abandono de los PCB para dentro de dos o tres décadas. Así pues, más allá de Estocolmo, la utopía asequible es que los hijos de nuestros nietos nazcan sin COP en su sangre.
