La banca japonesa, en la encrucijada
Esta semana la agencia de calificación Standard & Poors rebajó el rating de la deuda soberana japonesa desde AA+ a AA. Por su parte, Fitch Ibca, otra de las principales agencias de rating mundiales, revisó también a la baja las calificaciones para los principales bancos de este país. La reestructuración del sistema financiero es uno de los problemas más importantes que Japón ha de resolver para superar las devastadoras consecuencias del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria de comienzos de los noventa. La crisis bancaria japonesa es de las más severas que se conocen. Según cifras oficiales, el volumen de préstamos dudosos ascendía a 66 billones de yenes (un 13% del PIB y un 12% del crédito total) en marzo de 2001.
El Gobierno japonés no tiene tiempo que perder para acelerar las reformas financieras aprobadas y todavía pendientes
La ausencia de progresos se debe en parte a la lentitud de la puesta en marcha de un plan de saneamiento bancario que no tuvo lugar hasta 1998. Entre las numerosas medidas aprobadas entonces cabe destacar el establecimiento de ayudas públicas para recapitalizar a los bancos y la extensión de una garantía pública de protección al conjunto de los depósitos del sistema.
A finales de marzo de 2002 algunas de estas medidas sufrirán cambios que pueden tener notables repercusiones. La mayor parte de las inyecciones de capital público en los bancos adoptaron la forma de acciones preferentes, sin derecho de voto. La precaria situación de los bancos japoneses para generar beneficios -agravada por la obligación de valorar sus carteras de renta variable a precios de mercado a partir de abril-, dificultará en algunos casos el pago de dividendos de estos títulos. De acuerdo con la regulación japonesa, ello podría llevar a una conversión de estas acciones preferentes en acciones ordinarias, con los consiguientes derechos de voto, suponiendo de facto una nacionalización de estos bancos.
Por otro lado, en la misma fecha, si no vuelve a prorrogarse como ocurrió en 1999, expira el periodo establecido para garantizar la totalidad de los depósitos. Si la banca se encuentra en una situación apurada, no puede descartarse que se produzcan retiradas masivas de depósitos en algunas instituciones, con el consiguiente riesgo para el conjunto del sistema financiero.
Por tanto, el Gobierno japonés no tiene tiempo que perder. Un impulso decidido a las reformas aprobadas y pendientes (reconocimiento y eliminación del balance de los préstamos morosos, reestructuración de las entidades de menor tamaño, reducción de la elevada exposición de la banca japonesa a la renta variable, establecimiento de una gestión basada en criterios de mercado...) es ahora más necesario que nunca.
Carmen Hernansanz es economista-jefe de Banca y Nueva Economía del Servicio de Estudios del BBVA.
