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Boliden presenta el expediente de despido de los 425 trabajadores de la mina de Aznalcóllar

La Junta anuncia que el lunes presentará su plan de diversificación económica de la comarca

El cierre definitivo se cierne sobre la mina de Aznalcóllar. La empresa propietaria, Boliden Apirsa, presentó ayer en la Delegación de Trabajo de Sevilla el expediente de despido de sus 425 empleados. Ya en julio, el Juzgado de Sanlúcar la Mayor declaró la suspensión de pagos de la empresa, que arrastra importantes pérdidas. La multinacional que había manifestado su interés por la adquisición del yacimiento ha renunciado finalmente a la compra. Mientras, el Gobierno andaluz anunció ayer que el lunes presentará un plan de diversificación económica para Aznalcóllar y la comarca.

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Desde que en abril de 1998 la rotura de una balsa de la mina provocara un vertido de lodos tóxicos en el entorno del Parque de Doñana, las malas noticias se acumulan en este municipio de Sevilla. Boliden comunicó ayer al comité de empresa y a la Delegación de Trabajo la presentación del despido de todos los trabajadores. De forma casi inmediata serán despedidos 349 empleados, un mes más tarde lo serán otros 27, y el resto en un plazo de entre tres y seis meses.

La extracción de mineral (cinc y cobre) concluirá esta semana y sólo seguirá el trabajo en la planta de tratamiento hasta el 20 de septiembre, según dijo ayer el portavoz de Boliden, Alejandro de Antonio, informa Europa Press. De Antonio informó también de que la última multinacional que ha estudiado la compra de la mina, Breakwater Resources, ha renunciado a esta adquisición con el argumento de que no podía acometer la inversión.

Boliden anunció hace meses que su intención era abandonar la mina este año y justificó esta decisión por los malos resultados logrados en los últimos ejercicios. La compañía pidió la suspensión de pagos en octubre de 2000, medida que fue aceptada por un juzgado en junio pasado.

Los principales acreedores de la compañía son la Tesorería General de la Seguridad Social; CEPSA, como suministradora del gasóleo de la maquinaria de la empresa; la empresa General Química (Gequisa), y Andaluza de Obras y Minerías, según la resolución judicial que ordenó la suspensión.

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Solución para todos

Los trabajadores recibieron la noticia como un jarro de agua fría. El presidente del comité de empresa, Antonio Perejil, exigió ayer que se dé una solución 'igual para todos los trabajadores sin excepción'. Añadió Perejil que los trabajadores no descartan hacer movilizaciones, aunque todo dependerá de 'la negociación y la marcha de los acontecimientos'. No obstante, dijo que 'los trabajadores están dispuestos a todo'.

Por su parte, el portavoz de Comisiones Obreras en la mina, Luis Campello, reclamó 'la solidaridad del dinero público' ante esta situación y explicó que la actividad minera en Aznalcóllar es fundamental y que se remonta a tiempos anteriores a los romanos, informa Efe. Campello indicó que los trabajadores, cuya edad media es de 48 años, viven la situación con nerviosismo y precisó que a la plantilla hay que sumar unos 1.500 empleos indirectos, con lo que al final son unas 2.000 familias las afectadas por el cierre.

Ayer, el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, señaló que el próximo lunes se reunirá con el comité de empresa de Boliden y con los sindicatos para presentar el plan de diversificación económica para Aznalcóllar y su comarca. Rivas dijo que el proyecto está ya diseñado y demandó la colaboración del Gobierno central.

En este sentido, el secretario general de CC OO en Andalucía, Julio Ruiz, instó a la Junta a poner en marcha estas medidas de diversificación en la comarca y que 'deje de vivir del anuncio de nuevas actividades económicas y pasar a materializar algunas de ellas como elementos alternativos'. También reclamó al Gobierno autonómico una posición 'decidida y firme en la búsqueda de soluciones' para que siga la actividad minera.

La alcaldesa de Aznalcóllar, Salud Santana, dijo que el embargo de unos terrenos propiedad de Boliden por parte de Hacienda es un obstáculo al plan de diversificación económica de la zona. Santana dijo que 'se están estudiando otras posibilidades a través de la Delegación del Gobierno para ver si se puede desbloquear la situación'. La alcaldesa dijo confiar en que el Gobierno sea 'solidario'.

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