Fraga admite la ilegalidad del depósito de vacas muertas de Mesía y anuncia su cierre

Cinco días después de que los vecinos del lugar de Lanzá, en el pequeño municipio de Mesía, descubriesen que la Xunta había enterrado a doscientos metros de sus casas varios centenares de reses muertas (procedentes de diversas explotaciones ganaderas), el Gobierno de Fraga tuvo que desdecirse de sus explicaciones. Si el pasado martes se obstinaba en afirmar que continuarían los enterramientos en la mina a cielo abierto de Lanzá, ayer, Fraga, tras la reunión semanal de su Gabinete, comunicó que se ha decidido clausurar el vertedero debido a la 'resistencia social' de los vecinos. Y el propio jefe del Ejecutivo enmendó la plana a un comunicado que la Xunta había emitido el 31 de diciembre en el que aseguraba que el depósito de reses en Mesía obedecía a un 'estricto cumplimiento de la legalidad vigente'.

Ayer, Fraga admitió que su Gabinete se saltó las normas españolas y comunitarias, entre ellas un real decreto del pasado 25 de noviembre que prohíbe el enterramiento de reses de más de un año muertas en las explotaciones, una forma de prevenir la propagación de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Para justificar la vulneración de la legalidad, Fraga explicó que su Gobierno se había visto ante una 'situación de emergencia' debido a una avería en el único crematorio de animales de la comunidad autónoma, gestionado por la empresa Sugasa en Ourense. Ante la falta de otros medios a su alcance, la Xunta se sintió eximida del cumplimiento de las normas.

'Cosas imposibles'

'Hay un principio ético y jurídico', argumentó Fraga, 'que dice: ad imposibilia nemo fenerat, nadie está obligado a hacer cosas imposibles'. En todo caso, el presidente de la Xunta aseguró que todas las reses arrojadas en Mesía habían fallecido 'de muerte natural' y que se escogió un terreno que garantizaba que no se produciría filtración de residuos.

Casi a la vez que Fraga realizaba este reconocimiento público, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ordes (A Coruña) llamaba a declarar como imputado por un delito contra el medio ambiente al director general de Producción Agropecuaria de la Xunta, Antonio Crespo, contra el que habían dirigido una demanda los vecinos de Mesía y el sindicato Unións Agrarias. El juzgado, que espera recibir un informe de la Guardia Civil para decidir si ordena el sellado del vertedero y la exhumación de los cadáveres, también ordenó a la Xunta que tome las 'oportunas instrucciones en orden a preservar la salubridad de la población' y a garantizar el cumplimiento 'de la legislación aplicable al caso'.

El Gobierno gallego ha dado marcha atrás en su decisión de proseguir los enterramientos en Mesía tras obtener el beneplácito de Touro, otro municipio de la misma comarca coruñesa, para construir allí una nueva planta incineradora. Fraga no fijó un plazo para la construcción de este crematorio. Mientras no esté concluido, Touro cederá otra mina abandonada para convertirla en almacén provisional de cadáveres con todas las medidas de seguridad dispuestas por la UE que no se cumplieron en el caso de Mesía.

Una vez reparada la avería de la incineradora de Ourense y de que la Generalitat de Cataluña haya aceptado ceder sus instalaciones para quemar cadáveres, el Gobierno gallego se compromete a eliminar todo el material de los animales muertos susceptible de difundir el prión causante de la EEB.

Ayuda celestial

Por lo demás, Fraga se encomendó a la colaboración divina: 'Sólo cabe esperar que la Providencia y el Señor Santiago nos ayuden en esta desgracia, y conseguiremos salir de esta situación'. A la ayuda celestial, Fraga espera que se sume el Ministerio de Agricultura aumentando el presupuesto del plan para prevenir la EEB, 'algo condicionado', admitió, 'por el objetivo de déficit cero'.

En Galicia hay una cabaña bovina de más de un millón de cabezas, y se calcula que la mortandad natural afecta a un 2%, lo que equivale a medio centenar de reses diarias. Sugasa, propietaria del crematorio de Ourense, ha ofrecido cifras contradictorias sobre su capacidad de incineración: a algunos sindicatos les habló de que podía quemar 50 animales diarios y a otros les dobló la cifra. El pasado fin de semana este periódico comprobó que la actividad en la incineradora era prácticamente nula y los cadáveres se amontonaban en las instalaciones. Pero la gerencia de la empresa no atendió las llamadas para confirmar si se había producido alguna avería. La dirección de Sugasa incluso requirió la presencia de la policía autonómica para alejar a los periodistas y dirigentes sindicales que trataban de averiguar lo que estaba sucediendo.