Ganaderos y vecinos denuncian a la Xunta por depositar 300 reses muertas en una mina

'El camino que atraviesa la explotación está lleno de sangre y de miles de gusanos', decía ayer para describir la situación José Lino Bermúdez, recién designado portavoz de un grupo de vecinos que no olvidarán la despedida del siglo XX y exigen empezar el XXI sin la montaña de cadáveres que les han almacenado cerca de sus casas. El trayecto de los residuos, según los vecinos, finaliza en un arroyo que desemboca cien metros más abajo en el río Maruzo.

'Cuando un vecino nos llamó el sábado para denunciar que estaban enterradas 300 vacas, no le hicimos caso porque pensamos que era una inocentada tardía', comentó Manuel Bouzas, dirigente de Federación de Empresarios Productores de Lácteos (Feplac), que también denunciaron el caso en la Guardia Civil.

Sin embargo, la Administración autonómica, mediante una nota emitida la noche del pasado día 31 por la Comisión de Seguimiento de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), asegura que las reses depositadas en Mesía no son sospechosas de padecer la enfermedad de las vacas locas, y que el enterramiento 'no comporta riesgo alguno y se ha realizado en estricto cumplimiento de la legalidad vigente'.

Pero ayer, representantes de las 50 casas de Lanzá y dirigentes de la Feplac acordaron iniciar acciones legales para argumentar y complementar las dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil y para denunciar el caso ante la Comisión de Sanidad de la Unión Europea. 'Aquí, además de un evidente delito ecológico, hay una ilegalidad flagrante de la normativa europea para aquellas zonas donde se ha declarado la EEB, y sobre todo una tomadura de pelo a los ganaderos, porque la Xunta no cumple las normas que impone a los particulares', aseguró Xaquín López, presidente de la Feplac.

López tiene un expediente de sanción abierto por el Seprona por haber enterrado el 11 de diciembre, ante los medios de comunicación, una vaca que había muerto en su explotación, después de varios intentos para que se la recogieran los servicios de la administración.

Cabezas enteras

'El comunicado de la Xunta no dice más verdad que la fecha, porque la normativa comunitaria admite los vertederos controlados únicamente para aquellas zonas donde no hay riesgo de EEB, y además, el de Lanzá no es precisamente un vertedero controlado', señaló el dirigente ganadero, que también criticó que se asegure que las reses no eran sospechosas de EEB 'cuando tienen las cabezas enteras, lo que prueba que no han sido objeto de análisis'.

La nota de la administración no especifica cuántas reses se han depositado en la antigua mina de la empresa Erimsa (perteneciente al grupo industrial del ex ministro Juan Miguel Villar Mir), pero los vecinos calculan que no son menos de 300 y pueden llegar al medio millar.

El pasado jueves, algunos vecinos que iban con ganado hacia sus fincas notaron una actividad extraña en la explotación y se acercaron, pero no los dejaron pasar. Al día siguiente, lo que advirtieron fue un fuerte olor a podrido y el sábado, narra José Lino Bermúdez, 'ya nos tiramos a entrar y vimos dos enormes montañas de vacas, camiones descargando más y una pala excavadora enterrándolas. Avisamos a la Guardia Civil, que vino a las dos horas y nos dijo que no podían hacer nada. Por los alrededores veíamos circular más camiones'.

Esa misma noche decidieron impedir el acceso de los vehículos, y en la mañana del domingo, en las inmediaciones de la explotación de Erimsa se reunieron una veintena de coches de la Guardia Civil y de la policía autonómica.

'El alcalde apareció por fin y dio orden de paralizar la entrada de camiones. Nos fiamos y por la noche nos fuimos a cenar, pero a la hora y media notamos que habían entrado de nuevo a la mina, para echar más cal en los sitios donde el agua había dejado los cuerpos al descubierto. Por eso volvimos esta mañana', señaló Bermúdez.

El presidente del grupo parlamentario socialista en la Cámara gallega, Ismael Rego, censuró la utilización de la mina para depositar las reses muertas, una acción que, según él, 'acrecienta la incertidumbre y la desconfianza' en la actuación de la Xunta en la lucha contra el mal de las vacas locas, informa Efe. Para Rego, el Gobierno gallego 'no puede garantizar nada si está incumpliendo sus propias resoluciones', ya que existe una normativa que prohíbe el enterramiento de los animales de riesgo y que obliga a su incineración.