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VERANO 2000

Los socorristas advierten deficiencias de seguridad en una de cada cuatro piscinas

Salud mantiene que la mayoría son fallos leves, aunque pide más control a los ayuntamientos

Una de cada cuatro piscinas de uso colectivo incumple las normas de seguridad: socorristas que tienen que hacer funciones ajenas al salvamento y que le impiden dedicarse de lleno a la vigilancia, aros salvavidas que no reúnen las condiciones exigidas y ausencia de la señalización de profundidad. La Cruz Roja y la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo (FASS) coinciden a la hora de precisar los incumplimientos del reglamento sobre piscinas aprobado en febrero de 1999.La Consejería de Salud sostiene en cambio que las infracciones son generalmente leves y relacionadas con la higiene. No obstante, los responsables sanitarios reclaman más control por parte de los ayuntamientos. Para las organizaciones de socorrismo, los incumplimientos son producto de la dispersión de competencias entre la Junta y los municipios y de la pretensión de algunas comunidades de propietarios de ahorrar gastos en detrimento de la seguridad.

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La Cruz Roja y la federación reprochan que a los socorristas se les asignen tareas que les distraen de sus funciones específicas, como recoger basuras, controlar tickets o colocar hamacas. La FASS incluso denuncia que existe un vacío legal en torno a quién puede ejercer labores de salvamento, lo que facilita que "cualquiera, con un curso de ocho horas" sea socorrista.

El reglamento afecta a las piscinas de uso colectivo y de urbanizaciones de más de 20 viviendas. Estas instalaciones deben tener aros salvavidas que cubran la totalidad del espejo de agua. Tanto la Cruz Roja como la federación aseguran que algunas piscinas carecen de esta protección y que otras no cumplen las características exigidas o no pasan controles de mantenimiento.

El secretario de la federación, Juan José Sánchez, resume sus críticas: "Los controles de las administraciones competentes [Junta y ayuntamientos] son insuficientes; además, existe un vacío legal que permite que trabajen socorristas que no son profesionales". Ni La Cruz Roja ni la federación aportaron datos sobre accidentes registrados en las piscinas de la comunidad autónoma, pero defendieron su denuncia en que "la experiencia diaria" les demuestra que hay deficiencias bastante generalizadas en materia de seguridad.

La opinión de Manuel Grego, de la Cruz Roja, varía muy poco. "El reglamento estaría bien si se cumpliera a rajatabla, pero hay un incumplimiento generalizado de esa norma. Diría que superior al 25%. Las administraciones competentes deberían ser más duras, sobre todo en materia de seguridad". La única discrepancia entre ambas organizaciones es en torno a dónde se registran más incumplimientos. Para la federación, la mayoría de las infracciones se registra en las comunidades. Para la Cruz Roja, las deficiencias de estas piscinas van a la par de la que se detectan en las de los hoteles o las municipales.

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La Dirección General de Salud Pública en cambio hace un balance menos alarmista y rechaza que exista un incumplimiento generalizado. "Se bañan millones de personas en piscinas y los sucesos graves son rarísimos", apuntó su titular, María Antigua Escalera. La dirección tampoco facilitó datos sobre accidentes y sanciones ya que presentará el balance de la temporada en las próximas semanas.

Isabel Andújar, jefa del servicio de Salud de Málaga, precisó que la mayoría de las deficiencias no son graves, están relacionadas más con la higiene que con la seguridad -como agentes desinfectantes en cantidad insuficiente o ausencia de un sistema mecanizado para la dosificación de estos productos- y generalmente se corrigen. Como prueba de esta afirmación, Andújar apuntó que desde que se aprobó el reglamento no se ha tenido que cerrar ninguna piscina por incumplimiento grave de la norma. En Málaga hay censadas 1.184. El año pasado se iniciaron 71 expedientes, aunque no todos acabaron en sanción. Para Andújar hay un dato positivo: los permisos de apertura y reapertura han aumentado con respecto a 1999, lo que supone una mayor disposición a acatar el reglamento.

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