Una política de empleo de vergüenza
Los últimos datos estadísticos oficiales tal cual se dan a la opinión pública, ofrecen una visión casi perfecta sobre la evolución del empleo en nuestro país. Más de 15 millones de afiliados a la Seguridad Social y 700.000 nuevos en lo que va de año parecen cifras mágicas que convierten al empleo en fantástico. Es idéntico a lo que venimos escuchando en los últimos tiempos cuando se habla del trabajo.Sin embargo, si se desmenuzan los contratos; el tipo de las contrataciones; el número de ellos que se formulan a tiempo parcial; las condiciones laborales de cada uno de ellos; la manera a la cual se accede a un trabajo; el puesto de trabajo que se ocupa; las relaciones que se establece entre los trabajadores-as y las empresas a pie de tajo..., nos encontramos con una realidad bien distinta que nos debería llevar a la conclusión, mucho más real, de que el empleo en nuestro país está en profunda crisis.
Andalucía, en lo que a situaciones negativas se refiere, está a la cabeza de casi todo y, en este terreno, lamentablemente no podía ser menos: de 46 andaluces o andaluzas que trabajan lo hacen en forma temporal. La construcción y la agricultura encabezan el ranking de contratos temporales, llegando a situarse ambos sectores en el 80%.
Los expertos podrán decir lo que quieran. Los datos oficiales del poder lo mismo, pero eso que ellos llaman empleo, es una broma de mal gusto.
¿Acaso se le puede llamar empleo a esos miles de contratos que sólo duran unas horas de trabajo? A esa forma de contratar se le tiene que denominar abuso empresarial ¿Es empleo el nombre que tiene que recibir aquello que está suscrito en condiciones extremas de temporalidad y con salarios de vergüenza? Su nombre será realizar un trabajo, pero su apellido tendrá que llevar el de explotación en el más puro estilo tradicional.
Algo así como unas 70 de cada 100 personas están siendo permanentemente contratadas por las mismas empresas. Siete de cada 100 son contratados hasta 15 veces para cubrir el mismo puesto de trabajo. Incluso te encuentras con casos especiales que ponen los pelos de punta (una persona 1.500 veces contratada).
Hay que investigar a los grandes empresarios, a esas empresas multinacionales que se las saben todas y que además cuentan, no sólo con la bendición del Gobierno, sino que incluso reciben ayudas públicas, investigarlas para no permitirles sus descarados métodos de contratación.
Esos abusos indiscriminados, esa explotación suprema, ese miedo en la gente que llega a esos trabajos, son las consecuencias directas de esa llamada política de empleo y tienen que desaparecer.
No se puede seguir por ese camino de claros fraudes empresariales. El Gobierno de la nación y el Gobierno andaluz no deben ser cómplices. Las cúpulas sindicales de la UGT y de Comisiones Obreras no pueden continuar riéndoles las gracias a todo ese entramado de intereses ajenos al sentido común y a los avances de progreso que algunos deseamos, para todos en general.
Suprimir las ayudas públicas, penalizar a las empresas que repitan contrataciones para una misma tarea en el espacio de unos días o semanas, debe ser labor prioritaria en materia de control de empleo. Cambiar leyes, normas, o lo que haga falta para impedir tantísimos abusos.
Claro que puede ocurrir que ni unos ni otros estén por la labor y en el futuro nos encontremos con más de lo mismo. Llegado a ese punto, deben ser los propios afectados, y solidariamente la sociedad concienciada, quienes estemos obligados a poner freno a esta sinrazón.
José Fernández Vázquez, de la secretaría general colegiada del Sindicatos de Obreros del Campo y del medio rural de Andalucía.
