Atacar las causas
Es alarmante la desvalorización que, en los últimos 20 años, se ha producido respecto a lo que antes se denominaba la dignidad del trabajo. Actualmente, cualquier medida que degrada las condiciones laborales parece estar justificada en nombre del empleo, contratos formativos que, en realidad, son contratos baratos, que, más que formar, descualifican; traslado a los trabajadores de las cargas sociales bajo la triquiñuela de convertirlos en "trabajadores autónomos"; renuncia al principio de "a igual trabajo, igual salario" mediante el establecimiento de escalas salariales diferentes en función de la fecha de entrada al trabajo; mercantilización de la intermediación laboral; altas médicas del trabajador accidentado concedidas antes de su definitiva curación; precariedad laboral en una triple dimensión que afecta al estatuto profesional, salarial y de protección social. Incluso la salud, la seguridad y la vida en el trabajo parecen tener una valoración subordinada a la de los costes de producción.La escasa atención informativa que, hasta hace bien poco, se ha prestado a la siniestralidad laboral en nuestro país -1.671.004 accidentes laborales el año pasado, de los que 1.572 fueron mortales- contrasta con la alarma social que provocan, por ejemplo, las muertes que pueden estar vinculadas a las listas de espera en los servicios de cirugía cardiovascular de los hospitales públicos, que son, numéricamente, mucho menos cuantiosas. También contrasta con la prontitud y contundencia en la respuesta gubernamental: mientras que la ministra de Sanidad se ha visto impelida a presentar rápidamente en el Parlamento un plan de choque respecto a las listas de espera, no hay ningún anuncio de que el ministro de Trabajo vaya a presentar a la Cámara algo parecido en cuanto a los accidentes laborales.
La insensibilidad ante el dramático problema de los accidentes en el trabajo es un mal extendido en España. En las empresas, porque impera el axioma de que lo más importante es la producción, la seguridad es secundaria. De tal manera que se tiende a valorar la prevención más como un coste que como una inversión. En los trabajadores prevalecen los comportamientos tendentes al fatalismo y una escasa cultura de la autoprotección. La actitud pasiva de la Administración encuentra su origen en una mezcla de causas en la que se combinan: la escasa dotación de los servicios de Inspección de Trabajo junto a una cierta tendencia desde hace bastantes años a mirar para otro lado para no gravar la competitividad de las empresas; el debilitamiento y deshilachamiento de las estructuras públicas nacionales y autonómicas creadas en torno al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y un cierto reduccionismo normativo, que cifra todas las esperanzas en la nueva Ley de Prevención, que, en general, es un marco normativo homologable con el de otros países europeos, pero que no puede solucionar por sí sola las causas estructurales que están en la base del problema. El anuncio del Defensor del Pueblo de una investigación sobre la siniestralidad laboral o la disposición de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid a intervenir en esta materia indican que algo está cambiando paulatinamente en los comportamientos de la Administración.
Las causas de la anormal siniestralidad española hay que situarlas en la escasa cultura de empresarios y trabajadores frente al riesgo laboral (la propia ley señala que el efecto más importante de la misma ha de ser el de promover un cambio cultural en la prevención de los riesgos del trabajo) y en factores estructurales de nuestro mercado de trabajo. Entre éstos, la extensión del horario de trabajo (el 73% de los trabajadores españoles trabajan, efectivamente, más de 40 horas a la semana), que es, según la OCDE, el más alto de Europa, tras Portugal; la presión sobre los ritmos de trabajo, que se está incrementando de forma constante; las formas de trabajo a destajo y por incentivos individuales en actividades peligrosas. Y, sobre todo, la precariedad y la rotación en el empleo: el 60% de los accidentes laborales los sufren trabajadores jóvenes (la temporalidad supera el 70% entre los jóvenes menores de 25 años) y la velocidad en la rotación del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los trabajadores precarios que entre los fijos.
En cuanto a las respuestas, probablemente será necesario remediar los incumplimientos y las imperfecciones de la Ley de Prevención con iniciativas como, por ejemplo, reconocer la participación sindical en la prevención de las empresas más pequeñas.
Pero, esencialmente, lo que resulta imprescindible es actuar sobre las causas estructurales, con medidas restrictivas en el uso intensivo y extensivo de la fuerza de trabajo, la reducción drástica de la temporalidad en el empleo, la limitación del uso de trabajadores de las ETT en trabajos con riesgo, la reducción de las horas extraordinarias, el establecimiento de criterios de "excelencia preventiva", ya que la calidad en las condiciones de trabajo debe formar parte de sistemas de calidad total que engloban a todas las funciones de la empresa, desde el diseño del producto hasta la comercialización.
Asimismo, es necesaria la puesta en marcha de un plan de choque para las aproximadamente 30.000 empresas en las que se concentran el 50% de los accidentes; mayor utilización, selectiva y ejemplarizante, por parte de la Inspección de Trabajo, del recurso a la paralización productiva, posibilidad recogida en nuestro ordenamiento, lo mismo que en el de otros países europeos; replanteamiento del papel de las mutuas de accidentes, que en otros países europeos -al no tener solamente una composición patronal- cumplen una función de denuncia de situaciones de riesgo que aquí no ejercen. En este sentido, la mercantilización de la elaboración de los informes de los estudios de evaluación de riesgos está propiciando que ni cambien las condiciones de trabajo ni se asuman políticas preventivas eficaces; la realización de campañas informativas y formativas enfocadas a grupos laborales específicos, que pueden ser más efectivas que las acciones estandarizadas que venden prevención como quien vende detergentes.
Finalmente, la recuperación del papel de las instituciones públicas especializadas, y su adaptación a los nuevos requisitos de la Ley de Prevención, es un factor necesario para viabilizar un plan nacional de prevención.
José María Zafiaur Narvaiza es miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea.
