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El TSJA ratifica el paro de las obras del paseo marítimo de Málaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió ayer un nuevo auto manteniendo la suspensión de las obras de construcción del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga, al no aceptar las alegaciones contra la medida expuestas por el Ayuntamiento de la ciudad. La sala de lo contencioso administrativo ratifica el auto anterior y rechaza que la paralización, como sostiene el consistorio, debiera decidirla la Dirección General de Costas, que financia la obra. El litigio lo inició Asunción Aguilar, propietaria de una parcela de poco más de 70 metros cuadrados, que interpuso un recurso en el que pidió la paralización de las obras, ya que sus terrenos no habían sido expropiados. Aguilar, junto a otro propietario que posee una parcela similar, no se adhirió en su día a la junta de compensación de San Andrés, constituida por los dueños de los terrenos afectados por el proyecto. El Ayuntamiento debió acudir entonces a la vía de la expropiación, pero no lo hizo hasta un mes después de que se iniciaran los trabajos.

La sala suspendió las obras el 7 de junio como medida cautelar y fijó a las partes para una nueva comparecencia el día 15. Ayer se conoció que, tras esa vista, la sala decide mantener la medida de paralización de los trabajos. En el auto, sin embargo, no se explica si la suspensión afecta a la totalidad de la obra, aunque todo hace indicar que se trata tan sólo de la zona no expropiada.

En un escrito remitido por el letrado de la recurrente al tribunal, se alerta a la sala de que el Ayuntamiento no acató la primera suspensión y siguió los movimientos de tierra, zanjas y otras actuaciones sobre su parcela.

El auto del TSJA cuestiona la defensa del Ayuntamiento de Málaga, que esgrimió que se trataba de una actuación de la Dirección General de Costas. Entienden los magistrados que el Consistorio malagueño era la Administración encargada de poner los terrenos a disposición del Estado y, por lo tanto, de expropiarlos, lo que en la práctica significa que ha sido la Gerencia de Urbanismo de Málaga la que ocupó la parcela de propiedad privada.

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