La Fiscalía Antidroga recusa al juez Ruiz Polanco por la puesta en libertad de un 'narco'
La Fiscalía Antidroga ha recusado al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco por la puesta en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas del presunto narcotraficante Alfredo Cordero el pasado viernes. El fiscal jefe antidroga, Juan Ortiz Úrculo, ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que narra que la libertad de Cordero se produjo después de que éste hubiera cambiado a su abogado de siempre por otro, amigo del juez, sugiriendo la existencia de un presunto delito de prevaricación, aunque sin mencionarlo expresamente, pero "a los efectos que correspondan". El juez defendió ayer la legalidad de su actuación y señaló que no es amigo del letrado.
El fiscal jefe antidroga comunicó también los hechos al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, en un gesto de cortesía que no es preceptivo. Es la primera vez que la Fiscalía recusa a un juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Alfredo Cordero González es un viejo conocido de los medios de comunicación. Detenido en julio de 1990, en la segunda fase de la Operación Nécora, la policía lo consideró uno de los principales responsables, junto con Manuel Charlín Gama, jefe del clan de los Charlines. Tras cuatro años en prisión preventiva, tanto Cordero como Charlín fueron absueltos de tráfico de droga. La absolución fue recurrida por el fiscal y confirmada por el Tribunal Supremo.
Posteriormente, en septiembre de 1997, la Guardia Civil se incautó de un alijo de casi 5.000 kilos de cocaína descubierto en una cueva natural en el acantilado de Cerba, de Tapia de Casariego (Asturias). Se produjeron varias detenciones y nuevamente Cordero fue considerado por la Fiscalía Antidroga como el propietario de la droga. Cordero estuvo dos años y medio en paradero desconocido, hasta que hace pocos meses fue detenido.
El juez Ruiz Polanco acordó inicialmente su ingreso en prisión preventiva, y posteriormente desestimó su recurso de reforma. Hace aproximadamente un mes, Cordero sustituyó a su abogado habitual, Eleuterio Cudeiro, por un letrado de Pamplona, Javier Morales, conocido del juez instructor, puesto que ha ejercido 16 años en la capital navarra. Finalmente y tras haber concluido el sumario, el magistrado decidió el viernes pasado acceder a la libertad solicitada por el nuevo abogado de Cordero. La Fiscalía Antidroga ha presentado recurso contra la libertad y al mismo tiempo ha recusado al juez.
El magistrado manifestó en presencia de la secretaria judicial María Mariscal de Gante a este periódico y a un redactor de la Cadena SER que su actuación es absolutamente legal. Señaló que no descarta que el presunto narcotraficante contratase al nuevo abogado por el hecho de que éste le conociera, pero que no puede saberlo. "No es amigo mío", puntualizó el juez Ruiz Polanco. "Le conozco como a tantos otros después de haber ejercido 16 años en Pamplona. En todo ese tiempo habré hablado con él seis o siete veces siempre por temas profesionales y es un chico joven, que me parece un buen abogado, competente y leal". Es esa relación la que la Fiscalía argumenta para recusar al juez.
El magistrado rechaza cualquier posibilidad de prevaricación y explica que los argumentos del abogado en favor de Cordero le convencieron, como en otras ocasiones le han convencido los abogados de etarras o de otros implicados. Entre esos argumentos figuran que Cordero nunca ha sido condenado por narcotráfico, que pasó cuatro años en prisión preventiva por la Operación Nécora antes de ser absuelto, y que la prisión preventiva no puede ser permanente. El letrado expuso también que Cordero tiene arraigo familiar en Galicia y que no tiene intención de eludir la acción de la Justicia.
El magistrado cree que es la Fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad de Cordero y haciendo un juego de palabras señala: "Todos somos corderos mientras no se demuestre que somos lobos". El juez al recibir la recusación ha pasado el caso a su sustituto, el juez Baltasar Garzón, que deberá resolver el incidente.
La Fiscalía del Estado, por su parte, deberá decidir si presenta ante el Tribunal Supremo una denuncia por posible delito de prevaricación o si por el contrario considera que el recurso interpuesto es suficiente solución al problema.
