La Generalitat aumentó un 61% la dotación a la escuela privada en los últimos cinco años

Mientras que el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para implantar la reforma escolar, entre 1994 y 1999, supuso un aumento global del 35,6%, los recursos destinados a los centros privados concertados crecieron casi el doble (61,3%), tal y como se desprende de la liquidación de los presupuestos. Por esta razón, el peso de las partidas destinadas a conciertos en relación al conjunto del presupuesto de Enseñanza pasó de un 20% en 1994 a un 24% en 1999. Durante este periodo, Enseñanza incrementó en 34.000 millones de pesetas los gastos dedicados a conciertos.

A través de los conciertos educativos, la Generalitat costea parte de los gastos de los centros privados que imparten la enseñanza obligatoria. Esta financiación es doble: por una parte, se fija un importe anual por unidad escolar, que ayuda a financiar el funcionamiento de las aulas; por otra, se paga la totalidad del sueldo de los profesores, partida que se lleva la mayor parte del dinero.Ramón Farré, secretario general de Enseñanza, argumenta que el aumento del dinero destinado a conciertos fue debido a tres factores, todos relacionados con la implantación de la reforma en los centros concertados: el incremento de dos cursos financiados con fondos públicos por la prolongación de la escolarización hasta los 16 años, el aumento de las retribuciones al profesorado y el descenso del número de alumnos por aula.

Farré defiende que gracias al aumento del gasto en conciertos se ha podido mejorar la calidad de la enseñanza en el sector privado y, asimismo, en todo el sistema educativo. También destaca que ha permitido igualar las retribuciones de los docentes de la concertada respecto a los de la pública. En 1995 los profesores de la privada concertada cobraban el 90% de lo que percibían los de la pública. Este porcentaje ha ido aumentando hasta llegar al actual 95%.

Críticas sindicales

Los sindicatos con representación en la enseñanza pública y la privada, CC OO y UGT, piden que las retribuciones de los dos colectivos se igualen completamente, lo que significaría aumentar el dinero destinado a conciertos. Conscientes de ello, advierten de que la verdadera causa del incremento del gasto en conciertos no ha sido la equiparación salarial, sino la política de Enseñanza de favorecer a la privada. Joan Carles Gallego, secretario de Enseñanza de CC OO, asegura que "lo que se evidencia con este incremento es que los presupuestos destinados a la educación han crecido de forma insuficiente".

Los sindicatos también critican que el aumento de los recursos destinados a centros privados no se reflejara en los presupuestos. En 1998, por ejemplo, el presupuesto inicial indicaba una partida de 64.835 millones de pesetas. En realidad, se gastó ese mismo año la cantidad de 82.200. Según el secretario general de Enseñanza, la disparidad entre lo presupuestado inicialmente y lo realmente gastado ha terminado. Farré afirma que la partida destinada a conciertos ha dejado de ser abierta. "Pueden existir desviaciones, pero serán pequeñas", asegura. Este cambio, según Farré, demuestra la "voluntad de transparencia y control" de la nueva consejera, Carme Laura Gil. No obstante, asegura que ahora es más fácil controlar el gasto porque se conoce con más exactitud el número real de unidades concertadas, lo que no sucedía cuando era titular de Enseñanza Xavier Hernández.

El aumento de aulas en la concertada, fruto de la escolarización hasta los 16 años, es evidente. Hernández, en un discurso en el Parlament, afirmó que la implantación de la reforma en el sector privado había originado un aumento de 1.495 unidades concertadas. Esta situación supone que la Administración costea dos cursos más, que antes no estaban concertados. En el anterior sistema, se concertaban primordialmente las unidades de primaria, por ser el único tramo obligatorio. En teoría, este aumento ha servido para sufragar los gastos derivados de la reforma en el sector privado.

Otra consecuencia del aumento de unidades concertadas de Secundaria proviene del hecho de que los alumnos de Primaria permanecen en el centro al pasar a la ESO, mientras que antes de la reforma solían pasarse a los centros públicos, por ser en algunas zonas los únicos que impartían la enseñanza gratuita. Asimismo, los centros concertados han empezado a recibir alumnos procedentes del sector público, ya que el concierto ha hecho que sus precios sean mucho más asequibles. Se calcula que el 10% de los alumnos pasan de centros públicos a privados al llegar el primer curso de la ESO.

El sindicato USTEC-STEs, uno de los más críticos, junto con la CGT, con la política de conciertos llevada a cabo por Enseñanza, afirma que el incremento de unidades no puede justificarse por la prolongación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Ramon Simon, portavoz de USTEC-STEs, sostiene que el verdadero problema es que "se han aumentado las unidades de ESO por encima de la demanda real de plazas". Simon cree que se ha beneficiado a la escuela privada: "No se ha respetado el equilibrio entre la pública y la privada, lo que ha permitido que la patronal pudiera introducirse en la secundaria. Y todo ello ha ido en detrimento de la escuela pública: mientras se cerraban aulas públicas, se mantenían o abrían unidades privadas".

Cuotas por actividades

Farré niega que el incremento se atribuya a esta causa e insiste en que existen las mismas unidades concertadas que antes de la reforma, lo que se explicaría por el cierre de unidades concertadas al no poder adaptarse a los cambios de la reforma.

Enseñanza justifica su política de conciertos en que debía generalizarse la reforma en el sector privado concertado para garantizar el derecho a la educación gratuita y a la libertad de opción educativa. Para garantizar estos derechos, los centros concertados no pueden cobrar matrículas a sus alumnos, pero sí establecer cuotas por la realización de actividades fuera del horario escolar. Otra forma de matrícula encubierta es el cobro de cantidades destinadas a sufragar la fundación del centro. Esto motiva que los hijos de familias con menos recursos no vayan a estos centros, ya que no se pueden costear estas cuotas, que en algunos casos incluso pueden superar las 20.000 pesetas al mes. Por este motivo, la comunidad educativa acusa a estos centros, que cobran el concierto para cumplir los mismos criterios que la pública, de seleccionar a su alumnado y de provocar concentraciones de alumnos inmigrantes o con pocos recursos en los centros públicos.