Licencias para ganar.

Tiene interés comparar la forma en que el Gobierno laborista inglés está concediendo las licencias de telefonía móvil (UMTS) con el sistema de concesión que ha utilizado el Gobierno español. La comparación permite observar las ventajas de aplicar un enfoque que es a la vez liberal (porque utiliza la competencia para asignar mejor los recursos de la economía) y de izquierda (porque se preocupa de que las ganancias no se queden en las manos de unos pocos ), frente a un sistema que es poco liberal y menos solidario.La cuestión es decidir la forma en que se debe asignar el espectro (el espacio electromagnético que van a utilizar las empresas de telefonía móvil) que es un recurso limitado que no puede ser utilizado libremente por todas las empresas que quieran, sino que se debe asignar a unas pocas, aquellas a las que se les concede la licencia. El espectro es un bien público e importa la forma en se concede su uso para fines privados. La forma elegida por el Gobierno de Blair es la que se le ocurre a un liberal: utilizar un sistema de competencia. Se conceden las licencias a las empresas que paguen más por ellas. Aunque todavía no ha finalizado la puja en el Reino Unido, las empresas ya están dispuestas a pagar más de cuatro billones.

Frente a este sistema, el Gobierno español ha elegido una fórmula que en la jerga de los sistemas de concesión se denomina un beauty contest porque el procedimiento de selección de los ganadores es similar al de los concursos de belleza. En España no se subasta el uso del espectro, sino que se les pide a las empresas que paguen un canon fijo de 20.000 millones de pesetas. Si se hubiera utilizado el sistema inglés se habrían conseguido varios billones de pesetas. Y no es que el modelo de pura subasta sea el óptimo. Es razonable introducir en los concursos todas las exigencias de despliegue de la red y calidad de los servicios que se consideren necesarias, incluso las obligaciones de prestar servicios de carácter social que se quieran. Pero, al final, siempre es mejor que la asignación se haga, respecto a la variable que se quiera, por medio de un sistema de competencia. Si además lo que se asigna es un bien público, la competencia garantiza la transparencia y no deja resquicio alguno a sospechas de amiguismo.

El planteamiento del Gobierno español no sólo impide asignar bien los recursos -no se lleva la licencia quien más la valora-, sino que entrega casi gratis a las empresas agraciadas el uso de un bien que, por su carácter escaso, genera unas rentas monopolísticas billonarias Y esto es lo que le añade otra característica al procedimiento español: no sólo es poco liberal sino que, además, no se preocupa de que se distribuyan esas ganancias entre todos.

En efecto, los billones que se hubieran recaudado por un sistema como el británico, podrían haberse utilizado para fines públicos como más becas, más infraestructuras, reducción de impuestos directos sin subir los indirectos... También se podrían haber usado para ayudar a los que tienen más dificultades en acceder a las nuevas tecnologías -como el acceso a Internet o la disposición de ordenadores personales en todos los hogares-, políticas que, por cierto, están siendo desarrolladas desde hace tiempo por los socialdemócratas de los países nórdicos con bastante éxito. En vez de devolver la renta generada por el uso de un bien público y escaso a la mayoría de los ciudadanos, la solución española ha dejado que las ganancias derivadas del uso de ese bien público vayan a los accionistas y directivos ( a través de stock options, por ejemplo) de las empresas beneficiadas. Una vez más se detecta la diferencia entre el atractivo aroma de un discurso liberal y centrista, que hay que seguir apoyando, y unas actuaciones con el olor a rancio que se desprende de la falta la competencia.