Protección de Datos investiga al PP por su 'web' de denuncias a 'narcos'
Juan Manuel Fernández López, director de la Agencia de Protección de Datos (APD), organismo encargado de que se cumpla la legislación sobre protección de datos personales, ha ordenado al servicio de inspección que investigue el fichero del PP que, a través de Internet, recoge en una página web denuncias anónimas contra supuestos narcotraficantes, que se remiten "a las autoridades competentes". Las sanciones imponibles, si la APD abre expediente, llegan a 100 millones de pesetas de multa.
La inspección ordenada ayer por Fernández López pretende "conocer las características del fichero y comprobar si se cumplen las circunstancias adecuadas para iniciar un procedimiento sancionador", según informaron a EL PAÍS fuentes de la APD.Tanto Fernández López como su adjunto Jesús Rubí se encontraban de viaje oficial en Suecia el viernes, cuando apareció en Diario 16 la primera información sobre la página web de denuncias anónimas promovida por el PP. Tras su regreso, ayer mismo, el director de la APD hizo uso de oficio de la potestad de inspección que le atribuye la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
Los inspectores podrán recabar "cuantas informaciones precisen" y, en concreto, "podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se hallen instalados", todo ello según la mencionada ley, promovida por el PP y que entró en vigor el 14 de enero de 2000.
Denuncias falsas impunes
Uno de los riesgos de estos ficheros de acusaciones anónimas, según fuentes jurídicas y policiales, es que se produzcan denuncias falsas que queden impunes, a pesar de que dicha conducta es delictiva.
Un jurista preocupado por los atentados a los derechos humanos a través de la informática, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, considera que "potenciar la delación para luchar contra la delincuencia no es una buena medida para una sociedad democrática".
Martín Pallín cree que "los órganos idóneos para recibir esas denuncias son las autoridades policiales, por su especialización y formación". En todo caso, este magistrado recuerda que "cuando las denuncias se formulan a través de procedimientos que permiten el tratamiento informatizado de los datos, no se puede olvidar el artículo 7.5 de la vigente Ley de Protección de Datos". Según ese precepto, "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes".
La infracción de este precepto está considerada como grave, sancionable con multa de hasta 50 millones, si bien otro supuesto, "la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas", incurre en infracción muy grave, sancionable con hasta 100 millones de pesetas de multa.
