El fiscal evita la cuestión de la lengua en sus conclusiones
La Fiscalía de Tarragona ha sido sumamente discreta en su escrito de conclusiones provisionales, en las que demanda ocho años de inhabilitación para el rector de la URV, Lluís Arola, y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, al no mencionar la supuesta marginación del castellano en los exámenes y centrarse exclusivamente en si los dos cargos obraron de forma correcta en su decisión de apartar a dos profesores del tribunal de corrección de las pruebas.El fiscal, Ignacio Monreal, ha obviado en todo momento referirse a la cuestión lingüística respetando "la prudencia" que reclamó el fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, quien alertó que esta cuestión está "envenenada por las implicaciones políticas y sociológicas que comporta". Monreal se limita a narrar los hechos desde que el rector tuvo conocimiento de que dos profesores habían dirigido sendas quejas al Defensor del Pueblo "sobre la realización de los exámenes", aunque obvia que en dichas quejas se denunciaba una supuesta marginación de los alumnos que solicitaran los cuestionarios en castellano. Asimismo, asegura que Arola e Igual, "puestos de común acuerdo, con ánimo de represalia", decidieron excluir a los dos profesores de las pruebas de selectividad. El fiscal también recoge que el rector encargó de palabra una investigación de los hechos denunciados al propio Igual y éste, sin abstenerse, no hizo constar por escrito ninguna de las actuaciones de la investigación, ni la comunicó a los dos profesores afectados.
Represalias por denunciar
Monreal asegura que la comunicación entre el coordinador de las pruebas y la Comisión de COU y de las Pruebas de Acceso del Consejo Interuniversitario de Cataluña fue errónea. El fiscal sostiene que los profesores faltaron a la normativa al no hacer uso de las vías de información establecidas en caso de incidencia, y entonces se trató de enmascarar la verdadera razón de la exclusión de los profesores, "esto es, haber acudido al Defensor del Pueblo".
Los defensores de Arola e Igual han interpuesto, como última baza que jugar antes de la apertura de juicio oral contra ambos, un recurso de queja ante la Audiencia, con lo que se pretende la paralización de la vista. La Audiencia, en caso de aceptarlo, podría archivar el caso o solicitar una ampliación de la investigación. En el recurso se recogen las contradicciones en que habría incurrido la profesora demandante, Josefina Albert, y apunta que ésta ha sido incapaz de identificar a los alumnos afectados por la supuesta marginación del castellano, por lo que no han podido ser llamados a declarar.
