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El Parlament apoya el reglamento lingüístico de la Rovira i Virgili

Todos los grupos del Parlament, con la única excepción del PP, respaldaron ayer una proposición no de ley en favor del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que ha sido suspendido cautelarmente por un juzgado contencioso administrativo de Tarragona a resultas de un recurso presentado por la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), cuyo líder es el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El texto de la proposición aprobada en la Comisión de Cultura insiste en la existencia de "una campaña estructurada" contra el citado reglamento, al que, asegura, "se ha querido combatir desde acciones judiciales y actuaciones políticas con la voluntad de constreñir los libres acuerdos del máximo órgano representativo de la comunidad universitaria de la URV". La proposición reconoce como "concordante" el reglamento con la Ley de Política Lingüística y "reprueba" los "intentos externos de impedir su cumplimiento". El reglamento de la URV es el primero que se redacta tras la aprobación de la Ley de Política Lingüística de 1998, que también fue votada por todos los grupos de la Cámara a excepción del PP.

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El Parlament evitó pronunciarse sobre el otro conflicto legal que afecta a la URV: el procesamiento del rector Lluís Arola por prevaricación al haber separado de la vigilancia y la corrección de las pruebas de acceso a la Universidad (PAAU) a la profesora Josefina Albert y a otro profesor, que repartieron copias en castellano de los cuestionarios de dichos exámenes.

El fiscal pide ocho años de inhabilitación para el rector y el coordinador de las PAAU, Joan Igual. El diputado de CiU Carles Pellicer quiso mezclar ambos casos cuando defendió el reglamento de la URV y, tras expresar su respeto por las decisiones judiciales, discrepó de que se juzgue a alguien por ello.

PASA A LA PÁGINA 6

Sólo el PP rechaza la proposición de apoyo al reglamento de la URV

VIENE DE LA PÁGINA 1 La proposición fue presentada conjuntamente por CiU, el PSC-CpC, ERC e IC-V. La resolución fue aprobada con 25 votos a favor y 2 en contra, de los diputados del PP. El popular Francesc Vendrell argumentó el voto negativo de su grupo indicando que "el Parlament hoy por hoy no es un tribunal de casación", en referencia a que el asunto está siendo examinado por los tribunales.

El convergente Pellicer defendió el reglamento como un acto "legítimo" porque, en su opinión, "garantiza los derechos lingüísticos", y también "justo" porque "cumple la ley". Pellicer alertó del "peligro" que podrían correr reglamentos similares que elabora el resto de universidades catalanas. La socialista Montserrat Duch, que fue cabeza de lista del PSC-CpC por Tarragona, lamentó que este conflicto haya "alterado la normalidad" de la universidad pública de Tarragona y Reus, y también en parte "la conciencia nacionalista del pueblo catalán". A juicio de Duch, lo sucedido interrumpe el avance de la normalización del catalán.

El republicano Josep Bargalló expresó su "orgullo" por haber aprobado la proposición y también su "vergüenza" por "vivir en un país que permite que pasen cosas como ésta" en un asunto que consideró "de justicia nacional".

Dolors Comas, de IC-V, insinuó que existe un ataque del PP contra la Ley de Política Lingüística. "Cataluña no es Serbia", dijo, "y es bueno que siga siendo así; por eso es una irresponsabilidad fomentar la separación de comunidades".

Por su parte, Convivencia Cívica Catalana hizo pública una nota en la que explica que la finalidad del recurso contra el mencionado reglamento "era preservar los valores constitucionales y estatutarios al entender que dicho reglamento vulnera frontalmente el principio de cooficialidad lingüística". CCC considera que otorgar "ilegítimamente" al catalán el carácter de lengua de uso general y prioritario en detrimento de la otra lengua oficial, el castellano, que de este modo queda excluida del ámbito público universitario, "introduce un elemento de discriminación que pone en peligro la convivencia en el ámbito de la educación superior".

CCC critica asimismo las "adhesiones inquebrantables" al rector de la URV, Lluís Arola, y considera que con estas muestras de apoyo se busca "no sólo coaccionar las instancias judiciales y a los medios de información" sobre el juicio oral abierto contra el rector por prevaricación, sino también "sustraer del control jurisdiccional las actuaciones administrativas".

La entidad considera que "la amenaza de un poder totalitario, sin límites porque no admite acotación racional, es hoy real en Tarragona". Esta plataforma expresa su solidaridad con la profesora Josefina Albert, a la que ha proporcionado defensa legal, y la considera "víctima de una campaña sin parangón de descrédito y de ofensas a su dignidad civil".

Por otra parte, Vidal-Quadras criticó ayer las declaraciones a este periódico del nuevo consejero para Universidades e Investigación de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en cuyas respuestas observa "abundancia de expresiones injuriosas y escasez de argumentos", que, en su opinión, demuestran "los efectos letales del nacionalismo identitario de raíz étnico lingüística sobre la mente humana".

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