El juez del 'caso Grand Tibidabo' ratifica la prisión para De la Rosa
El magistrado de Barcelona Joaquín Aguirre, encargado de instruir la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo, desestimó ayer la petición de los abogados de Javier de la Rosa de sustituir la libertad bajo fianza de mil millones de pesetas decretada en su día por la de arresto domiciliario invocando motivos de salud. El juez considera que el financiero únicamente padece un estado de ansiedad que puede ser tratado en la prisión y que persiste el riesgo de fuga si sale de la cárcel.
El juez explica en su resolución que si acordara la prisión atenuada para De la Rosa se atentaría contra el principio constitucional de igualdad. "La irritabilidad y ansiedad leve por estancia en prisión son comunes a la mayor parte de la población reclusa, salvo los reclusos confesos y con grave sentimiento de remordimiento y culpabilidad", explica el juez. Del mismo modo considera que persiste el riesgo de fuga de Javier de la Rosa y recuerda que, en caso de que se acordara su arresto domiciliario, serían necesarios 23 policías para custodiar la vivienda que posee el financiero, un despliegue de medios que, según el juez, no puede asumir la policía con los efectivos de que dispone.En otro momento de su resolución el juez explica que "no hay razón alguna de orden médico que justifique la necesidad de su excarcelación porque el tratamiento antidepresivo funciona y la ansiedad se puede tratar en prisión". En este sentido, el juez Aguirre considera que De la Rosa no sufre "un padecimiento psíquico imposible de tratar en prisión" y resta importancia al riesgo de suicidio que invocó la defensa a partir de un informe del director de la cárcel de Brians, en Barcelona. Si esa gravedad fuera tal se habría comunicado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, afirma su titular, Joaquín Aguirre.
La defensa también recordaba en su escrito ante ese magistrado que sus argumentos habían sido considerados por la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, encargada de instruir el caso Torras, quien otorgó la prisión atenuada a De la Rosa el pasado jueves. Sin embargo, el juez Aguirre explica que cada magistrado, en el ámbito de su jurisdicción, es independiente y "no se encuentra vinculado, ni siquiera moralmente, por lo acordado por otro magistrado del mismo cargo jerárquico". Según el juez de Barcelona, Teresa Palacios resolvió sin considerar, porque no los tenía, los últimos informes médicos en los que se explicaba que De la Rosa estaba en condiciones para afrontar un juicio.
La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona suspendió el pasado mes de octubre la vista oral de la primera de las causas que penden sobre De la Rosa por estafa y falsificación de documentos porque los peritos lo desaconsejaban por motivos de salud. Sin embargo, esos mismos médicos redactaron hace unos días otro informe explicando que había funcionado el tratamiento antidepresivo.
"Derecho humanitario"
El juez también rechaza otro argumento de la defensa indicando que "resulta dudoso que si hay indicios racionales de que se apropió de 10.000 millones se encuentre en la imposibilidad de depositar la fianza" de 1.000 millones acordada en su día para salir de la cárcel. La defensa de De la Rosa invocó ayer la "concepción humanitaria del derecho" para pedir la libertad de su cliente, y anunció que recurriría ante la Audiencia de Barcelona. Por su parte, Mercedes Misol, esposa del financiero, explicó entre sollozos y en presencia de sus tres hijos que no puede asumir la fianza y que la justicia está tratando de forma diferente a su marido que al resto de los reclusos.
