El fiscal general informó a Gordillo de que no había delito en Sogecable
El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ante el tribunal que juzga al magistrado Javier Gómez de Liaño que el fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, recibió instrucciones precisas del anterior fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, de consultarle cualquier incidencia de la causa y de oponerse a las medidas cautelares que pudiesen reclamar las otras acusaciones contra los directivos de Sogecable. Sin embargo, Gordillo propuso, sin consultarle, medidas cautelares contra un acusado.
A preguntas del abogado de Sogecable, Antonio González-Cuéllar, el número tres de la Fiscalía del Estado, Eduardo Torres-Dulce, desveló las circunstancias en que se redactó un informe del que se concluía la improbabilidad de que existiesen delitos por parte de los responsables de la sociedad.Según el testigo, al tratarse de un asunto "de especial relevancia", el entonces fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, pidió al fiscal del caso, Ignacio Gordillo, que le remitiese la querella contra los directivos de Sogecable y los documentos anejos para que la Secretaría Técnica elaborase un informe sobre la viabilidad que pudiera tener la querella. Entretanto, el 7 de marzo remitió un oficio a Gordillo indicándole que no realizase ninguna actuación que no fuese "de mero trámite".
"El fiscal general había urgido para que le entregáramos el informe, por lo que convoqué a todos los fiscales de la Técnica para que en un fin de semana estudiáramos entre todos el asunto. Al final, el documento que ofrecimos al fiscal del Estado fue aprobado por unanimidad de los fiscales de la Secretaría Técnica", explicó Torres-Dulce.
El fiscal general Ortiz Úrculo estudió el informe y convocó una reunión a la que debían asistir los fiscales de la Audiencia Nacional y los de la Técnica. No pudieron acudir ni el entonces fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ni Torres-Dulce, pero estuvieron presentes Ortiz Úrculo, Gordillo y tres fiscales de la Secretaría Técnica. Ortiz Úrculo le hizo saber a Gordillo "que estaba de acuerdo con el informe". Gordillo, por tanto, tuvo puntual conocimiento del informe aunque, según Torres-Dulce, "no se le entregó copia".
A primeros de mayo hubo una llamada del fiscal general a Gordillo porque éste pidió, sin consultarle, medidas cautelares contra uno de los imputados, José Antonio Rodríguez-Gil: "Recuerdo que el día 9 el Consejo de Ministros cesó al fiscal general, que ese día había citado a Gordillo para darle instrucciones por escrito. Las notas que yo tengo eran darle órdenes más concretas y detalladas de no pedir ninguna medida cautelar y oponerse a las que solicitasen las otras partes", declaró Torres-Dulce. El 14 de mayo, a Gordillo se le ratificaron esas órdenes por escrito, previa consulta del fiscal cesante, Ortiz Úrculo, con el su sucesor, Jesús Cardenal, que aún no había tomado posesión. Torres Dulce lo relató así: "Se me pidió que bajara al despacho del fiscal general para estar presente. Entregué a Cardenal todos los datos obrantes en este asunto. Delante de mí, Ortiz Úrculo dijo que si no tenía nada en contra, iba a cursar esa orden. Después no he vuelto a tener ningún conocimiento del caso".
En su declaración como testigo, el fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, defendió las decisiones del juez Gómez de Liaño. Gordillo, que declaró antes que Torres-Dulce, afirmó que su postura de apoyo a las tres resoluciones presuntamente prevaricadoras de Liaño no fue a título particular, sino que era compartida y respaldada por su fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, y por la Fiscalía General, tanto cuando estaba Ortiz Úrculo como su actual titular, Jesús Cardenal.
En su declaración, Gordillo se refirió a lo que denominó "utilización por Canal Plus de los depósitos de sus abonados" y llegó a afirmar: "No llegamos a saber realmente si había delito porque la Audiencia Nacional archivó el asunto".
Defensa de Liaño
El fiscal defendió la legalidad de la actuación de Gómez de Liaño en las tres resoluciones concretas por las que se le juzga por otros tantos delitos de prevaricación. Sobre el secreto del sumario, Gordillo indicó que con éste se defendían "los intereses" de los directivos de Sogecable, para que no se filtraran datos sobre ellos.También justificó que Liaño declarase nuevamente el secreto del sumario, que la Audiencia había ordenado levantar, en que lo habían pedido los policías de la Brigada de Delincuencia Económica que investigaban el asunto porque habían descubierto "aspectos nuevos". Pero acto seguido dijo desconocer qué se investigaba.
El presidente del Tribunal, Gregorio García Ancos, que intervino en numerosas ocasiones para centrar el debate o declarar preguntas improcedentes por tratarse de juicios de valor, tuvo una intervención relevante en el interrogatorio de Gordillo.
Presidente: "Entre el levantamiento del secreto ordenado por el tribunal y la declaración del nuevo secreto, dos días después, dice usted que hay hechos nuevos. ¿Cuáles son?".
Gordillo no supo qué hechos nuevos se habían producido que merecían el secreto de la causa, salvo que la policía había mandado un fax donde lo pedía. García Ancos se sorprendió públicamente cuando Gordillo insistió en que se retrasó la declaración de Polanco para no causarle indefensión. Y le hizo ver que ello no es posible.
En cuanto a la fianza de 200 millones que decretó el juez Liaño para Jesús de Polanco, el fiscal aseguró que "gracias a la posición de la Fiscalía, el señor Polanco no fue a la cárcel" el día en que se le tomó declaración. También discrepó Gordillo sobre que el juez prohibiera a los imputados salir del país: en su opinión, el instructor se limitó a ordenar que pidieran autorización para viajar al extranjero, por lo que "no se trataba de una medida cautelar".
