Pensiones mínimas y alternativas políticas

La cuestión social ha vuelto al debate político. Es más, la polémica sobre la mejora de las pensiones más bajas nos ha devuelto el debate político en lo que éste tiene de más característico: el pluralismo y la diferenciación de opciones. Eso sí, esto ha sido así a pesar de los esfuerzos por impedirlo del Gobierno, que, experto en achicar espacios y embarrar la cancha, está tratando de desviar la atención sobre el fondo del asunto, para, de esta forma, no tener que contestar, de una vez por todas, si en esta fase de crecimiento económico, en que ha bajado los impuestos a las rentas más altas y ha favorecido los intereses de las grandes empresas eléctricas, les ha llegado la hora de mejorar su situación a las pensiones más bajas. Ésta, y no otra, es la cuestión.Pero el Gobierno parece decidido a salirse de este partido y ha lanzado una ofensiva en la que su diana parece ser, para no faltar a sus malas costumbres, la Junta de Andalucía y, por derivación, los ciudadanos andaluces, a cuenta de la decisión que, en su momento, tomó el Gobierno de Chaves de abonar una paga anual de 9.838pesetas, no consolidable y financiada con los presupuestos autonómicos, a los perceptores en su territorio de pensiones no contributivas. Con esta campaña contra el gobierno andaluz se pretende eludir el debate previo, el que ha condicionado todos los demás: su negativa a mejorar las pensiones mínimas.

Con el ruido del pretendido combate autonómico, el Gobierno "se olvida" de decirnos por qué se ha negado a aceptar, en tres ocasiones en los últimos ocho meses, sendas iniciativas planteadas en Las Cortes que pretendían mejorar todas las pensiones mínimas en todo el territorio español. Y se hace el amnésico también a la hora de explicar por qué ha incumplido la recomendación del Congreso de los Diputados, aprobada por todos los grupos de la Cámara el 27 de mayo de 1998, que instaba al Gobierno a mejorar las pensiones más bajas de la Seguridad Social.

En vísperas presupuestarias toca hablar de la cuestión distributiva, no tanto de cuanta riqueza está creándose, sino de cómo se reparte. Éste es el debate de fondo, y va a seguir siéndolo aunque el señor Aznar, que, según nos cuentan sus acólitos, es muy suyo, llegue al fin a hacer caso a sus confidentes y dé por terminada la legislatura en el próximo otoño.

Si escuchamos a los altavoces del Gobierno, lo verdaderamente perverso en todo este asunto no es que el Gobierno se haya negado a subir 2.000 pesetas mensuales las pensiones mínimas en una época en la que, dicen, todo va bien, sino que la Junta de Andalucía, ante la negativa del Gobierno, haya dado una paga anual de 9.838 pesetas a los que cobran pensiones no contributivas. Lo primero no les parece censurable; lo segundo les parece, en cambio, una afrenta constitucional. Es una cuestión de competencia, dicen, que rompe el principio de igualdad y pone en peligro la estabilidad financiera del sistema de pensiones al haber abierto "una espita demagógica" que puede dar lugar a una competencia sin freno entre comunidades. Curioso y cínico argumento, en verdad, el empleado por el mismo Gobierno, que, al atribuir capacidad normativa sobre la imposición sobre la renta a las comunidades autónomas, ha sentado bases sólidas para la desigualdad de los españoles en relación con las cargas fiscales y para una competitividad fiscal entre los distintos territorios que, ésta sí, puede llegar a arruinar los sistemas públicos de protección social. Pero, si el argumento del Gobierno es cínico, no es en cambio sorprendente: para la derecha, subir las pensiones es una decisión claramente demagógica, y bajar los impuestos, un imperativo de la economía.

El primer jardín en el que se metió el Gobierno fue el de la caja única, aun sabiendo, porque era notorio, que las pensiones no contributivas se financian con cargo a la fiscalidad general y que nada tienen que ver con el principio de unidad de caja, y conociendo que la decisión del gobierno andaluz recurrida ha sido financiada, como les ha recordado el auto del Tribunal Constitucional, con recursos autonómicos. Pero lo que ya haya dicho el Alto Tribunal parece darles igual: después de haberse conocido, han seguido manteniendo que el Gobierno defenderá "con uñas y dientes la caja única". Ha habido otro jardín pisoteado por el Gobierno: el Pacto de Toledo. Acusar de vulnerarlo a quien pretende un mayor incremento de las pensiones mínimas es convertir el Pacto de Toledo en un burladero para no afrontar políticamente la mejora de la situación de los pensionistas con menos rentas y, por tanto, malversarlo. No debiera olvidar el Gobierno, cuando lanza acusaciones tan estrepitosas como falsas sobre el Pacto de Toledo, cuál ha sido el comportamiento del Grupo Socialista cuando nos trajo al Parlamento una reducción de la cuantía de las pensiones con 15 años de cotización, o cuán diferente ha sido la actitud de los socialistas, ante el cambio de la base reguladora de la pensión, a la que tuvieron los "populares" cuando un cambio similar lo planteó el gobierno socialista. Ahí está nuestra lealtad con lo que acordamos en Toledo. Lo que no puede pretender el Gobierno es que aquel consenso sea un salvoconducto para hacer lo que le venga en gana.

El Gobierno, insisto, no ha querido entrar en el debate de fondo, y ha preferido escudarse en pretendidas transgresiones constitucionales de una comunidad autónoma, sin hacer caso de lo que dice el Tribunal Constitucional y haciendo evidente su desconocimiento del hecho, bien sabido y aquilatado, de que las relaciones entre Comunidades Autónomas y Gobierno de España se rigen no por el principio de jerarquía, sino por el de competencia.

En este sentido, hemos podido leer y oír afirmaciones para todos los gustos. El ministro ha hablado de sátrapas tras anunciar Jordi Pujol su decisión de mejorar también las pensiones no contributivas. El máximo responsable de la Seguridad Social ha afirmado que las pensiones y la defensa nacional tienen igual ubicación constitucional. Ignoro si el señor Aparicio nos pretende decir que las comunidades autónomas han perdido sus atribuciones constitucionales y estatutarias sobre la legislación no básica, la gestión del régimen económico o la de los servicios de la Seguridad Social, o que han adquirido atribuciones para gestionar los servicios del Ejército o su régimen económico. En cualquier caso, un disparate.

Otra afirmación sorprendente en este terreno, en este caso no proveniente del Gobierno, sino del presidente del Consejo Económico y Social, es la que dice: "Las comunidades autónomas están para gestionar adecuadamente, y si es posible, eficazmente, sus competencias, no para impulsar una política alternativa a la del Gobierno". Me imagino que para eso, para gestionar adecuada y eficazmente sus competencias, están no sólo las comunidades autónomas, sino todos los poderes públicos, incluidos el Gobierno de España o el Ayuntamiento de La Carolina. Pero, además, también para gestionarlas políticamente tomando decisiones que bien pueden ir en la dirección contraria a la que protagoniza el Gobierno central. Y esto es lo que ha hecho el gobierno andaluz, por mucha confusión que se pretenda crear desde los portavoces gubernamentales. Veámoslo: el gobierno del presidente Chaves tomó, en su día, la decisión (opción política) de seguir financiando, con recursos propios de la Junta, medicamentos excluidos de financiación pública por el Ministerio de Sanidad, y de emplear, en cambio, una política alternativa de uso racional del medicamento (opción política) que ha conseguido gastar menos en farmacia que el ministerio con su recetazo. Con este ahorro, el gobierno andaluz toma la decisión de dar una paga única, no consolidable, de 9.838 pesetas a los perceptores de pensiones no contributivas que viven en Andalucía (tercera opción política).

Estamos, por tanto, ante un conjunto de decisiones políticas, en mi opinión correctas desde el punto de vista competencial y político, que el Gobierno, si quiere, puede criticar bien porque no le gusta que le lleven la contraria, bien por las razones políticas que considere conveniente esgrimir. Estamos ante un debate de identidad política y no de derecho constitucional. Y ése, lo quiera o no el Gobierno, es el que vamos a entablar, aunque sólo sea para demostrar que el pretendido viaje al centro se agostó antes de tiempo.

José A. Griñán Martínez es diputado del PSOE y ex ministro de Trabajo.