El sofocante verano ruso

Sofocada por una canícula sin precedentes, Rusia tampoco logra descansar en el plano político. En lugar de partir, como suele hacer, a la fresca Carelia, su presidente está pasando el verano en dachas no demasiado alejadas del Kremlin. Según los rumores, ha decidido sacrificar sus vacaciones para preparar un golpe de efecto. El tiempo presiona: la nueva Duma debe ser elegida el mes de diciembre y seis meses más tarde tendrán lugar los comicios presidenciales. Ningún partido favorable a Borís Yeltsin tiene la mínima posibilidad de ganar las legislativas, y, lo que es peor, el Kremlin sigue sin tener un candidato con credibilidad para la presidencia de la República. Todos los sondeos indican que la hora de la alternancia está a punto de sonar en Rusia. Pero los que desde hace diez años gobiernan el país parecen no querer aceptarlo: incapaces de rendir cuentas de su gestión, saben que, si pierden el poder, corren el riesgo de ser acusados de enriquecimiento ilícito. Incluso el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, en tiempos fiel a Yeltsin, no para de lanzar acusaciones desde que tiene ambiciones presidenciales: "Los ladrones que están en el poder han dilapidado la riqueza nacional y provocado que Rusia pierda diez años de desarrollo económico".Desde que comenzaron sus problemas de salud, el presidente se comunica con su país más por gestos y mímica que por discursos. El mes pasado, furioso porque la investigación judicial sobre el Partido Comunista no había dado ningún resultado, la emprendió amenazante contra el ministro de Justicia, Krachenikov, un protegido del primer ministro, Serguéi Stepashin. Ninguno de los dos dimitió, pero la mayoría de los comentaristas dedujo de ese incidente que Yeltsin había decidido ilegalizar el Partido Comunista de Guennadi Ziugánov. "En marzo, los comunistas no lograron destituir al presidente, ahora es el presidente el que prepara la destitución de los comunistas", titulaba, irónico, el semanario Argumenty i Facty. Con ese fin, Yeltsin habría concebido una operación, bautizada con el nombre de Telo (el cuerpo), que consistiría en provocar a los comunistas, ordenando por decreto que el cuerpo de Lenin fuera sacado del mausoleo de la plaza Roja para ser inhumado en un cementerio de San Petersburgo. El mismo tratamiento sería aplicado a los otros dirigentes soviéticos que reposan al pie de las murallas del Kremlin. El facsímile del decreto -no firmado- ha sido ya publicado en la prensa. Las manifestaciones populares que provocaría ese tratamiento brutal de un grave problema de memoria histórica suministraría a Yeltsin un pretexto para prohibir el Partido Comunista. Para ello evocaría el punto 5 del artículo 12 de la Constitución, que pena a los organizadores de manifestaciones ilegales cuyo fin sea acabar con el orden establecido. Argumentos difíciles de defender ante el tribunal que debería pronunciarse en última instancia, pero como la justicia rusa es muy lenta, dicho juicio no tendría lugar antes de un año, por lo que el zar Borís lograría su objetivo: impedir que el PC participe en las próximas elecciones a la Duma. Este plan, si bien responde al deseo de venganza de Yeltsin, que no ha perdonado a los comunistas sus insultos cuando intentaron en vano destituirle, parece poco sensato.

Según los sondeos, el partido de Ziugánov cuenta con un 22% a 24% de los votos, y sus aliados, con un 15% a 18%. ¿Es posible pensar que cerca del 40% del electorado se vea privado de expresar su voto por una disolución decidida en tales condiciones? La operación sólo tendría sentido si Yeltsin también hubiera decidido cambiar por decreto la ley electoral optando por el sistema mayoritario a una vuelta (de tipo británico) y ordenando la inhabilitación de los candidatos miembros de los partidos prohibidos. Pero actuando así violaría su propia Constitución y provocaría sin duda una fuerte reacción de todos los órganos constituidos, desde la Duma hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Consejo de la Federación (Senado).

En Moscú, algunos están convencidos de que Yeltsin, movido por su temperamento combativo y su deseo de entrar en la historia como destructor del comunismo ruso, irá hasta el final. Otros estiman que la cosa no merece la pena. Como Rusia no es una República parlamentaria, lanzarse a tal aventura para impedir que los comunistas ganen unos cuantos escaños en la Duma sería estúpido. Y Borís Yeltsin no es estúpido. Su verdadero problema es su sucesión al frente de Rusia. En 1996 ganó la batalla contra Ziugánov gracias a una campaña de un anticomunismo caricaturesco, financiada con generosidad por los nuevos ricos rusos. Pero la ley no le permite presentarse a las presidenciales del año 2000 y su eventual pupilo no podrá utilizar las mismas armas contra Luzhkov, Primakov, Yablinski o Lébed.

La mayoría de los observadores considera que Yeltsin, obsesionado por asegurar su futuro y el de su entorno -La Familia, como se dice en Moscú-, no puede permitirse el lujo de que los rusos elijan democráticamente a su sucesor. Pero como no es el zar, tampoco puede elegir un heredero en el seno de La Familia y proclamarle presidente sin pasar por las urnas. Cuando era primer ministro, Primakov presintió este problema y propuso que se otorgara al presidente saliente cierta inmunidad: por ejemplo, el cargo de senador vitalicio y diversas prerrogativas materiales; entre ellas, la de viajar gratis en los transportes públicos. Luzhkov ha hecho suya esa propuesta, de suerte que Yeltsin podría abandonar el Kremlin dentro de diez meses sin correr ningún riesgo. Pero ni Primakov, ni Luzhkov, ni ningún otro candidato conocido han tenido jamás la intención de ampliar la inmunidad a todo el entorno del presidente. El problema es que la situación judicial de La Familia no deja de agravarse. Tras haber intentado en vano destituir a Yuri Skuratov (véase EL PAÍS del pasado 21 de mayo), el fiscal general que había abierto diligencias judiciales contra altas personalidades, el Kremlin dejó involuntariamente que se creara en el Senado una comisión anticorrupción, cuyos 12 miembros, que se reúnen a puerta cerrada, se han comprometido por escrito a no revelar su trabajo. Sin embargo, todo el mundo sabe hoy en Moscú que la hija -y consejera- de Borís Yeltsin, Tatiana Diatchenko, está implicada en la desviación de los fondos otorgados a Rusia por el FMI, y que su yerno, Valeri Okulov, se habría enriquecido con los beneficios de Aeroflot. Otro miembro de su entorno, Alexandr Bolochin, jefe de la administración presidencial, arrastra de su pasado en medios financieros una docena de negocios punibles. Pero la palma se la lleva el inamovible administrador de los bienes de la presidencia, Pavel Borodin

Hombre de confianza de Yeltsin, Borodin ha acompañado discretamente a Yeltsin a Versalles, a Buckingham Palace, al Vaticano y a otros ilustres palacios antes de emprender la renovación del Kremlin. Borodin ha gastado cerca de medio millar de dólares (oficialmente, 335 millones de dólares, aunque muchos ponen en duda esta cifra) en muebles antiguos y en obras confiadas a una empresa suiza de Lugano, Madetex. Sólo con lo que ha costado el sillón

presidencial, confeccionado en Milán con incrustaciones de piedras preciosas, se podrían haber pagado las pensiones atrasadas de buena parte de la Rusia europea. Intrigada, la justicia suiza ha investigado las actividades de Madetex, y debido a que iba a utilizar las informaciones suministradas por su colega suiza, Carla del Ponte, el fiscal Skuratov estuvo a punto de ser destituido. La semana pasada, otro magistrado suizo, el fiscal de Ginebra Bernard Bertossa, ha vuelto a abrir el caso bloqueando las cuentas suizas de Pavel Borodin, de su esposa y de otros 22 ciudadanos rusos sospechosos de blanqueo de dinero. En Moscú, donde se ha desmantelado el equipo que trabajaba con Skuratov -su mano derecha, el fiscal Katuchev, incluso ha sido destituido-, esto ha causado gran revuelo. El abogado de Borodin, que asegura que su cliente jamás ha estado implicado en tráfico de drogas o armas, se considera ultrajado por la acusación de blanqueo, pero no niega la existencia de las cuentas suizas del matrimonio Borodin. El Kremlin ha respondido a esta avalancha de malas noticias revelando los resultados de una investigación del FSB (ex KGB), en la ciudad de Vladímir, que acusa a la mujer de Yuri Luzhkov, Elena Baturina, de exportación ilegal de capital. Acusación negada por el alcalde de Moscú, que acusa a su vez al poder de utilizar al FSB con fines privados y que afirma ser objeto de vigilancia y escuchas telefónicas ilegales.La polémica ha llegado a la televisión. Por primera vez, la cadena ORT, del irritable hombre de negocios Berezovski, ha atacado a la cadena NTV, favorable a Luzhkov. Ésta ha replicado desvelando los proyectos del entorno de Yeltsin, dispuesto a todo para evitar la alternancia: "Si esa gente permanece otros cuatro años en el poder, Rusia pasará a ser una República bananera despreciada por el resto del mundo", resumió el editorialista de NTV. Es la guerra: las espadas se han desenvainado ante un país boquiabierto.

Para mantener su prestigio en el mundo, Rusia ha hecho un sacrificio notable enviando 3.500 paracaidistas a Kosovo en una misión tan delicada como costosa. Pero ¿cómo salvar una reputación destruida por el hundimiento de las costumbres políticas y la conducta de la élite económica? Si Borís Yeltsin decide mañana cargarse el mapa político del país prohibiendo el PC o si aplaza sine die las elecciones presidenciales para proteger a La Familia, el mal podría ser irremediable.