La fiscalía pide 13 años y 8 meses de cárcel para Javier de la Rosa por el "caso Tibidabo"

La Fiscalía Anticorrupción y la de Barcelona presentaron ayer, en el Juzgado número 1 de Barcelona, un escrito de acusación en el que pide penas de prisión de 13 años y 8 meses para Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo, sociedad de la que fue presidente. Las fiscalías también imputan, por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y delito fiscal, a otras siete personas: Juan Cruells Mercadé (10años), Florencio Cerdà Poch (7), Arturo Piñana Bo(6), Carolina Malagelada Benaprés, Ramón Fiter Autet, Manuel Prado y Colón de Carvajal y Miguel Soler Sala (4 para cada uno de ellos). El escrito pide, asimismo, responsabilidades civiles de 11.666 millones para los cuatro primeros imputados.

Los fiscales Carlos Ramos (Anticorrupción) y Victoria Rivas (Fiscalía de Barcelona) piden el sobreseimiento para Mercedes Misol, esposa de De la Rosa; el abogado Juan José Folchi, los asesores Alberto Freixa, Joan Francesc Pont y Josep Maria Massó; el corredor de comercio Luis de Grandes; el empresario Armand Carabén, y el actual presidente de Grand Tibidabo, Francisco Javier Pintó.El escrito se presentó ayer, el mismo día en que el juez instructor, Joaquín Aguirre, dictó un auto de incoacción de procedimiento abreviado y de conclusión de la instrucción. Ésta comenzó en octubre de 1994, cuando la Fiscalía de Cataluña presentó una querella contra De la Rosa y sus colaboradores en CNL, posteriormente denominada Grand Tibidabo. Aguirre da cinco días a las acusaciones para que presenten sus cargos. El escrito de la fiscalía relata las principales operaciones realizadas por De la Rosa al frente de Grand Tibidabo.

OPA sobre CNL

La primera se refiere a la entrada en CNL. En abril de 1991, De la Rosa lanzó una OPA para adquirir el 30,25% de su capital con un aval de 8.750 millones del BCH. El aval estaba respaldado en parte por un depósito de 4.000 millones de la propia CNL. Los accionistas de CNL estaban financiando, sin saberlo, la entrada de De la Rosa en la compañía.Según los fiscales, ese crédito del BCH lo acabó pagando en su mayor parte -6.150 millones- CNL. De la Rosa consiguió el dinero mediante nuevos créditos garantizados por CNL; concediendo créditos a sociedades que luego se lo daban a él; mediante la venta a CNL, muy por encima de su valor, de acciones de otras empresas suyas, como Tibidabo, que después fusionaría con la primera, y, simplemente, mediante el cobro a CNL de comisiones por 1.000 millones (venta de la cartera de leasing, venta de la sede de la empresa y compra de la nueva sede), utilizando instrumentales como Aciesa y Pinyer. A la administradora de Pinyer, Carolina Malagelada, ex colaboradora de Folchi, se le piden dos años por cooperación necesaria en el delito continuado de apropiación indebida y en otros dos por delito fiscal. La fiscalía también imputa a De la Rosa haber inflado el valor de Tibidabo, que controlaba, en la fusión con CNL en 1992 y de la que saldría la nueva Grand Tibidabo. De la Rosa también se otorgó créditos de Grand Tibidabo por 4.000 millones.

Por todas estas operaciones, los fiscales imputan a De la Rosa, Cruells y Cerdà los delitos continuados de apropiación indebida, apropiaciones indebidas concretas y delito fiscal. Además, se imputa por estafa a De la Rosa. A su colaborador y administrador de sus sociedades, Arturo Piñana, se le imputan los delitos de cooperación necesaria en el delito continuado de apropiación indebida y en el delito fiscal.

Otra operación se hizo con el empresario Ramón Fiter, a cuya sociedad Fitinvest De la Rosa entregó, entre 1992 y 1993, 2.691millones de Tibidabo para comprar Urbas. Fiter no ofreció ninguna garantía y los créditos se convirtieron en pérdidas para Tibidabo. Se imputa delito de cooperación necesaria en el delito continuado de apropiación indebida de cuatro años a Fiter.

Otra fue con el empresario Manuel Prado, vicepresidente de CNL desde 1990. A finales de 1991, De la Rosa y Prado se pusieron de acuerdo para que el último recibiera 1.500 millones de CNL, a cambio de que De la Rosa obtuviera el mismo importe desde una empresa suiza de Prado, Libra. En diciembre de 1992, Grand Tibidabo acabó quedándose unos terrenos en Sevilla a cambio de cancelar el crédito a Prado. Según el dictamen pericial encargado por el juez, el valor de los terrenos era de 700 millones. Se imputa a Prado un delito continuado de apropiación indebida y se piden cuatro años de prisión y una responsabilidad civil de 800 millones.

En 1993, De la Rosa vendió a Tibidabo el 50% de la empresa New Teknon, que construía una clínica en Barcelona, por 2.206 millones, cifra muy superior a su valor, 1.000 millones. También le vendió otras instalaciones, propiedad de Quail, en este caso por 2.070 millones, cuando valían 1.100.

Otro punto se refiere al desvío de 1.000 millones del aval concedido por la Generalitat a la empresa Grand Península, controlada por Tibidabo, y que construía el parque hoy conocido como Port Aventura. El 31 de diciembre de 1991, De la Rosa, en colaboración con Miquel Soler, apoderado de Grand Península, inmovilizó esos 1.000 millones para conseguir un crédito con el que pudo hacer frente al pago del dividendo de Grand Tibidabo. Además de a De la Rosa, se imputa a Miguel Soler, para quien se piden cuatro años por apropiación indebida. La última operación fue realizada muy posteriormente, en octubre de 1997, cuando De la Rosa intentó cancelar deudas con Tibidabo cediéndole supuestos créditos que le debían terceros; uno, por 156 millones, contra los herederos de José María Juncadella Burés. La familia negó su existencia y De la Rosa aportó un documento firmado por el fallecido. Las periciales demostraron que De la Rosa hizo confeccionar un documento falso a partir de la firma en blanco de Juncadella del año 1987.