Endogamia y alumnados cautivos
Periódicamente se alzan voces, desde diversos ámbitos políticos y sociales, calificando de endogámico el actual sistema de contratación de profesores permanentes en las universidades públicas españolas, y señalando que este sistema es injusto con los aspirantes "de fuera" y pernicioso para los alumnos y para la sociedad en general, al no permitir la elección de los mejores. No hace mucho, y con la manifiesta intención de combatir la odiosa endogamia, se propuso una tímida reforma del procedimiento de selección de los docentes, por la vía de introducir en los tribunales algún miembro más que no pertenezca a la universidad convocante de la plaza, bien por ser profesor de otra universidad, bien por ser investigador de otro organismo. En mi opinión, se diagnostica correctamente el estado actual del problema, pero se olvidan las causas que lo producen. Y si no se atacan las causas, difícilmente se evitarán los efectos. Que el problema afecte, con honrosas excepciones, a la generalidad de las universidades y de sus convocatorias de plazas debe hacer pensar que existía ya en germen en el articulado de la Ley de Reforma Universitaria o en las condiciones ambientales que han determinado su aplicación. Se pretende con las propuestas de reforma de la LRU que han circulado por el ministerio identificar y corregir algunas causas sumergidas en el articulado, pero lo cierto es que el apoyo fundamental para dar lugar a la situación actual se encontraba en el entorno universitario más que en la propia LRU. Y es que se concedió bastante autonomía a las universidades para moldear sus plantillas de profesorado, es decir, para primar en los candidatos su adecuación a los recursos locales o su compatibilidad con los grupos de trabajo ya existentes en la universidad, pero no se estableció ningún mecanismo externo que condujese a los componentes de los órganos de gobierno, comenzando por los consejos de departamento, a defender los intereses generales en los momentos claves de la convocatoria de una plaza.
El resultado ha sido que el oponerse a que se prepare el concurso de modo que vaya a parar al vecino de despacho, aunque éste no sea el más competente, ha quedado relegado para espíritus quijotescos, ya que el apoyo a ese incompetente vecino de despacho no traerá consecuencias negativas: los alumnos seguirán viniendo o dejando de venir exactamente igual, pues el mercado estudiantil universitario es, por real decreto, un mercado cautivo de los distritos universitarios, y la nómina seguirá llegando a fin de mes. En otras palabras, aunque la docencia en mi propia universidad sea algo peor como consecuencia de mis decisiones, no me veré perjudicado por ello.
Y aquí es donde se podría actuar. Ábranse de una vez los distritos universitarios, arbítrense apoyos económicos para favorecer la movilidad estudiantil, y que los alumnos y sus familias tengan la posibilidad, tanto legal como real, de elegir universidad; y paralelamente dótese a las universidades públicas de instrumentos jurídicos para acomodar sus plantillas a la demanda de formación, investigación y desarrollo social.
Se habla mucho de la competitividad entre las universidades, de la presunta excelencia de algunas y de los planes de calidad que con acierto se están poniendo en práctica en muchas, pero no terminan de aplicarse las consecuencias obvias de estos esfuerzos de rendición de cuentas a la sociedad, a saber, que los estudiantes puedan optar por la universidad cuya oferta educativa más les atraiga y que las universidades puedan y deban adaptarse a lo que la sociedad les pide. Quizá la aplicación de estas consecuencias constituya una vía indirecta para combatir la faceta perversa de la endogamia que a la larga resulte más efectiva que eventuales modificaciones de la LRU, y sirva de paso para estimular la introducción de otras mejoras en la atención al estudiante.
