El Gobierno de Brasil consigue la aprobación de las reformas pactadas con el Fondo Monetario

El Congreso de Brasil aprobó ayer, en un clima de optimismo gubernamental, dos de las medidas más polémicas que quedaban para la reforma de la Seguridad Social pactada con el FMI a cambio de un multimillonario plan de ayudas: la obligación para los pensionistas de pagar cotizaciones y el aumento de las mismas a funcionarios en activo. Los congresistas aprobaron por 335 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones la parte más dura de la reforma defendida por el Gobierno de Cardoso, tras haber sido rechazada por el Congreso en cuatro ocasiones.

Por miedo a no tener el quórum necesario, la votación fue aplazada de la tarde del martes, como estaba prevista, a la de ayer. Para que el Gobierno no pudiera fracasar en un momento tan grave, con los ojos del Fondo Monetario Internacional puestos sobre el Congreso, cuatro de los ministros más importantes negociaron personalmente con los representantes de cada partido, los que apoyan al Gobierno y los de la oposición, para asegurar el éxito.Después de varios retrasos en la votación, 495 congresistas asistentes al debate, de un total de 513 que componen la Cámara, aprobaron por 352 votos a favor y 143 en contra el trámite de urgencia para la ley que contempla las medidas previstas por el Gobierno. Posteriormente, se debatió el contenido mismo de la ley que reforma la Seguridad Social y el Ejecutivo consiguió el apoyo de 335 congresistas frente al rechazo de 147 y la abstención de cuatro de ellos.

Con la aprobación de ambas leyes, la Administración central tiene previsto ingresar, de un total de 1.405.877 funcionarios (711.978 activos, 446.183 jubilados y 247.816 pensionistas), el equivalente a 2.295 millones de euros (381.855 millones de pesetas) suplementarios. Ahora, para completar todo el programa de ajuste fiscal comprometido por el Gobierno con el FMI -a cambio de un préstamo de 35.275 millones de euros o 4,10 billones de pesetas-, quedan sólo dos nuevas medidas: un recorte del presupuesto del Estado en las áreas de sanidad y educación y la reforma de la Administración, que prevé la supresión de miles de puestos de funcionarios públicos por exceso de personal.

La noticia de que el éxito del Gobierno en la votación estaba asegurado hizo que la Bolsa de São Paulo terminara con una fuerte subida del 3,97%. La de Río de Janeiro estuvo cerrada por ser fiesta en el Estado.

Con las nuevas normas, los funcionarios de las tres ramas del Estado -política, judicial y administrativa- verán aumentadas sus cotizaciones a la Seguridad Social. La nueva tabla obligará a pagar, junto con el impuesto de la renta, un mínimo del 25,20% para sueldos mensuales de 2.000 reales (1.096 euros o 182.487 pesetas) y un máximo del 41,5% para los que ganan a partir de 12.720 reales. Según cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda, a un funcionario que gane 6.000 reales (3.290 euros o 547.463 pesetas), y que hasta ahora pagaba el 11%, le serán retenidos 1.267 reales (casi 116.000 pesetas) para la Seguridad Social y 941,58 (más de 85.600 pesetas) para el impuesto de la renta. En total tendrá una retención del 36,8%.

Los jubilados y pensionistas del Estado, que hasta ahora no pagaban, tendrán retenciones menores que los funcionarios activos en los primeros tramos, hasta 2.500 reales de ingreso mensual, a partir de los cuales las detracciones son semejantes a las de los funcionarios activos. El máximo llega también al 41,1%. Quedarán exentos de pagar el impuesto sobre la renta los funcionarios activos que ganen menos de 1.200 reales mensuales, y entre los inactivos, los pensionistas por invalidez que hayan cumplido 70 años.

Todos los funcionarios del Ejército, en activo o jubilados, quedan por el momento fuera de la ley y se prevé un nuevo sistema de impuestos para ellos. Se trata de una de las concesiones que el Gobierno se vio forzado a admitir para que pudiera salir adelante la nueva ley. Algunos de los diputados que habían votado contra la reforma de la Seguridad Social en ocasiones anteriores parecían dispuestos a dar su aprobación ayer, pero con un gesto amargo. El diputado Delfim Netto, del partido de derechas PPB-SP, que iba a votar a favor, resumió así su estado de ánimo: "No tengo alternativa. Las consecuencias de la derrota del Gobierno habrían sido peores para el real. Votaré a favor por el compromiso irresponsable que el Gobierno firmó con el FMI".

El FMI está aconsejando al Gobierno que mantenga altos los tipos de interés hasta que se controle el proceso de devaluación del real y se estabilice el cambio con el dólar. También pide al Gobierno que mantenga anchas bandas de fluctuación del real frente al dólar, para disminuir riesgos como el del "efecto Itamar Franco", el gobernador de Minas Gerais, que anunció una moratoria de pagos al Estado de 90 días y que ha recurrido a la justicia contra la decisión del Gobierno central de bloquear parte de lo debía dar al Estado de Minas Gerais en enero.

La deuda conjunta del sector público brasileño -estatal, federal, municipal y empresarial- asciende a 367.747 millones de reales; es decir, 201.677 millones de euros o 33,55 billones de pesetas.