La trama de corrupción del 'caso Calvià' resurge en los tribunales
El caso Calvià, el primer escándalo de corrupción política del PP de Baleares que llegó a los juzgados -probado en sentencia de la Audiencia de Palma de 1992, ratificada en firme por el Supremo en 1994-, reaparece hoy, a cinco meses de las elecciones autonómicas y locales. Dos pesos pesados de la derecha local en el poder, Francisco Gilet y Eduardo Vellibre, se sientan en el banquillo.
A Gilet y Vellibre, personas de confianza en el Gobierno balear del ex presidente Gabriel Cañellas, se les juzga como presuntos directores del intento de soborno con 100 millones de pesetas, a un concejal del PSOE, en 1991. Este delito probado lo perpetraron dos militantes y cargos internos del PP y un comisionista condenado por narcotráfico, dirigidos, según el fiscal, por Gilet cuando era consejero autonómico y tenía paso directo al despacho de Cañellas.La acusación la ejercen el PSOE, el Ayuntamiento de Calvià y el concejal que fue víctima y testigo de la maniobra corrupta, que grabó las cintas magnetofónicas que demostraron el fallido soborno. Las acusaciones piden penas de seis meses de arresto y 100 millones de multa para cada uno. Los responsables directos de los hechos, ya condenados, son el abogado de temas inmobiliarios y asesor de la patronal de constructores Miguel Deyá, el farmacéutico Andrés Bordoy, ambos dirigentes del PP, y el intermediario con antecedentes penales Guillermo Ginard. Los tres fueron condenados a 100 millones de multa y a penas de entre seis y cuatro meses. Dos de ellos -Deyá y Ginard- permanecieron en prisión preventiva o cumpliendo penas sustitutorias.
El impago por el PP de la multa de Bordoy y la presión que éste y sus amigos ejercieron con cartas a José María Aznar, grabaciones a sus interlocutores y documentos que obligaron a firmar bajo la amenaza de desvelar la implicación del partido, destapó finalmente a Vellibre y Gilet como directores de la operación, no condenados inicialmente. Así, los dos están acusados de soborno, como supuestos inductores de la trama que intentó comprar el voto de un concejal socialista de Calvià, con la intención de pasar la alcaldía al PP de manera fraudulenta.
En el primer sumario y en la más reciente investigación judicial no se pudo probar la implicación directa de Gabriel Cañellas. Existió un eventual pacto de silencio y grandes contradicciones, según se desprende de un auto del juez Javier Muñoz, del Tribunal Superior de Justicia -a quien pincharon el teléfono mientras investigaba la posible relación de Cañellas en el asunto-. Vellibre hubiera sido alcalde del potente municipio turístico de Calvià, de haber prosperado la compra del voto.
