RTV Canaria adjudica su programación a una productora de las islas, participada por PRISA

La junta general de Radio Televisión Canaria adjudicó ayer su programación para los próximos siete años a la sociedad Productora Canaria de Televisión, un consorcio formado en un 60% por empresarios de distintas islas. El otro 40% de la misma pertenece a la entidad Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias, en la cual participan el Grupo PRISA, Canal + Francia, el BBV, el Grupo March, Caja Madrid, Bankinter y la sociedad Eventos. Fue descartada la oferta presentada por el otro aspirante, DTH Europa, vinculado al grupo mexicano Televisa.

El director general de Radio Televisión Canaria, Jorge Bethencourt, explicó que la adjudicación se ha hecho al aspirante cuya oferta "se ajusta más a la realidad canaria". El baremo de 14 puntos evaluados comprendían desde la calidad de los contenidos y la rapidez en la implantación, hasta la aportación de un equilibrio en el conjunto de las islas. A este respecto, la empresa adjudicataria se ha comprometido a instalar un centro en cada capital de provincia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, así como delegaciones en cada una de las demás islas. También se ha evaluado la viabilidad del proyecto, las inversiones previstas y la política comercial.Votaron a favor de Productora Canaria de Televisión cinco miembros de la junta: tres de Coalición Canaria, uno del PSOE y el director general; y se abstuvo el representante del Grupo Mixto. Otro miembro del PSOE se ausentó en el momento de la votación "para evitar cualquier susceptibilidad" después de que, horas antes, Izquierda Unida anunciara un recurso de incompatibilidad contra dicha persona, alegando que colabora en una emisora de radio que, a su vez, está asociada a la SER.

Los dos representantes del PP en la junta de Radio Televisión Canaria, Antonio Tegedor y Miguel Ángel Remedios, se ausentaron de la votación, alegando un defecto de forma en la convocatoria de la sesión: el domicilio social de la sociedad mercantil del ente televisivo canario se encuentra en Santa Cruz de Tenerife y la reunión de la junta se celebró ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Además, ambos consejeros del PP insisten en que la concesión a un operador privado es "un fraude de ley", según señaló Tegedor, quien añadió que su formación política iniciará acciones judiciales para tratar de obtener la suspensión del acuerdo adoptado por el órgano del que se había ausentado minutos antes.

En su comparecencia posterior ante los periodistas, el director de la Radio Televisión Canaria, Jorge Bethencourt, negó los argumentos esgrimidos por los consejeros del PP. Reiteró que la televisión canaria es totalmente pública, incluso jurídicamente, aunque "externaliza" (sic) los costes de producción por falta de presupuesto. Así pues, el control de la programación es plenamente público, aunque se haya buscado el sistema de concesión a operadores privados para abaratar los costes.

A su juicio, "es un modelo que está dentro de la ley de 1983 , pero podrá adaptarse a los nuevos horizontes legales que están en trámite", en alusión a la reforma de esa norma actualmente en trámite en las Cortes y cuyo objetivo, entre otros, es el de permitir televisiones autonómicas de carácter privado.

La adjudicación realizada ayer en Canarias abarca la mayor parte de la futura programación de la televisión autonómica y cuenta con un presupuesto de 17.500 millones de pesetas para dar servicio a lo largo de siete años. Tras el acuerdo, está previsto que la firma del contrato correspondiente se realice en 20 días.

Un foco de tensiones

La televisión autonómica se ha convertido en un foco de tensiones entre los dos socios del Gobierno de las islas, el Partido Popular y Coalición Canaria, a lo largo de los seis últimos meses, en el que también ha participado el Gobierno central.Los problemas comenzaron el 11 de julio, cuando el Consejo de Administración de la Radio Televisión Canaria pospuso el pliego de condiciones para adjudicar el contrato, después de que los representantes del PP en el mismo abandonaran aquella sesión tras mostrar a los demás miembros del consejo un documento del Ministerio de Fomento, firmado por el secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar Uribarri, en el que se advertía formalmente al Gobierno canario de que no iba a facilitarle la licencia para la emisión de un canal de televisión autonómica operado por una empresa privada.

Los intentos de negociación de una salida a este conflicto se han prolongado varios meses, durante los cuales Fomento ha recurrido judicialmente las decisiones tomadas por la televisión canaria. Su postura no ha prosperado en el Tribunal de Justicia de Canarias. Fomento ha continuado con la batalla legal, no obstante lo cual, el Gobierno de Aznar concedió el miércoles pasado a Canarias la licencia de emisión de la televisión autonómica.