Cultura científica y acción de gobierno
En la edición de otoño del boletín de noticias de la Academia de Ciencias de Nueva York se reseña el reciente nombramiento de Eleanor Baum como presidenta de la academia. Se citan algunas de sus ideas sobre la misión de la academia. Baum insiste en el interés de una institución en la que es posible un diálogo interdisciplinar constante y hace particular referencia a las responsabilidades políticas de científicos e ingenieros en los ámbitos de gobierno en que los conocimientos científicos y tecnológicos son imprescindibles. A propósito de este tema dice: "Cualquiera que haya tenido alguna experiencia en Washington, encuentra francamente terrible que gente joven, que están en la plantilla del senado y el congreso, con licenciaturas en humanidades y que quizá hayan hecho algún curso en ciencias, sean los que redactan los documentos que hacen referencia a temas científicos y tecnológicos que afectan realmente la totalidad de nuestras vidas de una manera dramática".Esta dura afirmación, seguramente discutible en algunos aspectos, se refiere a un hecho desgraciadamente real y no sólo en Estados Unidos. Seguramente algo parecido podríamos constatar en los países de Europa occidental y, muy particularmente, en España. La denuncia no es nueva, pero en este caso viene avalada por una personalidad eminente en el campo de la ingeniería. Un intento de solución, repetidamente propuesto es que, a falta de una cultura científica generalizada, sean los expertos en ciencia y tecnología quienes emitan los dictámenes necesarios previos a las decisiones de gobierno. El problema, sin embargo, es bastante más complejo.
Por un lado la ciencia es seria, pero no es segura y, por otra parte, los científicos son hombres y no ángeles. Estos hechos explican la realidad frecuente de la emisión de dictámenes contrarios por parte de científicos de la misma categoría respecto a problemas concretos, con lo cual el gobierno y los gobernados hacen uso y arma argumental del dictamen que les parece convenir más. Por otro lado, casi siempre se reclama un dictamen por expertos para una acción concreta que se plantea en una circunstancia, más o menos, dramática y urgente. Como ejemplo, pueden servirnos los casos muy frecuentes, que se han producido en nuestro país y fuera de él, y que se refieren al emplazamiento de los depósitos de residuos. Esta forma perentoria no es la más adecuada para decidir acciones de gobierno, ya que no existe una conciencia previa, suficientemente generalizada, del por qué se producen los problemas que se intentan solucionar.
Posiblemente, en una etapa previa, se podría intentar, a través de una información clara y desapasionada por parte de los expertos y de discusiones entre los grupos de la población más sensibilizados por la mejora de la calidad de vida, en las que dispusieran de la máxima y más seria documentación, que toda la población se hiciera cargo de la magnitud del problema. Si se diera esta circunstancia se podría juzgar, cuando llegara el caso, si las acciones que un gobierno propone son las más adecuadas y mejores para resolver un problema. Parece evidente que, en este supuesto, no se daría la paradoja de que haya oposición a resolver un determinado problema, llegándose simplemente a no hacer nada y, en esta etapa se tenga la sensación de haber alcanzado una victoria, cuando, en realidad, el problema continúa sin resolver y continúa perjudicando a todos los ciudadanos de un determinado país o región. Posiblemente otras sugerencias podrían hacerse sobre este problema. En cualquier caso, quizá ya es hora que, de algún modo, se establezcan formas de actuación para no encontrarnos inermes y sin capacidad de discernimiento frente a tantas circunstancias, potencialmente perniciosas, y tambien potencialmente beneficiosas, para la humanidad, derivadas de la aplicación de la ciencia y la tecnología.
