Una ley de Salud para todos los andaluces
Andalucía está de enhorabuena. Esta semana el Parlamento andaluz ha dado su aprobado final al proyecto de Ley de Salud de Andalucía, con lo que se culmina un proceso iniciado hace algunos años y que supone uno de los compromisos más importantes para la sanidad de cuantos fueron expresados por el presidente Chaves en su discurso de investidura hace ahora dos años, en la sesión inaugural de la presente legislatura. Y digo que está de enhorabuena porque es una buena noticia para todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, con independencia de las posiciones políticas que los diferentes grupos representados en nuestro Parlamento adopten cara a la galería para ir manteniendo su particular estrategia, en unos casos constructiva y positiva y en otros de confrontación o destructiva con toda iniciativa que no parta de su seno. La Ley de Salud de Andalucía aprobada el pasado 27 de mayo es una ley progresista y de futuro, con vocación de perdurabilidad. Dudo mucho que ningún ciudadano residente en nuestra comunidad, con independencia de su vocación o afiliación política, esté en desacuerdo con una ley que universaliza una asistencia sanitaria para todos, gratuita en el acceso, financiada con fondos públicos, donde el Estado garantiza el aseguramiento de todos, que integra todas las prestaciones incluidas las de promoción de la salud y prevención de riesgos, que amplía el panel de derechos ciudadanos ante los servicios de salud, que amplía los márgenes de elección y participación ciudadana como no lo están en todo el Estado español, que garantiza la protección pública de la salud y que, en definitiva, garantiza el acceso de todos a unos servicios sanitarios modernos y de alta calidad. El resultado final es consecuencia del importante trabajo de consenso y acercamiento que desde el Gobierno se ha tenido con los diferentes agentes sociales, los sindicatos más importantes y representativos, los empresarios andaluces, las organizaciones ciudadanas, consumidores, colegios profesionales, municipios y, cómo no, con los propios grupos políticos que integran el arco parlamentario de Andalucía, integrando, en un largo periodo negociador, muchísimas de las iniciativas que desde todos los colectivos se han planteado al proyecto. Desde mi punto de vista, el hecho de que el Partido Popular de Andalucía e Izquierda Unida hayan manifestado públicamente que, a pesar de todo ello, ésta no es "su Ley", me indica dos cosas: la primera es el alejamiento de estas formaciones políticas de lo que supone hoy la realidad social de nuestra comunidad, y la segunda -consecuencia inevitable de la primera- es que el enfoque progresista e innovador que esta ley aporta a nuestra sanidad es el adecuado, sin concesiones a mercantilizar nuestra salud y sin dogmatismos trasnochados que no conducen a ninguna parte. La nueva ley es un salto cualitativo muy importante en el desarrollo de las competencias estatutarias de Andalucía en materia de sanidad, que se aborda desde el respeto más absoluto a la legislación básica del Estado, en particular con la Ley General de Sanidad de 1986, con la que el partido socialista se siente -como es lógico- plenamente identificado. Con ella se van a profundizar y reforzar los componentes del actual sistema público de salud, preservando sus principales valores, que no son otros que la equidad y la solidaridad, a la vez que se modernizan los parámetros que lo regulan, preparando al sistema sanitario público de Andalucía para enfrentarse, en mejores condiciones, a las nuevas demandas que la sociedad andaluza nos va a exigir en las puertas del próximo siglo XXI. En el breve espacio que permiten estas líneas es difícil desgranar todas las novedades que aporta la ley, tanto de cara al ciudadano como a los profesionales y a la propia organización de los servicios sanitarios, pero me gustaría destacar algunas de ellas por su importante componente de proyección social. En primer lugar, es la primera ley del Estado que universaliza la atención primaria a toda la población, desvinculándola definitivamente de su pertenencia o no a la Seguridad Social; es la primera ley que amplía los derechos de los ciudadanos de una forma tan importante, incorporando el derecho a la segunda opinión médica, al acceso a su historial clínico, a la libre elección en todo el territorio de la comunidad, etc.; es la primera ley que garantiza a los ciudadanos que los tiempos de espera van a estar definidos por unos máximos definidos según prioridad asistencial y procesos patológicos; que abre el marco de cooperación con los municipios de una manera tan importante y, en definitiva, es la primera vez, desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, que los andaluces disponen de una norma sustantiva de derechos en un tema tan importante para todos nosotros como es la salud y la sanidad. Es por ello que, desde las nuevas perspectivas que se abren en nuestra sanidad con la presente ley, el Gobierno va a seguir trabajando con la máxima ilusión en la línea de máximo consenso con todos los que quieran mejorar nuestro sistema sanitario público desde un enfoque de reforzar nuestro Estado de bienestar. Me gustaría que nadie se autoexcluyera, porque es una labor de todos el conseguir reforzar esta conquista social de todos los andaluces, pero si alguien insiste en hacerlo, que no dude que el Gobierno andaluz hará todo lo posible por que los desarrollos que tienen que derivarse de esta norma contribuyan de forma real a que los andaluces nos sintamos orgullosos de nuestra sanidad. En esta tarea, nuestra mano estará siempre tendida para todos.
José Luis García de Arboleya y Tornero es consejero de Salud de la Junta de Andalucía.
