El desafío del empleo a la comunidad educativa
El desempleo masivo desafía a la Europa de Maastricht. El Libro Blanco de Delors (1993) ya se sorprendía por la baja intensidad de empleo generado por nuestro crecimiento económico. Entre 1970 y 1992, la economía española creció un 103%. Pero, en 1992, la tasa de empleo era de hecho un 0,3% inferior a la de 1970. Es verdad que otras economías de la UE muestran también crecimientos bajos de empleo. El círculo virtuoso (crecimiento- consumo-empleo-crecimiento) de la posguerra dejó de funcionar. Durante el mismo periodo 1970-1992, el crecimiento total de la producción y del empleo fue en Alemania del 70% y el 11%; en Francia, del 77% y 6%; en Italia, 85% y 18%, y en el Reino Unido, 51% y 3%.Los economistas señalan la peculiaridad del crecimiento económico español. Hay que cambiar, según ellos, el modelo de crecimiento, porque «la solución al problema del empleo en España no se va a encontrar en el crecimiento económico tradicional» (J. Gual Solé). El Gobierno español concurre a la cumbre de Cardiff con un Plan de Acción para el Empleo, en el que parece darse por supuesto que la estabilidad derivada de nuestra pertenencia a la UEM consolida una expansión económica sostenida, capaz de mantener indefinidamente el crecimiento del empleo.
De hecho, el crecimiento del producto está tirando ahora con fuerza de la demanda de trabajo. Las curvas del PIB y del empleo en los dos últimos decenios se acercan principalmente en las crestas de crecimiento. En los descensos del primero, el empleo se desploma con más rotundidad, como si estuviera desprovisto de otras defensas extraeconómicas. Por lo visto, destruimos empleo con más facilidad que lo creamos. ¿Recuperamos sólo desempleo coyuntural o estamos verdaderamente creando otra estructura de futuro? Doctores tiene la economía...
En todo caso, sería aconsejable que no nos dejáramos seducir por las perspectivas de crecimiento. Si contemplamos el problema sólo por el lado de la demanda, obtenemos una visión parcial. Estas reflexiones se mueven en la hipótesis de mejorar la oferta: elevar la estructura cultural de la mano de obra, mejorar las cualificaciones y competencias desde la enseñanza reglada. Acabar con los porcentajes desmesurados del fracaso escolar, entendiendo por tal no sólo el de los que abandonan los estudios prematuramente, sino también el de aquellos que, con las cualificaciones obtenidas, no logran insertarse en el mercado laboral existente. Por supuesto, hay que reparar con urgencia los daños de una catástrofe. Pero es más importante prevenirla. En la enseñanza habrá que mejorar el sistema de formación reglada para impedir que se perpetúen daños sociales mucho más graves. Entre otros, el que se sigan generando candidatos al desempleo de larga duración.
Como afirma el Plan para el Empleo del Gobierno británico, «la educación es la piedra angular de la empleabilidad y de la formación continua... Por eso nuestra política no tiene como objetivo simplemente reducir el número de los que abandonan prematuramente el sistema educativo. Se centra más bien en el nivel de cualificación educativo adquirido». No es paradójico que los países de la UE con índices de fracaso escolar más bajo (inferior al 10%) sean precisamente los más severos y partidarios de evaluar sus sistemas educativos a la hora de reducir el paro. Como dice el plan holandés, «los primeros responsables para resolver el fracaso escolar son los centros educativos». Alemania, el país de la formación dual con el sistema más sensible a la transición de la escuela al trabajo, reconoce la necesidad de dar mayor importancia a la enseñanza general secundaria y al aprendizaje de las capacidades básicas; ha puesto en marcha un plan de reforma del aprendizaje profesional.
No basta dar por supuesta la centralidad de la formación reglada, y menos en España. El fortalecimiento del diálogo social, el incremento de las políticas activas, el impulso a la cultura empresarial, la potenciación de la estabilidad en el empleo, la reducción selectiva de costes no salariales y la mejora de los servicios públicos de empleo, por muy importantes y urgentes que se les considere, tenderán a desentenderse de la comunidad educativa y terminarán apropiándose de un protagonismo que no les pertenece. Más aún, es necesario reconocer explícitamente la centralidad de la educación secundaria general y profesional dentro de todo el sistema. En ella culmina la educación general más elevada de la mayoría de nuestros jóvenes. A la vez, los estudios medios actúan como motor generador de fuerzas expansivas que alcanzan a todo el campo educacional. Su relación con el trabajo y con los derechos cívicos en libertad y democracia es más que evidente. En la secundaria se alimentan también las demandas de estudios superiores. El debate sobre los estudios secundarios es, por su propia naturaleza, interminable, porque se ve obligado a reflejar el cambio social y el de los valores vigentes en cada momento en la sociedad.
Este desafío a la comunidad educativa coincide en España con la LOGSE no totalmente implantada, con la prometida y dilatada transferencia educativa a las comunidades autónomas y con la puesta en práctica del Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional. Tres grandes transformaciones convergentes sobre los estudios secundarios. La expansión poblacional de cualificaciones del segundo ciclo de la enseñanza secundaria general y profesional ha sido espectacular. Sólo en el último decenio (1987-1997), los españoles que coronaron los estudios medios, incluidos los que llegaron a los universitarios, aumentaron 18 puntos: pasaron de un 34% a un 52%. No deberían ignorarse estos datos a la hora de valorar nuestro capital humano.
La estructura del desempleo en España es más alarmante que el número de parados. Bastan dos datos para medir su gravedad: el 70% de los registrados como demandantes de trabajo no tienen estudios superiores a la educación básica. Y el 41,5% ha superado ya los límites de desempleo de larga duración, según el criterio adoptado como referencia en el Consejo de Luxemburgo. El Gobierno se propone concentrar las actuaciones de empleo y empleabilidad sobre un millón de personas más necesitadas. Preocupan especialmente las mujeres, que llegan a un 55,5% del total de los desempleados; se
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pretende en general mejorar su capacidad de inserción profesional. También los menores de 25 años que han pasado seis meses en paro (259.000 de 1997 y los 312.000 que se verán en esa circunstancia durante 1998). El número de adultos en 1997 que ya han superado los 12 meses de desempleo se cifra en 888.000, y a ellos se sumarán otros 420.000 en el presente año. La opinión pública española tiene menos conciencia del discapacitado que busca empleo. En el plan de acción se incluyen únicamente los 40.000 registrados, pero son muchos más.
La estructura de la población ocupada demuestra por sí misma el valor de las cualificaciones y la necesidad de insistir en su mejora cualitativa. De los casi trece millones de hombres y mujeres con empleo, sólo un 6% se mantiene todavía sin cualificación académica. Un 27% trabaja con la cualificación mínima de estudios primarios. Seis millones y medio (el 50%) se acreditan con titulaciones de estudios medios y técnicos profesionales. Y algo más de dos millones (un 17%) ostentan títulos superiores. Carecemos aún de criterios objetivos para evaluar la calidad de estas cualificaciones como hacen en otros países de la UE.
El índice de fracaso escolar sigue siendo alto, un 22% frente al 8,8% de Alemania. El Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional se propone potenciar los programas de Garantía Social, previstos ya en el artículo 23.2 de la LOGSE, para los alumnos que no alcancen los objetivos de educación secundaria obligatoria. Son cuatro las modalidades: iniciación profesional, talleres profesionales concertados, programas para jóvenes con necesidades educativas especiales y la modalidad de formación-empleo, organizada fundamentalmente por los ayuntamientos. Los tres subsistemas de enseñanza reglada para adultos, de formación ocupacional y de formación continua deberían encomendarse a los centros, tanto estatales como concertados. De esto han dado ejemplo ya al menos las autoridades autonómicas de Cataluña y el País Vasco. Es absolutamente necesaria la implicación de las empresas con los centros.
Las actuaciones que ahora propone el Gobierno suponen un esfuerzo gigantesco de coordinación en el campo de formación ocupacional y responden a las 19 directrices aprobadas en Luxemburgo. Su novedad reside en ensayar un nuevo modelo de gestión basado en la coordinación de los esfuerzos de todos los implicados y la clarificación y adecuada asignación de recursos para el logro de los fines conseguidos. En ninguna de estas modalidades debería estar ausente la comunidad educativa. La inmensa mayoría de las fuerzas sociales que la componen firmaron hace ya ocho meses la Declaración Conjunta en la que superaban sus diferencias con tal de apostar por una mayor calidad de enseñanza con criterios de universalidad y de equidad. El Gobierno hace bien ahora en acudir a reparar los daños del paro. Pero ¿se puede creer que lo consiga sin tomar en serio las propuestas acordadas por los profesionales de la educación?
