Restauracion
Enhorabuena: la restauración está de moda. Al socaire de los centenarios del asesinato de Cánovas y del desastre de 1898, historiadores, politólogos y publicistas varios dirigen su atención hacia aquel régimen liberal, y sus defensores y detractores ocupan las tribunas de los periódicos. Quienes se dedican a la investigación histórica siempre han temido que sus trabajos no trascendieran más allá de los medios académicos. Sin embargo, ahora, hasta los líderes de los principales partidos hacen de estos asuntos el centro de sus discusiones públicas. José María Aznar llora la muerte violenta del inspirador de la Constitución de 1876 y confiesa que lee en su tiempo libre trabajos sobre Antonio Maura. Cuando Felipe González ataca la política audiovisual del Gobierno, recurre con soma al conde de Romanones y a sus masivas compras de votos. Aznar le replica disertando sobre Sagasta y Romero Robledo, otros políticos del periodo. Sea cual sea el tono de la polémica, todos deberíamos felicitarnos de la recuperación para nuestra memoria colectiva de la etapa constitucional más larga de la historia contemporánea de España.Más allá de las conmemoraciones, existen motivos evidentes para este regreso. Uno, sin duda, se halla en la búsqueda por parte de los hombres del Partido Popular de antecedentes que lo desvinculen de la derecha autoritaria franquista y lo conecten con el pasado liberal. De ahí la errática trayectoria de Aznar y sus asesores, que han llegado a identificarse en ciertos momentos, sorprendentemente, con la figura de Manuel Azaña. Hoy, por fin, parecen haber encontrado el norte y orientan su brújula hacia la monarquía constitucional de antaño. La respuesta de algunos intelectuales y políticos de izquierda no se ha hecho esperar: resulta lógico que los populares se asocien con el recuerdo de un sistema que, alegan, se distinguía por su autoritarismo, intolerancia, corrupción y falseamiento de la soberanía popular, es decir, con la derecha (en singular) que, se supone, ha regido los destinos del país, con breves excepciones, durante los últimos 200 años. Ambas aproximaciones pueden conducir a una cierta mixtificación, bien a través de la pintura con tintes hagiográficos del régimen y sus protagonistas, bien a través de su demonización caricaturesca.
El liberalismo del siglo XIX, y en particular la Restauración, ha recibido en el XX ataques procedentes tanto de los círculos más reaccionarios como de la cultura política de izquierdas. No deja de ser curioso que sus argumentos beban de la misma fuente: la tradición regeneracionista, nacida al calor de la crisis finisecular. La pareja que unió Joaquín Costa en su célebre memoria, Oligarquía y caciquismo, ha recorrido la mayor parte de la literatura beligerante contra el pasado liberal español. Dando una nueva vuelta de tuerca, Franco y sus acólitos rechazaron de forma taxativa la herencia constitucional: el liberalismo era pecado y además antiespañol por sus connivencias con la masonería, por ser una filosofía importada y un detonante de la disgregación patria. Basta recordar el inicio de la película Raza, escrita por el dictador. En plena crisis del 98, el Parlamento aparecía como una jaula de grillos, llena de políticos sin alma que, enfrascados en sus querellas partidistas, vendían la patria al mejor postor. Por ello resulta una broma de mal gusto asociar la herencia liberal con el franquismo. Ni Cánovas fue un dictador ni su régimen una dictadura.
Exigir a los gobernantes de aquella época realizaciones y desarrollos que pertenecen a otras posteriores resulta, además de injusto, un recurso que raya en la estulticia. El sistema político que enmarcó la Constitución canovista fue fruto de un compromiso entre las diversas tendencias liberales del ochocientos tras décadas de luchas civiles. Si por un lado consagraba el principio antidemocrático de la cosoberanía entre la Corona y las Cortes, bandera de los moderados, por otro recogía la serie de derechos ciudadanos que habían reivindicado los progresistas. Durante las dos primeras décadas del nuevo régimen, la legislación española incorporó paulatinamente una parte sustancial de las conquistas del sexenio llamado democrático, como el juicio por jurado, la libertad de asociación y el sufragio universal. En años posteriores, el legado se completó cuando, de la mano de José Canalejas, se implantó el servicio militar obligatorio y se abolió el odioso impuesto de consumos. Junto con éstas y otras reformas políticas, se asentaron los cimientos de lo que con posterioridad se dio en llamar Estado del bienestar: el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión y el Ministerio de Trabajo, organismos de los que emanaron importantes leyes de protección social.
Los rasgos más criticados del modelo restauracionista se resumen en el concepto de caciquismo, un término que abarca tanto las relaciones políticas entre los españoles como la intervención del Gobierno en el proceso electoral. Pero el caciquismo, como han podido demostrar las investigaciones más recientes, no abarcaba tan sólo mecanismos coactivos y violentos, sino que, sobre todo, funcionaba como un sistema de negociación permanente en el que se intercambiaban favores y se, respondía a las demandas de los sectores de la sociedad española más interesados por la cosa pública. Como en tantos otros países con un régimen liberal, e incluso democrático, los partidos de clientelas, extendidos por el país como una red flexible de vínculos informales, articulaban la participación política. Se ha señalado a menudo la semejanza con otros casos del entorno mediterráneo, pero también podría aducirse el ejemplo de las ciudades norteamericanas en la misma época, cuando los bosses hacían de las suyas. Los caciques, intermediarios entre las comunidades y los individuos por una parte y el Estado por otra, no sólo nutrían sus filas con rudos terratenientes, sino que también contaban con profesionales y burócratas de distinto pelaje. La característica más original del sistema español, la injerencia del Ejecutivo en las elecciones, hacía posible el turno pacífico entre los dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, que daba estabilidad al régimen. La corrupción existía, y, claro está, las prácticas caciquiles acarreaban un nivel considerable de ineficiencia en la Administración, pero no todo se cifraba en la venta de votos, un fenómeno tardío y nunca decisivo. Por ejemplo, el muy citado Romanones basaba su influencia en el sostenimiento de una amplia clientela de seguidores, no en el empleo de su dinero a pie de urna.
Además, el régimen de la Restauración evolucionó a lo largo de las cinco décadas que duró. Si al principio se integraron en él sectores que procedían de un amplio abanico de opciones políti
cas, en el cambio de siglo surgieron serias alternativas reformistas. Desde el lado conservador, primero Silvela y luego Maura representaron un intento de dar autenticidad al sistema caciquil por medio de la descentralización administrativa y la llamada a la participación de las masas católicas. Desde el liberal, Canalejas y otros personajes de su partido encarnaron un programa de refuerzo del poder civil que insistía en poner límites al influjo de la Iglesia y en ampliar el del Estado tanto en el campo educativo como en el de las relaciones laborales. Se trataba, en definitiva, de facilitar la transformación a largo plazo de la monarquía constitucional en una de mocracia. Tanto los republicanos como los socialistas disfrutaron, no es ocioso recordarlo, de escaños en un Parlamento activo y en absoluto inoperante. Desde los años de la Primera Guerra Mundial, que, a pesar de la neutralidad afectó profundamente a España, la fractura de los partidos dinásticos, la fuerte irrupción de un movimiento obrero revolucionario y el nuevo intervencionismo del Ejército en la escena pública hicieron muy difícil la transición. El golpe de Primo de Rivera impidió saber si la democratización habría llegado a puerto.
Así pues, la Restauración representa un ámbito plural y complejo que debe figurar por derecho propio entre los antecedentes de nuestra democracia parlamentaria. Hasta la llegada de ésta, tal y como apuntaba Francisco Ayala en 1965, constituyó "el único periodo de la historia de España en que este pueblo ha vivido -no sin injusticias ni trastornos, claro está- en una atmósfera de efectiva libertad política, con discusión pública, respeto al adversario político e imperio del orden jurídico". Por eso resulta absurdo ceder su recuperación exclusivamente a la derecha. En el liberalismo, monárquico o republicano, que actuó bajo el techo constitucional de la Restauración se encuentran los orígenes de muchas ideas que hoy se identifican con la izquierda. El Partido Socialista, que renunció hace tiempo a la doctrina marxista y ha asumido buena parte de las premisas liberales durante sus años de gobierno, quizás debería recuperar con todas sus consecuencias un pasado en el que, posiblemente para su sorpresa, encontraría algunas de sus señas de identidad actuales. Por otra parte, no estaría de más que quienes reclaman la herencia de Cánovas también la practiquen, ya que al jefe liberal-conservador jamás se le habría ocurrido, verbigracia, demandar a Sagasta ante la justicia para esclarecer la financiación de su partido, puesto que los asuntos políticos se dilucidaban en las Cortes y no en los tribunales.
