El euro y el paro
Recientemente, [el economista] Jordi Sevilla se preguntaba en estás mismas páginas si empecinarse en una opción política como el euro no nos está costando demasiado caro a los europeos en forma de menor crecimiento y mayor desempleo. Su conclusión era que ni el Tratado de Maastricht es responsable de la crisis de 1992 y 1993, ni se puede culpar a la política de convergencia de que haya impedido la generación de empleo posteriormente.En lo que se refiere a la Unión Económica y Monetaria (UEM), el consenso existente entre la derecha y una buena parte de la izquierda europeas ha hecho que no proliferen precisamente los artículos que imputen a dicho proyecto el menor crecimiento de. la producción y el mayor nivel de paro europeos respecto a los da tos correspondientes a EE UU. Pero muy pocos se han atrevido a sostener que Maastricht y las políticas de convergencia son positivos para el empleo.
Los datos que muestran el efecto negativo sobre el empleo de Maastricht y la política de convergencia deberían haber sido evidentes, incluso para el propio Jordi Sevilla. Como bien sostiene en su artículo, la destrucción de empleo durante la recesión (5,5 millones de puestos de trabajo en el periodo 1991 a 1994) ha sido superior a los que ha creado la recuperación (1,7 millones desde 1995 a finales de 1997). Pero vayamos por partes.
Desde los primeros años de la década de los setenta se ha producido un cambio de tendencia en la evolución de las economías capitalistas caracterizado por menores ritmos de crecimiento de la producción y de la acumulación de capital, con el consiguiente aumento del paro. La Unión Europea (UE), que creció a una media del 4,17% anual durante el periodo 1960 a 1973, desde, 1974 lo ha hecho sólo a un ritmo del 2,1%. El crecimiento de EE UU durante esos mismos periodos ha sido del 3,9% y 2,1% respectivamente, y el de Japón 9,6% y 3,6%. Es lo que conocemos como crisis económica.
A lo largo de dicha crisis económica se han producido tres recesiones generalizadas (1975, 1981-1982 y 1992-1993) con sus consiguientes fases intermedias de recuperación coyuntural. Este movimiento cíclico es el resultado de la evolución del capitalismo en su conjunto, de modo que ni la recesión de 1992-1993 ni ninguna de las dos anteriores pueden ser imputadas por sí sólo ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos ni a cualquier otro país. Si es esto lo que se quiere decir, de acuerdo. Pero no estaríamos de acuerdo en que el Tratado de Maastricht no haya tenido ninguna influencia en la última recesión.
La crisis económica comenzó siendo lo que los economistas denominan como crisis de oferta, pero como consecuencia de la política económica neoliberal se ha ido añadiendo un componente de debilidad de la demanda, que pesa como una losa sobre el ritmo de actividad económica. El reducido crecimiento de los salarios y el paro han debilitado el consumo, que se resiste a una recuperación en todos los países. La inversión no puede ser un motor de la demanda por la debilidad del consumo, por los altos tipos de interés reales y porque las expectativas no son optimistas. Los déficit públicos y los altos endeudamientos de los Estados impiden una política fiscal expansiva.
Y el modelo de crecimiento basado en las exportaciones para compensar la debilidad de la demanda interna puede considerarse fracasado, incluso para las economías que registran unos resultados más favorables. Las exportaciones tampoco son un motor de la demanda porque, como todos los países quieren aumentarlas, el, resultado final es que en la mayoría de ellos también aumentan las importaciones.
En este contexto, no es exagerado decir que el proyecto de integración europea diseñado en Maastricht se ha constituido en la punta de lanza del neoliberalismo. De alguna forma, si el Tratado de Maastricht no hubiera existido habría que haberlo inventado, dados los dividendos que le ha rendido a la burguesía europea. La apuesta por poner en pie la moneda única en 1998 sobre la base de las condiciones de convergencia diseñadas en Maastricht obliga a todos los gobiernos europeos a poner en práctica una política económica recesiva. La política monetaria debe ser restrictiva para reducir la inflación y mantener los tipos de cambio. Los salarios deben moderar aún más su crecimiento para contribuir a la lucha contra la inflación y para que los beneficios no se vean afectados. Los déficit públicos deben disminuir, lo que obliga a una reducción muy acusada del gasto público, que afecta sobremanera a los gastos sociales. Los altos endeudamientos de los Estados, la lucha contra la inflación y la necesidad de atraer capitales del exterior no permiten una bajada sensible de los tipos de interés reales a largo plazo, lo que dificulta considerablemente la recuperación de la inversión.
Las consecuencias de la política de convergencia sobre los niveles de actividad económica y paro han sido claras. En 1996, tres años después de la recesión de 1993, la economía europea ha crecido sólo el 1,6%, un porcentaje sígnificativamente más reducido, que el de los dos años anteriores (2,9% en 1994 y 2,5% en 1995) y que indica bien a las claras que la última recuperación cíclica ha carecido de intensidad y se ha agotado rápidamente. Como consecuencia, el paro, que no se ha reducido significativamente durante la recuperación 1994-1995, está volviendo a crecer de nuevo y alcanza ya cotas similares a las que tuvo en los peores momentos de la pasada recesión (18 millones de personas, el 11% de la población activa).
La mayoría de los gobiernos y de los bancos centrales europeos se han precipitado a declarar que el debilitamiento del ritmo de actividad económica y el aumento del paro son sólo coyunturales, pero casi ninguno de ellos prevé grandes recuperaciones para 1997. La propia Comisión Europea, por su parte, estima que, en 1997, el producto interior bruto (PIB) conjunto de la Comunidad crecerá sólo el 2,3%, dando muestras de que su optimismo no es exagerado.
La política de convergencia, unida a la permanente presión por la desregulación del mercado de trabajo, ha provocado el descontento en múltiples segmentos sociales, como lo han puesto de manifiesto los conflictos que se han producido en varios países europeos durante los últimos años. Es decir, la UEM no sólo ha deprimido la economía y ha aumentado el paro sino que también ha supuesto una agresión a los derechos laborales y un recorte del Estado de bienestar.
La situación de Alemania, por su papel hegemónico en la economía europea y el proyecto de Maastricht, es un ejemplo muy significativo de adónde conduce el intento de poner en pie la moneda única. Tras una caída del 1,1% del PIB en 1993 y una moderada recuperación en 1994 (2,9%), en los dos años siguientes la evolución ha sido muy decepcionante (1,9 y 1,1%, respectivamente), teniendo unas perspectivas inciertas para el futuro inmediato, pero en modo alguno optimistas. La tasa de paro ha pasado del 6,7% en 1991 hasta casi el 12% en 1997. El hecho de que el mayor aumento del paro se haya situado en 1996 y en los meses transcurridos de 1997 ha encendido la señal de alarma. Los hachazos de la política presupuestaria no garantizan el cumplimiento del déficit público de Maastricht (la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] prevé un déficit en 1997 del 3,4% del PIB). El buque insignia de Maastricht navega por aguas poco profundas y corre peligro de embarrancarse. Kohl está siendo cuestionado en las encuestas electorales y hasta en el Parlamento alemán.
En el caso de Francia, la reducción del ritmo de actividad económica, el aumento del paro y las continuas agresiones al Estado de bienestar. en aras de la moneda única han provocado un gran descontento social que se expresó en una oleada de huelgas y manifestaciones hace meses y que se ha terminado traduciendo en una victoria electoral de la izquierda. Detrás de la victoria del laborismo en el Re¡no Unido también está el rechazo a las agresiones sociales que son necesarias para poner en pie el euro.
La política económica neoliberal, en general, y el proyecto de construir la UEM, en particular, no tienen el objetivo de reducir los altos volúmenes de paro existentes actualmente. Para ello se necesitaría una política económica diferente basada en el impulso de la demanda efectiva, una mayor participación del Estado en la economía, una política industrial activa que genere tejido productivo allí donde no está dispuesto a hacerlo el capital privado, etcétera. Unido a lo anterior es ineludible una importante reducción de la jornada laboral porque, dados los avances tecnológicos y los aumentos de productividad que se han producido durante las últimas décadas, será imposible dar un empleo a todos los trabajadores y trabajadoras si la jornada laboral continúa en sus elevados niveles actuales.
El modelo de construcción europea diseñada en Maastricht no sólo tiene el problema de que deprime la economía, aumenta el paro y exige agresiones al modelo social europeo vigente hasta ahora, sino que también implica un importante déficit político y democrático. De hecho, Ia principal autoridad de la UEM será el Banco Central Europeo, que no está sometido a ningún tipo de control democrático.
El Parlamento Europeo seguirá sin tener el protagonismo político que le debería corresponder en cualquier sistema democrático. Y a los ciudadanos y los trabajadores se les sigue sin consultar y se les niega la participación sobre, temas transcendentales para su futuro.
