Los colectivos judiciales, a favor del traslado de Márquez
La doble decisión del Gobierno -la destitución de Juan Ortiz Úrculo como fiscal del Estado, al tiempo que se aceptaba su propuesta de traslado de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado- fue recibida con sorpresa por las asociaciones de fiscales y jueces y por miembros del Consejo Fiscal. El traslado de Márquez de Prado suscitó mayoritarias reacciones favorables o que lo estimaron positivo para solucionar la crisis de la Audiencia Nacional. En cuanto a la destitución de Úrculo, la sorpresa dejó paso a una cierta cautela hacia su futuro sustituto, Jesús Cardenal, actual fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.Miguel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y conservadora, calificó de "positivo que el Gobierno haya aceptado la propuesta fundada del Ministerio Fiscal". Añadió que causa "extrañeza que se haya llegado a esta situación de tensión por este asunto", si bien evaluó que, con la decisión de traslado de Márquez de Prado, "se abre una puerta a cerrar la crisis de la Audiencia Nacional" si se complementa con "buena voluntad" y "una actitud positiva".
Carlos Castresana, portavoz de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), señaló que la decisión de traslado de la fiscal "ha dado la razón a la Inspección Fiscal" [que propuso tal medida tras examinar la actuación de Márquez de Prado]. Recordó que las dos asociaciones de fiscales apoyaron esa sanción.
"Acuerdo incoherente"
En el mundo judicial, las reacciones fueron más matizadas. El presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, vinculó la decisión de traslado con la destitución de Úrculo y estimó que "aparece como un acuerdo de carácter político, ajurídico e incoherente". Explicó su opinión en que el Gobierno "acepta la propuesta de sanción para la fiscal realizada por el fiscal general y, a la vez, se le destituye".
Preguntado sobre el traslado de Márquez de Prado, Rodríguez Arribas manifestó: "No hemos querido interferirnos en una cuestión interna del Ministerio Fiscal".
Desde la asociación Jueces para la Democracia, progresista y minoritaria, Javier González estimó que ambas decisiones contribuyen a solucionar "la lamentable situación creada por la falta de autoridad en el seno de la más alta esfera de la fiscalía". Por su parte, María Tardón, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, declaró que el traslado de la fiscal "es una cuestión estrictamente jurídica, estrictamente legal".
Pedro Crespo, miembro del Consejo Fiscal por la UPF, estimó positivo el traslado propuesto por unanimidad de dicho órgano representativo del Ministerio Fiscal y manifestó su expectación ante el anuncio de Ignacio Gordillo de seguir el camino de su compañera de la Audiencia Nacional. Crespo recordó que la propuesta del Consejo Fiscal afectaba también a Gordillo, si bien el fiscal general sólo asumió el traslado de Márquez de Prado.
Crespo indicó que no es coherente que la ministra de Justicia dijera el miércoles en el Congreso de los Diputados que el Consejo Fiscal se reunirá el miércoles próximo para informar sobre la designación de fiscal jefe de la Audiencia Nacional [el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos repitió lo mismo el jueves], "cuando ni estábamos citados ni es posible que se reúna sin fiscal general".
Competente, pero retrógrado
Tanto Crespo (UPF) como Colmenero (AF) consideran a Cardenal un profesional competente. También el portavoz de la APM en el País Vasco, Fernando Ruiz Piñero, le calificó de "una persona excepcional, tanto profesional como humanamente". En cambio, el coordinador de Jueces para la Democracia en el País Vasco, Luis Garrido Bengoetxea, estimó no acertada la candidatura de Cardenal. Invocó algunas de las "observaciones retrógradas" realizadas en la Memoria de la fiscalía sobre el carácter vicioso y contrario a la ley natural del aborto, el divorcio y la homosexualidad.
