El anuncio del PP de "unir" los centros de investigación queda en "coordinar"

El Gobierno del PP, con las prisas de los primeros días, dispuso que los organismos públicos de investigación se integraran en seis meses en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una medida que afectaba a miles de investigadores y personal vinculado. El 8 de noviembre, al término del plazo, no se había cumplido tal propuesta ni había sido derogada. Ahora, un proyecto de real decreto deja en simple "coordinación funcional de organismos públicos de investigación" la anunciada refundición

, Un nuevo comité, en el seno del CSIC, complementará "las funciones que corresponden a la Comisión Interministerial [de Ciencia y Tecnología]". Esta comisión está integrada por todos los ministerios que tienen áreas de investigación en institutos, que quedarían paralelamente coordinados en el nuevo comité. Desde el primer momento, varias voces alertaron de la dificultad de integrar organismos públicos con diferentes reglamentos, presupuestos y categorías administrativas. En mayo de este año ni el refundido Ministerio de Educación y Cultura ni los responsables, salientes de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y del CSIC supieron explicar qué significaba la breve disposición publicada en el BOE.

Un mes después, el nuevo secretario de Estado, Fernando Tejerina, daba marcha atrás a la anunciada integración. Reconocía la dificultad que ello entrañaba dada la heterogeneidad de categorías, condiciones de acceso y régimen jurídico de los distintos organismos. César Nombela, presidente del CSIC, declaraba tras ser nombrado, que el decreto de mayo respondía "al deseo de racionalizar ciertos recursos de investigación", y prometía el máximo diálogo. También Tejerina aseguró que se contaría con la comunidad científica.

Instrumentos efectivos

El proyecto de decreto ley actual, atascado en las instancias previas al Consejo de Ministros, recuerda "la previsión del Gobierno de refundir en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas los organismos públicos dedicados a investigación y experimentación", y puntualiza a continuación: "Dicho objetivo debe ser interpretado en el sentido del establecimiento de instrumentos efectivos que aseguren la coordinación funcional de los Organismos Públicos de Investigación" para evitar duplicaciones en las actividades y garantizar un óptimo aprovechamiento de los recursos. La llamada Ley de la Ciencia de 1986 ya estableció una Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología integrada por los departamentos en los que se desarrolla investigación para coordinar las actividades de sus institutos. Institutos, que con el nuevo Decreto Ley se reunirían para coordinarse también en el comité de coordinación funcional.

Los institutos integrados en dicho comité, que no se especificaban en la disposición de mayo, son el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (del Ministerio de Industria), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (de Defensa), el Instituto Tecnológico Geominero (de medioambiente), el Instituto Español de Oceanografía (de Educación y Cultura), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (de Agricultura), el Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (de Fomento y medio Ambiente).y el Instituto de Salud Carlos III (de Sanidad). Los directores generales de esos organismos formarán la comisión bajo mandato del presidente del CSIC (Ministerio de Educación y Cultura).

Con esta fórmula, se evitan los conflictos entre Departamentos poco dispuestos a ceder sus institutos y centros al ámbito de Educación y Cultura. Además, en la memoria justificativa del borrador del Real Decreto se recuerda que los organismos públicos susceptibles de coordinación "desarrollan una actividad que excede a la puramente investigadora", exceptuando el CSIC.