Prodi cede a las presiones de la izquierda comunista para salvar el Gobierno italiano
El Partido de la Refundación Comunista (PRC) y el Olivo, la coalición de centro izquierda vencedora en las elecciones italianas del pasado 21 de abril, recuperaron ayer la armonía y la disciplina de voto necesarias para que el Parlamento apruebe la política económica del Gobierno de Romano Prodi. El primer ministro fue sensible a las demandas que los comunistas le habían hecho la víspera con la amenaza de hacer caer el Gabinete.
El primer ministro hizo ayer tres concesiones básicas que aunque por sí mismas no desvirtúan totalmente el programa económico trienal que se debate como base de los presupuestos de 1997, sí dan una indicación clara de la importante capacidad del PRC para condicionar la política de un Gabinete que depende totalmente de los votos de ese partido.Especialmente significativa es la promesa de que los convenios colectivos se seguirán negociando con una subida salarial del 3%, aunque el objetivo de inflación del Gobierno para el próximo año sea el 2,5%. Pero más importante aún es el compromiso de que los salarios serán corregidos adicionalmente en 1997 en función del coste de la vida, si el incremento de éste supera el techo del 3%.
Refundación Comunista viene exigiendo que se vuelva a poner en vigor el sistema de revisión automática de los salarios abandonado hace tres años. Ni siquiera los sindicatos le secundan en esta demanda que, sin embargo, desde ayer parece haber quedado satisfecha al menos por lo que se refiere al año próximo.
Las otras concesiones son el compromiso de dedicar el 1% de Producto Interior Bruto (PIB) a la promoción del empleo, que satisface la demanda que el PRC cifraba en aproximadamente 1,5 billones de liras, y el de suplir el gasto adicional que implica este acuerdo con mayor control de la evasión.
La negociación del acuerdo ha dejado algunas cicatrices en el tejido de la mayoría, y sobre todo en su componente centrista ex democristiano, el más afín al primer ministro. Gerardo Bianco, del Partido Popular Italiano, pidió ayer al PRC que no siga propiciando estas situaciones.
Otras polémicas en el seno de las fuerzas que apoyan al Gobierno surgirán, quizás, de la iniciativa presentada ayer por el ex fiscal Antonio Di Pietro, ministro sin partido, de crear un organismo que vigile los casos de corrupción en la Administración pública con capacidad para destituir a los funcionarios y sin más supervisión que la del Parlamento. Como ministro de, Obras Públicas, Di Pietro no tiene una competencia específica sobre estos asuntos.
También en la oposición hay enfrentamientos. Marco Pannella ha pedido el embargo judicial de los bienes del ex primer ministro Silvio Berlusconi como garantía del cumplimiento de un original acuerdo electoral cerrado en vísperas de las pasadas elecciones. En virtud del pacto, Pannella apoyó a los candidatos de Forza Italia a cambio del pago de unos 200 millones de pesetas a su grupo en cada año de la legislatura, que, al parecer, no se está haciendo efectivo.
