Silenciar la justicia
EL PAQUETE bomba que ayer seccionó tres dedos de una mano al magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Jiménez Alfaro iba dirigido contra la justicia, es decir, contra el método ideado por los hombres para evitar una espiral interminable de venganzas privadas. No es la primera vez que el terrorismo ataca a la justicia. ETA ya asesinó hace siete años a la fiscal Carmen Tagle y mutiló poco después al que fuera presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage. Los terroristas odian a la justicia en la medida en que aborrecen los procedimientos civilizados de resolver los conflictos. Por eso asesinaron también a Francisco Tomás y Valiente, antiguo presidente del Tribunal Constitucional. Pero los autores también podrían haber actuado por cuenta de algunas de las otras mafias cuyos, delitos investiga la Audiencia Nacional.Es evidente que los responsables de los atentados son quienes los cometen. Del de ayer lo son en exclusiva quienes enviaron la bomba, pero ello no impide que los ciudadanos -incluyendo al presidente del Gobierno- se pregunten con inquietud cómo es posible que ese paquete explosivo haya podido burlar las medidas de seguridad de un lugar que se suponía especialmente vigilado, cómo ha podido sortear sin ser detectado, dos controles electrónicos. Sucesos como el de ayer exigen una investigación y unas medidas que corrijan la excesiva confianza o la posible negligencia. Frente a la violencia asesina sólo se puede responder con la razón y con la ley, pero también con profesionalidad. Fallos como el de ayer no tienen fácil explicación. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo fue posible que lo impensable ocurriera, y los responsables del Interior tienen el deber de decírselo.
