La formación de los médicos de cabecera
Los poderes públicos deben velar por una adecuada atención sanitaria a los ciudadanos, procurando y exigiendo la necesaria y suficiente cualificación de los médicos que han de prestarla. En este sentido, una directiva comunitaria de 1986 obliga a los países de la Union Europea a exigir una formación mínima de dos años tras finalizar los estudios de licenciatura para poder ejercer la medicina general en los sistemas sanitarios públicos a partir del 1 de enero de 1995. Esta necesaria directiva pretende garantizar la adecuada cualificación y competencia profesional de los médicos que habrán de ejercer en el primer nivel asistencial, del mismo modo que se hace en el ámbito hospitalario.En una revisión actual de las recomendaciones de la propia directiva, múltiples expertos y organizaciones médicas coinciden en que la licenciatura no es suficiente para el correcto ejercicio de la medicina (general y hospitalaria) y en recomendar que la formación de posgrado se amplíe a tres años. Este periodo formativo ya existe en muchos países europeos, entre ellos España, donde desde 1978 la formación para el ejercicio de la medicina general se denomina especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria, que desarrolla plenamente los requerimientos de la directiva y concuerda con las actuales recomendaciones que muy probablemente se incorporen en su revisión de 1997.
La formación en Medicina de Familia y Comunitaria, ha supuesto una incuestionable mejora en la competencia profesional de los médicos que ejercen en el primer nivel asistencial. El médico de familia ha ido consolidando todo un cuerpo de conocimientos y un modelo de práctica médica de alta calidad, al que se han incorporado durante estos años muchos médicos generales que trabajan hoy codo con codo y de igual a igual en el primer nivel asistencial.
La preocupación de los estudiantes de medicina por cuál va a ser su futuro a partir de 1995 es comprensible, cómo legítima es su demanda de acceso a esa formación de posgrado, imprescindible para el ejercicio en el sistema sanitario público. El Gobierno no puede seguir siendo insensible a estas demandas, pero tampoco ha de olvidar nunca que su responsabilidad fundamental, por encima de cualquier otro interés, ha de ser la de velar por la calidad de la atención prestada a los ciudadanos, para lo cual es esencial contar con la adecuada formación de sus médicos.
Se han de encontrar soluciones para las necesidades formativas de los presentes y futuros licenciados en medicina mediante el sistema, MIR de formación de especialistas, de probada calidad y, dentro de él, para los que deseen ejercer la medicina general con la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria, especialidad con 16 años de vigencia que ya ha demostrado su capacidad para formar adecuadamente a nuestros médicos de cabecera. Sería una grave irresponsabilidad que el Gobierno español, acuciado por las presiones, contemplara nuevas vías de formación, que no sólo echen por tierra los esfuerzos y logros de los más de 10.000 médicos de familia existentes, sino que degraden o disminuyan la calidad formativa y, por tanto, la cualificación profesional de los futuros médicos de cabecera.
Debemos hacer una llamada a la sensatez en un tema de tanta trascendencia social, puesto que de la calidad formativa de los médicos de cabecera depende la atención a más del 90% de los problemas de salud que presente el ciudadano a lo largo de su vida. Éste y no otro ha de ser el objetivo común de todos los implicados en el problema.
es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
