Querido Guillermo
FELIPE GONZÁLEZ es el presidente del Gobierno, y no un particular que puede poner tranquilamente su firma en un escrito en el que se cuestiona nada veladamente una actuación judicial. La idea de la carta de solidaridad de los parlamentarios socialistas con Guillermo Galeote, inculpado en el caso Filesa, es en sí misma disparatada. Pero que, entre los firmantes figure casi todo el Gobierno, encabezado por su presidente, revela algo más grave: un serio despiste respecto a los usos propios del Estado de derecho y a los equilibrios en que éste se fundamenta.Lo que más llama la atención es que ni González ni ninguna persona sensata de su entorno hayan reparado en la inconveniencia de la iniciativa. Como si fuera un detalle sin importancia que el presidente del Gobierno descalifique el proceso en que Galeote está inculpado tachándolo de "juicio político". El argumento del escrito -encabezado con la invocación: "Querido Guillermo"- es que todo lo que le está ocurriendo al ex secretario de finanzas de la ejecutiva socialista, incluyendo el verse "sometido a juicio político", es consecuencia de su vinculación y entrega al PSOE", tanto en los buenos como en los malos tiempos, etcétera. El tono insustancial del razonamiento permite admitir que tal vez los redactores del escrito no quisieron ir tan lejos: que su intención no era presionar o interferir en las decisiones de los jueces. Pero alguien debió advertirles que era una perfecta metedura de pata. Y agravada considerablemente por la firma del presidente del Gobierno al pie del texto.
El escrito resulta además sintomático de la confusión con que la dirección socialista está abordando este problema desde el comienzo. Ya a fines de 1992, su presidente, Ramón Rubial, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (encargado precisamente de velar por la independencia de los jueces frente a injerencias exteriores) solicitando su amparo ante lo que consideraba situación de indefensión frente a las pretensiones indagatorias del juez Barbero sobre las interioridades del PSOE. Se esbozaba. entonces una insólita teoría, cuya lógica última era la de considerar a los partidos políticos exentos, por su peculiar naturaleza, de responder ante los jueces de hipotéticas actuaciones irregulares.
En fin, la carta abierta al ex diputado Galeote es sintomática también del deterioro en otros terrenos. Los firmantes hacen llegar a Galeote su "agradecimiento y solidaridad". Sin duda, por haberse responsabilizado personalmente y en exclusiva del asunto, exculpando a sus compañeros de dirección. Pero si se admite eso, constituye una muestra insuperable de hipocresía fingir indignación ante el "juicio paralelo" de quienes "ya han juzgado y condenado" a Galeote. Son ellos quienes lo condenan al admitir que cargue con toda la responsabilidad, por mucho que le doren la píldora a propósito del "ejemplo de dignidad, solidaridad, convicciones 'profundas y coherencia" que supuestamente ha dado. Antes había mejores redactores de comunicados, incluso para negar la evidencia.
Y eso es lo que hizo Galeote en su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre financiación irregular de los partidos. Dijo haberse enterado de la existencia de Filesa poco antes de que estallara el escándalo, que es falso que esa empresa pagara facturas del PSOE y el alquiler de la sede electoral, etcétera. Y ello, pese a admitir que era responsable personal de todo lo relativo a las finanzas. No parece que sea ése el camino para favorecer la transparencia prometida. Ni de fortalecer la credibilidad a la hora de refutar acusaciones realmente falsas.
