El Estado pagará 35 millones por ocho casos de errores y mal funcionamiento de la justicia

Un trabajador de Villena (Alicante) no sólo perdió una pierna en un accidente laboral, sino también, diez años después, el proceso judicial, ya que desaparecieron los papeles del caso. Un argelino sufrió 112 días de cárcel por ser confundido con un marroquí al que la policía perseguía en Málaga. Otro ciudadano fue condenado por el hurto de una cazadora que no cometió, porque un testigo se confundió al apuntar la matrícula de un coche. Son tres de los 12 casos estudiados en los últimos tres meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha informado a favor de que se indemnice en ocho de ellos con una cantidad total de casi 35 millones de pesetas, por errores de la justicia.

Las reclamaciones que llegan al Ministerio de Justicia por quienes se consideran perjudicados por errores judiciales o anormal funcionamiento de la justicia son sintomáticas de la deficiente actuación del sistema judicial y de las posibilidades que la Constitución, en su artículo 121, brinda a los ciudadanos para obtener indemnizaciones del Estado por los daños causados. Los informes del CGPJ, en su gran mayoría favorables, muestran que cuando el perjuicio se debió a retraso anómalo, falta de diligencia debida errores que se pudieron subsanar, el criterio es, por lo general, que se indemnice.Entre los últimos casos estudiados y que dan la razón al ciudadano, figuran éstos:

Perdió la pierna y el caso. Vicente Corbi Santos perdió la pierna izquierda en un accidente laboral, del que consideró responsable al operario que manejaba la pala mecánica y al propietario de la misma. La demanda presentada en 1981 en un juzgado de Villena no llegó a la Audiencia Territorial de Valencia porque desaparecieron los documentos de la causa. En 1987 formuló una nueva demanda. En 1989 tal Audiencia consideró que existía responsabilidad patrimonial del Estado y en 1991 el Supremo eliminó la referencia a tal responsabilidad. El CGPJ estima ahora que se produjo defecto en el funcionamiento judicial y avala la indemnización de ocho millones de pesetas.

112 días de cárcel por error. El argelino Nour-Eddine Nehila llegó a Madrid en 1992 con 30 años. Cuando pretendía convalidar su título de licenciado en Lengua española, lo que encontró fue su detención. Ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), al confundirle la policía con el marroquí de 29 años Nail Nourdine, contra el que existía una orden de busca y captura. El detenido protestó reiteradamente desde la cárcel a autoridades judiciales y administrativas, y solicitó que se comprobaran sus huellas dactilares. Cuando finalmente se comprobó el error, habían pasado 112 días de prisión, por los que el reclamante pide 1.120.000 pesetas, más 500.000 por la depresión sufrida y 10 millones por los daños morales: en total, 11.620.000 pesetas, con el aval del CGPL

El ladrón era otro. José Cleries Barberá fue condenado en 1991 por un juez de Carlet (Valencia) como autor del hurto de una cazadora del interior de un vehículo. Apelada la sentencia, el condenado fue absuelto en 1993 porque no había asistido al juicio, a causa de no haber sido debidamente citado. El reclamante alega que, de haber asistido al juicio, se hubiera comprobado que estaba muy lejos de medir 1,70 metros, que no contaba entre 20 y'25 años y que su coche no es gris ni de marca Opel. Su ausencia permitió condenarle por el error de un testigo al apuntar la matrícula del vehículo. Cleries Barberá estima que la duda sobre él en una población de unos 5.000 habitantes le ha causado un daño moral por el que pide 10 millones de pesetas.

La fianza se extravió.

Eustaquia Herrero García pide al Estado que le indemnice porque pagó la fianza de 300.000 pesetas que se le exigió para garantizar la libertad provisional de un hijo suyo y cuando éste murió, el 26 de marzo de 1993, hizo varias gestiones para reclamar dicha suma y no tuvo éxito. Le informaron que la cantidad fue devuelta en 1987 por la Caja General de Depósitos al entonces secretario del juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, procesado por malversación de caudales públicos. Herrero pide a Justicia que le indemnice y el CGPJ estima que tiene razón.