El retorno de los profesionales

La Sanidad debe ser motivo de preocupación principal de cualquier Gobierno responsable o partido político que aspire a relevarle. Más, si cabe, cuando el sistema sanitario vigente no responde a lo que el ciudadano demanda y a la idea que sobre una prestación sanitaria eficaz y satisfactoria tiene quien presta el servicio, que no es otro que el profesional sanitario, y en primer lugar el médico.En la actualidad, se mantiene en España un sistema sanitario que, a través de una Ley General de Sanidad trasnochada en sus conceptos, resulta excluyente para gran parte de los recursos disponibles y sectario en la aplicación de sus principios. Además, priman las ideologías sobre los conocimientos técnicos y el encorsetamiento estatal sobre una gestión e iniciativa empresariales.

Con todo ello, se ha desembocado en una situación insostenible, con un nivel de endeudamiento desconocido, pero en cualquier caso billonario, unos profesionales maltratados y peor pagados, listas de espera interminables, recortes en las prestaciones farmacéuticas, limitación en las patologías que deberán ser atendidas (catálogo de prestaciones), etcétera.

¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Los actuales gestores, que llevan haciéndolo 12 años, argumentan que la cobertura del sistema se ha universalizado (en realidad, aumentó sólo alrededor de un 5%), a la vez que se ha visto ampliada y mejorada la infraestructura sanitaria.

Por el contrario, callan con respecto a la notable desmotivación de sus empleados, muy en especial la de los médicos. Los que deberían ser protagonistas del sistema se ven desplazados por la proliferación sin límite de los órganos de gestión y control, típica de un sistema que por su ineficacia y por no confiar ni creer en sus profesionales, multiplica los mecanismos de supervisión y vigilancia. En muchos casos, se trata de un parapeto que pretende ocultar lo que todos sabemos: que hay puestos de responsabilidad ocupados por personas de dudosa capacidad y cualificación. Así se ha llegado al paroxismo: decapitar la iniciativa profesional y situar como máximo y único responsable absoluto del sistema al gerente, personaje omnipotente sólo obligado con la Administración central. Los llamados órganos de participación resultan meramente consultivos; en la práctica son totalmente inútiles y casi nunca escuchados. Muchas veces se les considera abiertamente adversos. Si en la actualidad resulta imposible para los profesionales ejercer una acción práctica real sobre el diseño de las prestaciones y el rendimiento de las estructuras, más aún lo es el poder, aunque sólo sea conocer la utilización de los recursos. Añádese a esto una notabilísima pérdida del poder adquisitivo de los profesionales (los peor pagados de Europa), sobre los que se pretende seguir aumentando la presión, recortando los salarios y pidiendo una mejora en sus rendimientos. ¡Fantástico!

A nuestro entender, la situación creada, compleja y muy preocupante, tiene difícil solución. Ésta requiere varias premisas. La primera es la recuperación de la ilusión, la credibilidad y la estima de los profesionales. Sólo así se verán atraídos y llegarán a integrarse en un nuevo sistema sanitario, que deberán sentir como suyo y que les permitirá hacer realidad sus posibilidades técnicas y humanas, que redundarán en la propia estructura con el consiguiente beneficio para todos. Ni los pacientes son meros números ni los profesionales deben verse encorsetados por una mentalidad funcionarial que cercena las iniciativas y esteriliza la estructura sanitaria.

Lo anterior, unido al saneamiento económico de la Sanidad, la gestión adecuada de los recuros y un diseño y adaptación de las estructuras, en que deberán participar los profesionales, puede y debe significar un cambio sustancial.

Sin duda, España dispone de muchos más recursos que los que encuentran cabida en la actual Sanidad pública. Es precisa la incorporación de éstos a un sistema sanitario que, sin abdicar de la titularidad pública, y mediante los correspondientes conciertos o contrataciones de servicios, les permita participar en condiciones similares a las que el Estado facilita a sus propias estructuras. Y lo es, por cuanto supone una ampliación de las prestaciones, introduce aspectos de competitividad, amplía el mercado de trabajo, etcétera. Dicho de otra forma, sitúa a la Sanidad, dentro de un Estado con una economía de mercado, en una situación de libertad de desarrollo, definición y funcionamiento.

El ciudadano, receptor del servicio sanitario, puede y debe obtener, con el mismo esfuerzo económico, unas prestaciones superiores. Debe tener la posibilidad real de elegir su médico y mantener con él una relación humana y terapéutica que todos sabemos irremplazable. Tiene que disponer de la capacidad de elegir el sistema prestatario del servicio, siempre financiado por el Estado, y con las máximas garantías de seguridad y eficiencia. Por último, debe tener confianza en que los recursos que adelanta al Estado en concepto de impuestos son utilizados adecuadamente para garantizarle una Sanidad eficaz a unos costes justos.

Todo esto es posible y necesario. Habrá de ir precedido por la elaboración de los estudios adecuados, basados en datos y conocimientos técnicos suficientes y elaborados por equipos de profesionales que, conocedores de la Sanidad en todas sus facetas, estén dispuestos a colaborar en la elaboración de una normativa sanitaria acorde con los tiempos y las demandas de nuestra sociedad. Con este espíritu, comienza su andadura la nueva Comisión de Estudios para la Sanidad de la Autonomía de Madrid del Partido Popular. Asumimos la responsabilidad que nos es delegada, con la conciencia clara de que los ciudadanos y los profesionales de la Sanidad esperan y exigen soluciones, ¡ya!

es médico y presidente de la Comisión de Estudios para la Sanidad de la Autonomía de Madrid del Partido Popular.