El 'rigor mortis' del PP
El pasado 26 de febrero, el diputado autonómico del Partido Popular Juan Soler-Espiauba publicaba en estas mismas páginas un artículo en el que, bajo el título Un decreto funerario, criticaba el reciente decreto-ley de protección a la cinematografía, y al socaire de comentar sus efectos perversos nos daba sus recetas para la revitalización de este importantísimo sector. En absoluta coincidencia con la dirección nacional de su partido, exponía la necesidad de acabar con toda forma de fomento al sector, calificaba a los productores de "caprichosos adictos a la subvención-protección e inseguros de su competencia profesional" y concluía con que el socialismo, nacional o autonómico, no es bueno para el cine, como no lo es para Madrid.Fueron Adorno y Horkheimer quienes, ya en 1947, en un lúcido análisis, advertían de los riesgos que presentaban las "industrias culturales", haciendo hincapié en los efectos negativos a que podía conducir su concentración oligopólica. En este sentido, destacaban los efectos demoledores de una producción uniformada basada en la trivialización, en el carácter efímero y el empobrecimiento de contenidos; la transformación de las realidades más candentes en espectáculo puro y simple; la conversión del espectador en mero objeto de consumo de novedades; la preferencia, en lo que a la creación cultural se refiere, por la mediocridad agradable frente al talento, y, finalmente, denunciaban la generación de nuevos desequilibrios socioeconómicos y socioculturales entre los que tienen los instrumentos de comunicación y la masa enorme de aquellos a quienes se distribuyen los productos de la cultura industrializada, ya sea con miras a una rentabilidad económica a corto plazo (la población como mercado) o bien con fines de control social y político (la población como opinión). Resulta sintomática en este sentido, a casi medio siglo de la reflexión de los citados representantes de la escuela de Francfort, la acidez de las discusiones desarrolladas en torno a la cinematografía en la última ronda del GATT: para americanos y parte de Europa (Francia y España, fundamentalmente) se está estableciendo un nuevo reparto internacional de funciones entre los países productores de mensajes y los receptores, condenando a estos últimos a carecer de influencia real en el contexto internacional.
El informe Delors prevé que en el supuesto de que el crecimiento del sector no se base en transferencias financieras de Europa a otras partes del mundo, la creación de puestos de trabajo podría rondar los dos millones de personas para el año 2000. Junto a esa dimensión económica, me parece necesario resaltar que, desde el punto de vista cultural, el alcance del audiovisual es infinito, lo que de por sí habla de la importancia de las políticas orientadas a su defensa y promoción. No se trata, en virtud de las cuotas de pantalla, de sustituir la visión de una película danesa por Terminator, como nos dice el diputado del PP, sino simplemente ejercer la posibilidad de elección defendiendo el acervo cultural europeo, acreciéndolo y trasmitiéndolo a futuras generaciones frente a los no siempre diáfanos intereses de los oligopolios de la comunicación que tras la máscara inocente de un relato nos transmiten la necesidad de asumir modos de vivir -y en última instancia, de sentir- absolutamente ajenos a nuestro entorno cultural. Utilizando palabras que seguro comparte el diputado Soler-Espiauba: se trata de poder elegir el idioma castellano o la dieta mediterránea frente a la omnipresencia anglosajona o la cultura dietética de la hamburguesa.
En función de estos objetivos, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid está absolutamente convencido de que, sin medidas de fomento, el sector audiovisual madrileño y español desaparecerá con la misma inexorabilidad con que desaparecieron los iguanodontes en el cretácico. En este sentido, el consejero de Educación y Cultura expuso ante la Asamblea de Madrid las medidas sobre las que se está trabajando para consolidar el sector. Entre ellas, yo destacaría las orientadas a impulsar la construcción de la Ciudad de la Imagen, a la creación de un centro avanza do de formación en cinematografía y audiovisual, a la generación de nuevas líneas de financiación de la industria audiovisual -desde la creación de sociedades de garantía recíproca hasta la financiación de parte de los intereses solicitados por los agentes privados-, al fomento y promoción de las diversas modalidades de ayuda que ofrece el programa Media de la Unión Europea, a la promoción interior y exterior de las películas principalmente realizadas en Madrid, al fomento de la creación de guiones, a la ayuda a la investigación tecnológica en el sector, así como a la creación de una ventanilla única que canalice las ayudas y solicitudes de permisos de rodajes en Madrid. Finalmente, la política de la Comunidad de Madrid pasa por el fomento de la producción de cortometrajes como medio de fomentar la aparición de nuevos valores, así como la concertación con exhibidores para la programación de cine español.
Duele, pues, constatar con qué ligereza el Partido Popular califica de funeraria una normativa que aspira a la defensa de los intereses culturales españoles y europeos. Produce una sana envidia la actitud de la derecha francesa -sin duda, con una mayor tradición liberal y un sentido estratégico de su cultura, de la que por lo visto carece la derecha española- ante el sector audiovisual, habiéndose llegado a un pacto de Estado que ha permitido una estabilidad desde el año 1961, lo que le ha permitido ser el país con la industria más consolidada de Europa. Aquí la derecha se complace en la necrofilia y el rigor mortis a la que sus medidas llevarían a nuestra cinematografía. Donde el PP gobierna, su actitud ante la cultura no ha sido precisamente generosa. Y de eso los madrileños sabemos mucho.
es viceconsejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.
