Ingresa en prisión el empresario de Málaga que firmó más de 5.000 peonadas falsas

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, Lourdes García Ortiz, decretó ayer el ingreso en prisión incondicional de Miguel Ruiz, un empresario agrícola de la localidad malagueña de Moclinejo. Ruiz está acusado de firmar 5.618 peonadas falsas a 197 jornaleros a cambio de distintas cantidades de dinero: 8.000 pesetas por diez jornales, por ejemplo. En el auto se le implica en supuestos delitos de falsificación de documentos y malversación de fondos a través de un posible fraude al subsidio de empleo agrario.Ruiz, que fue detenido el pasado martes por una brigada de la policía especializada en fraudes a la Seguridad Social desplazada desde Madrid, prestó declaración por espacio de más de una hora ante la titular del juzgado malagueño. La fiscalía le trasladó el caso tras encontrar indicios de delito en la documentación enviada por la Dirección Provincial de Trabajo. Este organismo fue el que destapó las presuntas irregularidades.

El abogado de Ruiz, José Luis Alonso Carrión, eludió ayer ofrecer detalles sobre las manifestaciones de su defendido, de quien dijo que "se encuentra muy afectado". El letrado, que anuncié que solicitará a la juez que imponga una fianza para que Ruiz pueda salir en libertad condicional, se mostró extrañado por la detención de su cliente "con anterioridad a prestar declaración".

Carrión comentó que el encarcelamiento de Ruiz "puede haberse debido a la alarma social que se deriva de este tipo de actuaciones". El empresario está al descubierto en sus cotizaciones a la Seguridad Social, ya que, aunque cobraba a los jornaleros por ellas, no ingresaba las cuotas con posterioridad. Ruiz llegó a expedir recibos por el pago de estas eonadas falsas, según consta en el expediente.

Este presunto fraude al subsidio de empleo agrario fue detectado por la Dirección Provincial de Trabajo tras comprobar que el empresario, que apenas dispone de tres parcelas de unas cuatro hectáreas y media, firmó un total de 5.618 peonadas a 197 obreros agrícolas que, supuestamente, trabajaron en sus terrenos entre marzo y diciembre de 1993.

En el informe de Trabajo remitido a la fiscalía se incluye un recibo de pago de la contribución urbana correspondiente a estas áreas en el que se indica que las jornadas teóricas para llevar a cabo la explotación no excedían de 63 peonadas. Trabajo tiene constancia de que Ruíz falsificó en un documento la real¡dad de aquéllas, duplicando su extensión y asegurando que había cultivos de huerta y flores, cuando los inspectores comprobaron que se trata de monte bajo sin explotación alguna.

El Instituto Nacional de Empleo (Inem), en un posterior informe remitido a la fiscalía, ha cifrado en más de 23 millones de pesetas el dinero cobrado ¡legalmente por 99 jornaleros, de los 197 supuestamente implicados, a través del subsidio agrario. El Inem asegura que el fraude podría haber superado los 65 millones si no hubiera advertido las irregularidades antes de que los restantes trabajadores hubieran accedido a la percepción.