La Audiencia Nacional ultima 200 juicios contra directivos de empresas por facturas falsas del IVA

La Audiencia Nacional ha iniciado los preparativos para convertir las diligencias sobre facturas falsas, lo que se conoce como el caso del IVA, en 200 juicios contra directivos de otras tantas empresas. El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha concluido ya la instrucción con respecto a ese primer paquete de empresas implicadas en el presunto fraude a Hacienda por el pago del impuesto de sociedades y del IVA, pero eso no supone el final de las investigaciones, porque la lista de empresas supuestamente implicadas y en poder de Moreiras se aproxima a 1.500.

La fiscalía de la Audiencia Nacional, el juez Moreiras y el juez de lo penal Ángel Calderón, al que correspondería juzgar las causas, están de acuerdo en el desglose de las diligencias previas 253/91 en tantos procedimientos abreviados como empresas, en lugar de un único proceso con millares de acusados, que sería prácticamente inmanejable e imposible de juzgar.Se trata, en definitiva, de convertir un procedimiento con 1.500 empresas implicadas en 1.500 procedimientos. El instructor Miguel Moreiras ya ha notificado al fiscal la conclusión de la instrucción de 200 de ellos, a fin de que califique jurídicamente los hechos, es decir, que concrete los motivos de acusación.

Ésta se centraría, según fuentes de la fiscalía, en delitos de falsedad documental y fraude fiscal, sancionados con penas de prisión menor (de seis meses y un día a seis años de cárcel) cada uno de ellos. La condena por delito fiscal llevaría aparejada, además, una multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada.

Las empresas afectadas compraron, supuestamente, las facturas falsas a entidades manejadas por Miguel Escudero, Salvador Marín, Carlos de Juan Villa, José Antonio Cardós u otros. Las compañías manejadas por éstos emitieron facturas de las que presuntamente cobraban un porcentaje.

Reforma penal

En muchos casos, dichas personas recibieron talones para liquidar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) -como si se tratara de operaciones auténticas- que en gran parte no ingresaron en Hacienda porque, según uno de ellos, "había operaciones con tal número de intermediarios que los talones del IVA se descomponían en talones al portador para satisfacer todos esos compromisos".La cifra de juicios comprende tanto las empresas que regularizaron su situación con Hacienda como las que no lo han hecho. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sostenido, en un auto del pasado mes de junio, que la regularización no exonera de responsabilidad criminal. Previamente, Miguel Moreiras había sobreseído el caso para las entidades que habían regularizado su. situación fiscal o cuya cuota defraudada no alcanzaba los cinco millones de pesetas -cuantía estipulada como minima- en un solo ejercicio.

En numerosos despachos de abogados se espera que el Gobierno -a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda- promueva en breve plazo una reforma legal para eximir de responsabilidades penales a las compañías que han regularizado su situación fiscal.

Tal y como recientemente ha apuntado Manuel Lamela, abogado de la Agencia Tributaria, en el Gobierno y en el legislativo existe la conciencia de que es urgente modificar el Código Penal en ese sentido. La campaña de regularización promovida desde Hacienda ha supuesto unos ingresos a las arcas del Estado de 1,8 billones de pesetas.

De aprobarse dicha reforma legislativa, el número de juicios quedaría reducido a la mitad. Mientras tanto, la fiscalía de la Audiencia Nacional y los jueces mencionados preparan los enjuiciamientos con intención de iniciarlos en la primavera próxima.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, afirmó el pasado miércoles que, en tanto el legislador no reforme la actual ley, "el fiscal seguirá acusando, sean el número de acusados 2.000, 10.000 ó 40.000".

Algunos despachos de abogados, con los que este periódico ha comentado los preparativos iniciados por la Audiencia Nacional, han indicado que interpondrán todos los recursos a su alcance para evitar que prospere la tesis de los juicios individualizados en lugar de un macrojuicio.

Entre las compañías incluidas en las investigaciones de Moreiras se encuentran varias constructoras e inmobiliarias, como Laing, Ginés y Navarro, Osuna, Ocisa, Ferrovial, Focsa -actualmente integrada en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- o Hispamer. El Grupo Torras y Prima Inmobiliaria -gestionadas por el equipo de Javier de la Rosa en la época en que se produjeron los hechos- v Equidesa. filial de Renfe, forman parte también de dichas investigaciones.