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La Madre del alcalde y sus vecinos se enfrentan al concejal de su distrito por las obras de un disco-bar

Juan Antonio Carbajo

Los vecinos de la calle de Altamirano, en Argüelles, están en pie de guerra contra la Junta de Moncloa, que ha autorizado la transformación de un garaje de 1.100 metros cuadrados en un disco-bar. La comunidad de propietarios, en la que está la madre del alcalde, ha pedido al Ayuntamiento que no conceda la licencia de actividades al local. El presidente del distrito, Luis Molina, asegura que no tendrá más remedio que dar el permiso "si se cumplen las ordenanzas".

Un garaje de dos plantas del número 35 de la calle de Altamirano se está transformando en un inmenso disco-bar para disgusto de los vecinos. La instalación ocupa las plantas sótano y baja de gran parte de la manzana formada por las calles de Ferraz, Altamirano, Marqués de Urquijo y Rosales.En enero pasado, los vecinos de las fincas afectadas recogieron firmas para manifestar al Ayuntamiento su oposición al disco-bar. En el escrito, en el que se pide que "se desestime el proyecto", están las firmas de la madre del alcalde, José María Álvarez del Manzano, y del ex presidente del PP Antonio Hernández- Mancha, si bien este último pidió posteriormente al presidente del distrito que no tuviera en cuenta su rúbrica pues había firmado sin conocer el proyecto.

Cumplir las ordenanzas

Luis Molina, que concedió la licencia de obras en octubre de 1991, tiene que autorizar ahora el funcionamiento del local. Según comentó ayer, la oposición de la madre del alcalde no va a condicionar la decisión final. "Si un establecimiento cumple las ordenanzas, no puede negársele la licencia para que desarrolle la actividad. Además, el alcalde me ha puesto aquí para hacer cumplir las ordenanzas, y estoy seguro que eso es lo que quiere que haga".El presidente de la asociación de vecinos La Rosaleda de Argüelles, Joaquín Parra, considera que la instalación del local (que tiene licencia para ejercer como restaurante, cervecería y disco-bar) "va a contribuir a que se deteriore más la zona". "Además, el local necesita una salida de emergencia que los vecinos no van a autorizar", comentó.

El vocal socialista de la junta, Rafael González, afirmó que no es problema de "ilegalidad", sino de "sensibilidad hacia un asunto al que se oponen 200 vecinos". "No se puede aprobar un proyecto que requiere la construcción de una chimenea de 32 metros en el patio de la casa y sólo va a aportar ruido y molestias", explica.

Las comunidades de propietarios de la manzana afectada critican el proyecto porque "provocará un caos circulatorio en una zona ya agobiada por quioscos y terrazas, perjudicará la seguridad ciudadana de la zona e implicaría un deterioro ambiental".

Molina comentó que ha pedido informes a las áreas de Circulación y Protección Civil para que dictaminen el posible impacto del establecimiento antes de concender el permiso de funcionamiento.

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