EL 'ESCÁNDALO RENFE', EN EL PARLAMENTO

Renfe pagó 70 millones por estudios inmobiliarios a empresas implicadas en el fraude del IVA

Madrid - 10 ene 1992 - 00:00CET

José Luis Pinedo Crespo, asesor para temas inmobiliarios de la presidencia de Renfe durante la época de Julián García Valverde, encargó informes sobre la operación de San Sebastián de los Reyes, valorados en unos 70 millones de pesetas, a dos sociedades presuntamente implicadas en el fraude del IVA. En una de dichas sociedades, ABC Empresarios, figuran como socios José Antonio Cardós, Carlos Juan Villa y José Joaquín Acosta García. Cardós y Villa, socios a su vez de una de las empresas más beneficiadas por las compras de Renfe, Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), fueron detenidos a raíz de las investigaciones sobre la venta a distintas empresas de facturas falsas.

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Relación de comparecientes

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, revisó el discurso de García Valverde en el Congreso, en el que explicaba la operación de compra de terrenos y trasladaba su responsabilidad al Ministerio de Transportes y a la Comunidad de Madrid. Serra suprimió los nombres de políticos y altos cargos.El conocimiento de los informes encargados por José Luis Pinedo, su elevado precio -que algunas fuentes cifran en 70 millones-, y las personas implicadas provocaron un gran escándalo en la actual dirección de Renfe -que encabeza Mercé Sala-, que decidió querellarse contra José Luis Pinedo.

Querella

La querella, pese a existir pruebas fehacientes de los hechos, no se presentó. Los informes encargados por Pinedo en 1989 refuerzan la tesis de que en la operación de Renfe en San Sebastián de los Reyes existieron irregularidades desde su misma concepción y convierten en algo más que simple coincidencia la relación entre quienes diseñaron la operación en la empresa pública y los detenidos por el fraude del IVA.

Pinedo Crespo encargó informes a ABC Empresarios y a otra sociedad. ABC Empresarios, constituida en 1987 con un capital de un millón, declara, entre sus objetos sociales "la construcción, promoción, explotacióri en arrendamiento y venta de viviendas de todo tipo, locales comerciales, naves industriales, talleres, fábricas, almacenes, oficinas, urbanizaciones y fincas rústicas". Dos de los socios de ABC Empresarios, Carlos Juan Villa y José Antonio Cardós, aparecen como socios de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), arrendataria de varias de las fincas adquiridas por Renfe y que fue compensada por esta compañía con 400 millones por renunciar a sus alquileres, presuntamente ficticios.

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Además, tanto Cardós como Villa controlaban la sociedad Malagueña, de Obras y Proyectos (Maopsa), que también intermedió y se benefició de la compraventa de terrenos por parte de la filial de Renfe, Equidesa. Maopsa vendió a Renfe una parcela por valor de 101 millones en febrero de 1990. Dicha parcela había sido adquirida por la sociedad malagueña pocos días antes por 59 millones. Una segunda aparición de Maopsa se produjo en abril de 1990, cuando vendió a la sociedad Berkeley -con domicilio en las Islas Vírgenes- una finca por ocho millones de pesetas. Esta finca fue adquirida por Renfe un mes después a una tercera sociedad -Toher- por 223 millones de pesetas. Toher también aparece relacionada en el fraude del IVA.

En su discurso de diciembre ante la Comisión de Industria del Congreso, el actual ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, remarcó la inexistencia de cualquier relación entre la red del fraude del IVA descubierta en aquellos días con la operación de San Sebastián de los Reyes.

En aquel discurso, García Valverde descargó responsabilidades sobre otras administraciones públicas (Comunidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Transportes y ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas), si mencionar nombres propios.

García Valverde atendió de esta forma, sólo parcialmente, las recomendaciones efectuadas por las altas instancias de su partido. Destacados dirigentes del PSOE, según fuentes del partido, hicieron llegar al ministro de Sanidad -la idea de que "podría ser salvado, si se dejaba salvar", en un intento de evitar que el ex presidente de Renfe salpicara a otras instancias y personalidades del partido.

García Valverde, no obstante, mantuvo todas las referencias a las distintas administraciones que, según su versión, estaban al corriente de las compras. Las alusiones provocaron malestar en el seno del PSOE e incluso el desmarque de algunos de los responsables de las administraciones mencionadas.

El documento leído por García Valverde fue supervisado por especialistas en derecho y por el equipo jurídico asesor del Ministerio para las Relaciones con las Cortes. Se trataba, según distintas fuentes al tanto de la investigación y del propio PSOE, de evitar cualquier laguna o flanco débil en el caso de que García Valverde fuera atacado desde la vertiente penal.

Talones al portador fraccionados para tapar al vendedor

J. R. / S. C.Una de las irregularidades más evidentes de la operación ha sido el trasiego de talones fraccionados y al portador, una fórmula que, según el informe elaborado por la propia Renfe, no es un modo, de pago habitual en ninguna empresa pública y mucho menos en Renfe. El trasiego de talones se ha hecho evidente tras la investigación llevada a cabo por Hacienda sobre José Luis Pinedo y José Manuel Serrano Alberca, responsable de las sociedades Felow y Corporación Inmobiliaria Jarama y uno de los más beneficiados por la operación de Renfe. Tanto José Manuel Serrano como José Luis Pinedo han realizado declaraciones complementarias a Hacienda. En las declaraciones, Serrano Alberca -ex jefe de Julián García Valverde en Industria a principios de los años 80- ha declarado alrededor de 300 millones de pesetas desconocidos para las arcas públicas. La complementaria de Pinedo ha revelado unos 70 millones.

El manejo de talones ocurrió cuando un representante de Equidesa, filial de Renfe que realizó las compras, fue a pagar una de las fincas adquiridas a la sociedad Toher en la sucursal de Banesto en la calle de Serra" no 51 de Madrid. De forma sorprendente, en la sucursal aguardaban el pago José Manuel Serrano Alberca y José Luis Pinedo. Formalmente, ninguno de los dos guardaba relación con Toher. Varias docenas de cheques -entre 30 y 40-, al portador y contra una cuenta del BBV fueron cambiados por otros tantos, también al portador, de Banesto. El problema de fondo es que se desconoce con exactitud dónde han sido ingresados esos talones. Es decir, Renfe ignora a estas alturas a quién ha pagado.

Pinedo Crespo siempre ha negado estos extremos, e incluso el conocer de antiguo a Serrano Alberca. Por su parte, Serrano Alberca nunca ha contestado a las llamadas de este periódico, efectuadas tanto a sus oficinas en Alcobendas, donde es muy conocido, como a su domicilio en Madrid.

En la sucursal de Banesto, en Serrano 51, la dirección se reserva cualquier información sobre las operaciones efectuadas y las personas que las realizaron.

No obstante, el actual director, quien asegura que no trabajaba en la sucursal en la época en la que se realizaron las operaciones, afirmó que "el trueque de cheques al portador de una entidad por otros similares de otra entidad, era una práctica frecuente hace unos años y sobre la que, además, no existía la obligación de identificar a los clientes".