Artículo 103: la política económica será común

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ, De todo lo que se hablará en Maastricht, realmente pocas cosas implican que Europa funcionará en un futuro inmediato de forma auténticamente "comunitaria". Sin embargo, hay algo que sí tendrá un efecto inmediato y supondrá una verdadera unión: la política económica y monetaria, que se fijará no por unanimidad sino por mayoría y que quedará sometida a las reglas de integración. Incluso, como se aprecia en el artículo 103 del borrador de Tratado, los ministros de los Doce, por mayoría, podrán obligar a rectificar a quien se muestre díscolo.

El debate sobre la unión europea ha puesto de manifiesto lo fácil que resulta en la CE ponerse de acuerdo en los temas relativos a economía y dinero y lo complicado que es llegar incluso a un mínimo común denominador en temas políticos.

Si no fuera por la firme y reiterada negativa del canciller alemán Helmut Kohl, respaldado por Francia, a aceptar un Tratado en el que los dos aspectos (económico y político) no estén equilibrados, la cumbre de Maastriclit se convertiría en u na amable reunión en la que los IP deres europeos sólo tendrían que pulir los planes preparados por los expertos. Incluso Gran Bretaña es mucho más tratable en ese campo que en otros: nadie sueña siquiera en sugerirle que la política interior, exterior o de seguridad se decida por mayoría y no por unanimidad.

Cuando faltan 15 días para la celebración de la cumbre, parece claro que los ministros de Economía han desbrozado el camino y que pocos puntos llegaran abiertos hasta la mesa de los jefes de Gobierno. Uno de los considerados "insolubles" es el planteado por España, la famosa "cohesión" (o compromiso de los países más prósperos de ayudar económicamente a los que lo son menos). La reclamación de Felipe González tendrá un tratamiento "horizontal", es decir se discutirá tanto en la parte económica como en la política, pero de momento no parece que ninguno de sus colegas esté dispuesto a satisfacerle.

El cogollo de los acuerdos económicos y monetarios lo constituyen los artículos relativos a la fase 3, en los que se fijan los criterios (o más claro, las condiciones) que deben reunir los países que formen la verdadera unión. Esos criterios se resumen en 4 puntos: control del déficit, control de la inflación, estabilidad de los tipos de cambio y control de los intereses a largo plazo.

Aunque existe un consenso básico, estan todavía abiertas algunas cuestiones. Al margen de la llamada cláusula del "opting out", y de la sugerencia española de que se pueda retrasar esa fase hasta 1999, en lugar de 1997, como está previsto actualmente, existen otros aspectos todavía sin perfilar. Por ejemplo, las sanciones que se pueden imponer al país que no acomode su economía a esos 4 criterios al ritmo necesario.

El Gobierno "acusado" Podrá, según, los casos, ser sancionado desde con multas a éxclusión de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Peor, y más discutible, podrá ser obligado a realizar depósitos de dinero no remunerado e, incluso, ver como se supenden los compromisos contraídos por los llamados Fondos Estructurales de la CE, es decir ver cortado el principal mecanismo por el que recibe dinero comunitario.

El criterio de "inflación", fijado en un IPC que no supere en más de 1,5 puntos a la media que tengan los tres mejores países en 1996, es rechazado por varias delegaciones, entre ellas la española. No en balde se considera lo más díficil de cumplir.

El Gobierno español pide que se modifique el artículo para que sea suficiente, en todo caso, un IPC inferior al 3%. El problema es que en 1996 la' media "a la baja" puede ser de un 0,5%, con lo que los otros países estarían obligados a no superar el 2%. Un punto más daría fuelle a los malos cumplidores.

Además de los aspectos relacionados con los "criterios" paraacceder a la verdadera unión, con una sola moneda y un Banco central Europeo, existen también discrepancias en los siguientes capítulos:

-1) Capital del Banco Central Europeo y más concretamente, cómo se reparte. Hasta ahora se preveían dos factores: población y Producto Interior Bruto. Holanda ha introducido en el último minuto otro elemento, que le beneficia a ella y a los grandes y que los pequeños y medianos consideran "provocador": habría que tener en cuenta además las exportaciones que realiza cada país fuera de la CE.

Lo más probable es que prospere la primera redacción y que el capital se fije según la población y el PIB (50%-50%). Este criterio supondría que España tendría que aportar, más o menos, un 10% del capital total.

-2) Cuestiones institucionales (competencias de la Comisión, Parlamento y Consejo de ministros). En la actual CE, todo lo que se considera "comunitario" puede ser tratado por los ministros sólo si hay una iniciativa previa de la Comisión. Y para modificar esas propuestas, los ministros necesitan la unanimidad. Este sistema da un cierto poder a la Comisión y se considera como el más "europeo".

Sin embargo en este caso, plantea un problema. Los Doce consideran fundamental que el Tratado respete los principios de no coerción, no veto, no exclusión arbitraria para pasar a la tercera fase. En teoría, la Comisión tendría más poderes que nadie puesto que el Consejo no podría modificar su propuesta salvo que consiga unanimidad. Francia y Alemania proponen que se hable de "recomendación", fórmula por la que sólo haría falta mayoría cualificada para modificar el texto de la Comisión. España y los países pequeños, que temen un "directorio" de los grandes, prefieren mantener la prerrogativa "comunitaria".

Por su parte, el Parlamento Europeo reclama el derecho de veto de la decisión final, pero nadie parece dispuesto a concederle ese poder y el borrador habla sólo de "informar" y "consultar". España y otros proponen una vía intermedia: el PE no puede vetar, pero si esta disconforme, el consejo de Ministros tendría que volver a reunirse y pronunciarse en este caso por unanimidad.

-3) Instituto Monetario Europeo (que funcionará antes de la tercera fase y del Banco Central Europeo). Existe todavía en el seno de los Doce una fuerte polémica sobre cómo nombrar al presidente y al vicepresidente. España, y la Comisión, quieren que se elija "de fuera" y que los nombre el Consejo de ministros. Alemania prefiere que se elija de entre los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Una vía intermedia da la razón a Alemania, pero propone además un "managing director", del tipo del que existe en el FMI, elegido entre personalidades independientes.

Otra polémica, más importante aún, consiste en los poderes que tendrá el Instituto. Alemania, que no desea que se convierta en una especie de hermano pequeño del futuro Banco Central Europeo, propone que carezca de capital propio y que reciba sólo dinero para hacerse cargo de los gastos administrativos. España y Gran Bretaña quieren más recursos y más competencias. Por ejemplo, que cada país pueda pasarle parte de sus reservas exteriores y, ademas, que el Instituto emita Ecus frente a depósitos de moneda propia. La polémica incide en la definición del Ecu. Con el modelo actual, la unidad de cuenta queda congelada, mientras que España y Gran Bretaña quieren reforzarla (ecu duro).

-4) Mecanismos de asistencia financiera. El borrador prevé que se pueda conceder por unanimidad asistencia financiera extraordinaria, pero sólo en casos de "catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales". Alemania quiere añadir "...acontecimiento excepcional, fuera del control del gobierno". Bélgica e Italia proponen que sólo se requiera mayoría cualificada.