España, control más control, y de postre, control

Cuando Felipe González dice que "hará falta un gran esfuerzo" para unirse al pelotón de cabeza de Europa, no está hablando de cosas abstractas sino de algo concreto que afecta al futuro y a los servicios que recibe cada ciudadano.Si dentro de 3 semanas se llega a un acuerdo y España firma el nuevo Tratado, en los próximos 6 años (hasta 1997) el Gobierno (socialista o conservador) quedará comprometido a realizar una política económica que persiga estos cuatro objetivos:

1) Controlar el déficit público, es decir la diferencia entre lo que se ingresa a través de los distintos impuestos y lo que se destina cada año a gasto. En 1997 ese déficit (que incluye el de la Administración central, las Comunidades Autónomas, los municipios y la Seguridad Social) no podrá ser superior al 3% del Producto Interior Bruto. En la actualidad, es del 3,7%.

Reducir esa diferencia supone controlar estrechamente los Presupuestos, de forma que no se disparen los gastos. Es evidente que el mayor gasto se origina en los llamados capítulos sociales (sanidad, pensiones, educación), de infraestructura y de pago de intereses de la deuda pública.

Para reducir el déficit en España es imprescindible llegar a un acuerdo con las Comunidades Autónomas. Europa exige también que la deuda pública (instrumentos que utiliza el Estado para aumentar sus recursos y financiar los gastos) no sea superior en 1997 al 60% del PIB. Actualmente en España es del 44,7%.

2) Controlar la inflación, de forma que no supere en más de 1,5 puntos la media de la que consiguieron los tres mejores países de la CE en 1996. En la actualidad, la inflación española es de 5,7 puntos, y la media de los tres mejores, 2,7.

Según la política desarrollada hasta ahora en España, sólo hay tres formas de luchar contra la inflación:

a) altos tipos de interés, para que el crédito sea caro y haya menos demanda, y reducir la masa de dinero en circulación. Ambas cosas hacen que el ritmo de crecimiento económico sea menor, que se genere menos empleo y que aumente el paro.

b) reducción del gasto público y aumento de los impuestos.

c) una política de rentas que permita vincular los salarios, a la productividad y controlar su crecimiento. Es decir, algo parecido al "pacto de competitividad" propuesto por Carlos Solchaga.

3) Control de los tipos de interés a largo plazo. La CE exigirá que no sean superiores en más de 2 puntos a la media de los 3 más bajos (resulta incompatible con una de las medidas aconsejadas para luchar contra la inflación). Los bajos tipos de interés reducen, lógicamente, la llegada de capital extranjero y dificultan el control del déficit.

4) Control de los tipos de cambio. Como muy tarde el 1 de enero de 1994, (aunque muchos expertos consideran que antes) la peseta no podrá oscilar en su cotización respecto a otras monedas comunitarias en más de un 2,25%, arriba o abajo. Actualmente puede oscilar en un 6,18% en ambas direcciones. Desaparece así un instrumento utilizado normalmente para favorecer la competitividad de la economía. No se descarta que la entrada en lo que se llama "banda estrecha" coincida con un reajuste de paridades, de forma que la peseta se devalúe.

Si se consiguen estos objetivos, en 1997 se entrará en la fase 3 de la Unión, y la política monetaria y macroeconómica española pasará a depender, como las de los otros países, de organismos comunitarios.

Dada la actual integración de la economía española en la europea, la Unión no se plantea, según el Gobierno, como una opción, sino como obligación. Si España forma parte del proceso conseguirá quizás un crecimiento más pequeño que el que obtiene ahora, pero será estable y continuado.